El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles ante la Comisión de Asuntos Penales para defender un proyecto de ley destinado a ampliar la competencia de las provincias en materia de estupefacientes. La iniciativa, ingresada por legisladores del bloque Provincias Unidas, cuenta con el respaldo técnico del Ejecutivo provincial y busca optimizar los recursos del sistema judicial.
«La aprobación del proyecto permitirá optimizar la utilización de los recursos del sistema de justicia, reducir la sobrecarga de la justicia federal, fortalecer las capacidades investigativas provinciales y mejorar la respuesta estatal frente a fenómenos delictivos que afectan directamente a la seguridad ciudadana», explicó el ministro a El Litoral.
Un modelo equilibrado para combatir el microtráfico
El funcionario remarcó que la iniciativa propicia un esquema moderno, coordinado y territorialmente inteligente para la política criminal. «En definitiva, la iniciativa propicia un modelo equilibrado que profundiza el esquema vigente, fortalece la intervención local en los supuestos en que resulta más eficaz, preserva el rol de la justicia federal en los casos de mayor complejidad y consolida un enfoque moderno, coordinado y territorialmente inteligente», añadió.
El proyecto fue presentado formalmente por la diputada Gisela Scaglia y es analizado por la comisión presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, referente de La Libertad Avanza (LLA). Del espacio Provincias Unidas también integran la comisión Pablo Farías, mientras que por LLA participan los legisladores santafesinos Alejandro Bongiovanni y Juan Pablo Montenegro.
Modificaciones a las leyes nacionales 23.737 y 26.052
La propuesta legislativa apunta a reformar dos normativas clave: la Ley 23.737 y la Ley 26.052. Según advirtió Pablo Cococcioni, las interpretaciones actuales generan grises operativos que perjudigan las investigaciones locales.
«La ley nacional dice que en materia de microtráfico, las provincias pueden tomarlo cuando la droga se vende fraccionada directamente para el consumo. Es muy lindo decirlo, pero en la práctica no se sabe si una bolsita es microtráfico y si un cascotito ya es federal. En la práctica realmente se corre riesgo de interpretaciones muy restrictivas», detalló el titular de la cartera de seguridad.
Asimismo, subrayó la gravedad del fenómeno delictivo: «Detrás de la política de microtráfico está la posibilidad de perseguir bandas que dinamizan muchísima violencia en el territorio, en las principales ciudades de la provincia».
Desarticulación de bandas y delimitación de fueros
Para el gobierno santafesino resulta estratégico coordinar junto al Ministerio Público de la Acusación la persecución de la venta minorista y barrial de estupefacientes, diferenciándola del narcotráfico internacional.
«No estamos hablando de narcotráfico a gran escala internacional. Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan, a veces a los tiros, una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra. Para nosotros es una herramienta fundamental. No podemos correr riesgos de que la investigación se desarme al llevarse una parte al fuero federal», enfatizó Pablo Cococcioni.
En la misma línea, el funcionario aclaró que el fuero federal debe abocarse a la criminalidad organizada de gran escala, como el tráfico fronterizo por vías terrestres, aéreas o navegables, y a las organizaciones comprendidas en la ley antimafia.
Evitar el limbo procesal y optimizar recursos
Por su parte, la diputada Gisela Scaglia indicó que la presentación busca eliminar vacíos legales en los casos intermedios de tráfico de sustancias. «El proyecto se inscribe en una lógica de profundización y perfeccionamiento del régimen vigente de desfederalización, promoviendo un modelo más flexible y dinamizador de distribución de competencias», expresó a El Litoral.
La iniciativa amplía los supuestos de intervención para las jurisdicciones provinciales y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, introduciendo criterios precisos de conexidad y resolución de conflictos limítrofes entre fueros para evitar dilaciones procesales. El texto aclara, además, que la adhesión a esta desfederalización quedará sujeta a la decisión soberana de cada estado provincial.
En el caso de Santa Fe, la adhesión a este régimen se concretó a fines de 2023 mediante un mensaje del Poder Ejecutivo, constituyéndose como una de las primeras leyes promulgadas bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, un tema que no había logrado consenso en administraciones anteriores.
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