El plenario de comisiones del Senado retomó el debate sobre el proyecto del Súper RIGI para atraer grandes inversiones de al menos 1.000 millones de dólares, concentrando la discusión en las contraprestaciones exigidas a los inversores durante los 30 años de beneficios fiscales y estabilidad. Especialistas, funcionarios provinciales y legisladores expusieron este miércoles sobre la necesidad de equilibrar la llegada de capitales con mayores controles ambientales, la disponibilidad de recursos estratégicos como agua y energía, y la protección de los proveedores locales.
El debate por el Súper RIGI en el Senado: recursos, controles y el dilema de las inversiones a largo plazo
El debate en torno al Súper RIGI en el Senado dejó de girar exclusivamente en torno a cuánto capital puede captar la Argentina para centrarse, este miércoles, en los recursos que el Estado podría ceder a cambio de los beneficios extraordinarios previstos para las tres décadas de concesiones contempladas en la ley.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomó la discusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, una iniciativa que apunta a proyectos por al menos US$ 1.000 millones en actividades inéditas o incipientes en el país.
A diferencia de la semana pasada, cuando los funcionarios del Gobierno defendieron el proyecto, la mayoría de los expositores invitados puso el foco en la demanda de recursos que exigirán las inversiones, con especial atención en los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.
Exigencias, controles y el impacto a treinta años
Guido Sack, director de Economía de Fundar, compartió la premisa de que la Argentina necesita inversiones y previsibilidad, pero advirtió que esa urgencia no justifica otorgar garantías sin contrapartes equivalentes.
«El estudio de impacto es una foto que se saca en la puerta de entrada del régimen, que dura 30 años, es decir no hay nadie que mire después», señaló. Asimismo, advirtió que el consumo hídrico y energético de un centro de datos no se manifiesta en la fase inicial, por lo que reclamó auditorías periódicas durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Sack también cuestionó que el incumplimiento de las normativas ambientales o del cupo de proveedores locales no acarree la pérdida automática de los incentivos. A su vez, observó que la inversión en investigación y desarrollo que computa por duplicado en el régimen carece, en su redacción actual, de la obligación de ejecutarse en territorio argentino.
En la misma línea, Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación Pública, trasladó el debate hacia los data centers. Explicó que estas instalaciones demandan vastas superficies de tierra, electricidad y agua, mientras que su creación de empleo permanente es limitada. «La discusión no es una dicotomía entre sí o no», planteó, sino cómo planificar la disponibilidad de recursos y qué capacidades locales quedarán asociadas a esos desembolsos.
Proveedores, industria y arbitraje internacional
Desde la órbita bonaerense, Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, exigió modificaciones sustanciales antes de emitir un dictamen. «Treinta años de estabilidad sin condiciones, ningún país ofrece un plazo comparable en sectores de cambio tecnológico acelerado», sentenció.
Además, objetó el artículo 55 por impedir que el Estado exija la adquisición de insumos nacionales. Para Aguilar, el eje central radica en cuánto valor agregado permanece en el país y qué participación tendrán las pymes, las universidades y el sistema científico.
Por su parte, Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet, cuestionó el régimen de protección a los inversores y el mecanismo de arbitraje internacional. A su juicio, el Súper RIGI amplía derechos y garantías por un período superior y hacia un universo más amplio de inversores que el contemplado por los tratados bilaterales tradicionales.
En tanto, Florencia Gómez, representante del CEPPAS, vinculó las objeciones ambientales con el Acuerdo de Escazú y demandó mayor transparencia y participación ciudadana antes de aprobar iniciativas cuyos impactos acumulativos aún resultan inconmensurables.
El factor del agua y la postura de las provincias
Las críticas más severas provinieron de Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, quien centró su exposición en las cláusulas que garantizan la operación ininterrumpida de los proyectos y en la resolución de controversias en jurisdicciones extranjeras.
«Imaginen un pueblo de la Patagonia en el año 2050 que tiene un problema de agua y hay un data center cerca», graficó. Para Viale, este marco normativo acota el margen de maniobra de las provincias y municipios ante futuras crisis hídricas o energéticas.
La réplica institucional llegó desde San Juan. Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero provincial, aclaró que los recursos naturales continúan bajo jurisdicción local y que todo emprendimiento debe superar las evaluaciones pertinentes.
«El emprendimiento propone su actividad, evalúa los impactos y propone una gestión ambiental, y la autoridad es la que evalúa y aprueba o no», indicó. Moreno subrayó que San Juan detenta la autoridad exclusiva sobre el recurso hídrico y garantizó que las actividades amparadas por el Súper RIGI seguirán bajo estricta regulación y fiscalización provincial.
La defensa del oficialismo en el Senado
Los legisladores oficialistas desestimaron que el eje de la discusión deba restringirse a los data centers. El senador Bruno Olivera, representante por San Juan, esgrimió como ejemplo la potencial radicación de una refinería de cobre y respaldó los 30 años de estabilidad fiscal: «Venimos de 100 años de inestabilidad».
En sintonía, Nadia Márquez, presidenta de la comisión de Legislación General, argumentó que la normativa procura enmendar la crónica falta de previsibilidad tributaria y jurídica. «La Argentina se ha vuelto un país poco confiable en esos términos», aseveró, al tiempo que defendió la necesidad de reglas a largo plazo para proyectos intensivos en capital y plazos de maduración prolongados.
Al cierre de la jornada, Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, fecha en la que proseguirá el análisis parlamentario del proyecto.
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