La provincia de Santa Fe ha encendido una alerta ante la creciente crisis económica, la erosión del poder adquisitivo y el aumento sostenido del endeudamiento de los hogares. En este contexto, la diputada provincial Gisel Mahmud ha presentado un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios, con el objetivo de establecer nuevas herramientas estatales para asistir a las familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
La iniciativa legislativa surge tras diversos relevamientos que demuestran un incremento en la cantidad de personas que recurren al crédito para cubrir gastos esenciales. Según explicó Mahmud, un informe del Centro de Estudios DEMOS, a través de su sede en la ciudad de Santa Fe, reveló que “seis de cada 10 santafesinos hoy están involucrados en alguna toma de deuda”.
La legisladora señaló que una gran parte de estas obligaciones financieras no se vinculan con proyectos de crecimiento personal o familiar, sino con la imperiosa necesidad de afrontar gastos básicos. “La mayoría de esos créditos tienen que ver con las tarjetas para poder pagar el consumo del día a día, con un préstamo personal para poder sobrellevar la cotidiana”, precisó. En este sentido, sostuvo que el endeudamiento ha dejado de ser una herramienta de planificación a futuro para transformarse en un mecanismo de supervivencia frente a la insuficiencia de ingresos.
El sobreendeudamiento
Para Mahmud, la situación actual no solo representa un cambio económico, sino también social, ya que numerosas familias se ven forzadas a recurrir a préstamos para satisfacer necesidades primarias como alimentación, servicios, alquileres o gastos diarios. La diputada explicó que el concepto de sobreendeudamiento describe una situación en la que, aun cumpliendo con todas las obligaciones financieras, una persona carece de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. “Aunque pagara todas las deudas, me quedaría absolutamente sin los recursos necesarios para poder seguir viviendo con lo esencial”, detalló.
Frente a este escenario, planteó que el Estado provincial debe asumir un rol activo y brindar respuestas concretas. “Entendemos que hay una problemática social que está afectando muchísimas familias de Santa Fe y que la política y el Estado de la provincia tienen herramientas y cosas que hacer para colaborar con esa situación”, expresó.
Saneamiento
El proyecto propone la creación de mecanismos de saneamiento de deudas para que las familias puedan acceder a un espacio estatal de asesoramiento profesional. La idea central es que las personas puedan presentar su situación patrimonial y negociar de manera conjunta con todos sus acreedores.
“Que vos puedas contar cuáles son todas las deudas que tenés y que se convoque a todos los acreedores al mismo tiempo para renegociar con la colaboración de un abogado profesional y del Estado ayudando que esa familia pueda resolver su situación”, explicó Mahmud. Según detalló, el objetivo es evitar que cada persona negocie por separado con bancos, tarjetas de crédito, empresas de servicios u otros acreedores, ya que esta dinámica puede incrementar los intereses y profundizar el ciclo de deuda.
Herramientas para familias
Mahmud comparó la situación de las familias endeudadas con los mecanismos existentes para las empresas cuando estas no pueden afrontar sus compromisos financieros. “Van a un concurso, se ponen de acuerdo en cómo las van a pagar y si no lo pueden hacer, van a la quiebra. Pero cuando hablamos de una persona individual o una familia, las herramientas no son tan claras”, explicó.
Por este motivo, el Código busca establecer procedimientos de conciliación y negociación de deudas con acompañamiento profesional desde el Estado. La propuesta contempla la intervención de especialistas en defensa de consumidores y usuarios para ayudar a ordenar la situación económica de quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones. “Estamos hablando de gente que se endeuda para pagar comida”, enfatizó la diputada, y agregó que el objetivo es “pensar alternativas más creativas que nos permitan proteger a la familia santafesina y que el Estado asuma un rol activo”.
Educación financiera
Además, la iniciativa incorpora la educación financiera como una herramienta preventiva. Mahmud reconoció que el endeudamiento se explica por diversos factores, incluyendo en algunos casos una falta de planificación individual, pero remarcó que el fenómeno tiene causas más profundas. “Este problema tiene muchas causas y muchas de ellas tienen que ver con el andarivel de la economía argentina, con las decisiones que se toman en los gobiernos, con las políticas salariales, con un montón de causas”, indicó. En esa línea, recordó que la Cámara de Diputados ya avanzó con una ley de educación financiera y destacó la necesidad de generar herramientas para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones económicas.
El proyecto también apunta a actualizar la protección de los consumidores frente a los cambios en las formas de adquirir bienes y contratar servicios. Mahmud señaló que actualmente gran parte de las operaciones se realizan mediante dispositivos digitales, pero que las empresas a menudo dificultan los procesos cuando los usuarios desean cancelar contratos o realizar reclamos. “Hoy lo hacemos casi todo a través de la pantalla del celular, casi todo a través de un click, es muy fácil contratar un servicio y sin embargo para darte de baja das vueltas en internet y en llamados de teléfono y en oficinas para ver cómo hacerlo y no lo puedes encontrar”, afirmó. Por eso, la iniciativa contempla mayores controles estatales sobre prácticas abusivas de empresas de servicios, telefonía y otros sectores, advirtiendo que estas situaciones afectan especialmente a quienes atraviesan momentos económicos difíciles.
Una deuda legislativa pendiente
Mahmud también remarcó que Santa Fe tiene una deuda pendiente en materia de legislación propia para la defensa de consumidores y usuarios. “Desde el 90 que se sancionó la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de Argentina nunca se dio su norma propia de implementación, nunca dictó la norma que diga cómo vamos a protegerlos en la provincia de Santa Fe”, sostuvo.
Según la diputada, Santa Fe es la única provincia argentina que aún no cuenta con una normativa de estas características, y el objetivo es que la Legislatura pueda avanzar en su sanción. “Queremos saldar esa deuda y que esta sea la Legislatura que la sancione y que el vecino se sienta acompañado, que es importantísimo”, afirmó.
La diputada vinculó la situación de las familias con las decisiones financieras que toman los propios Estados. “Nosotros vemos muy mal que el Estado, por ejemplo, tome endeudamientos y créditos internacionales para pagar sueldos o para los gastos corrientes y cotidianos del día a día”, expresó. En ese sentido, planteó que muchas familias atraviesan una situación similar: utilizan el crédito no como una herramienta para crecer, sino como una forma de sostener el presente. “En vez de endeudarse, como lo podía hacer antes para comprar una vivienda, en vez de que sea una escalera para el progreso, está siendo un salvavidas para la cotidiana y para el presente”, concluyó Mahmud.
El proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios iniciará ahora su recorrido legislativo con la expectativa de que pueda ser debatido en los próximos meses. Desde el bloque socialista impulsan la iniciativa como una respuesta institucional frente a un fenómeno que, según advierten, afecta cada vez a más hogares santafesinos.
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