El Gobierno nacional postergó por un mes la actualización de los impuestos a las naftas y el gasoil prevista para septiembre, acumulando incrementos pendientes desde 2024 mediante el Decreto 829/2026 firmado por Javier Milei y Luis Caputo. La medida se oficializa en medio de fuertes cuestionamientos de las provincias, especialmente en Santa Fe, por el deterioro de las rutas nacionales y el desvío de una recaudación millonaria que, según denunció la Legislatura local, es destinada a instrumentos financieros en lugar de mantenimiento vial.
Una nueva postergación en la actualización de los combustibles
El Gobierno nacional volvió a prorrogar por un mes la actualización pendiente de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil, evitando así un nuevo impacto tributario sobre los precios a partir de septiembre.
La medida quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 829/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa establece que los incrementos remanentes comenzarán a regir el 1° de octubre y no desde septiembre, como estaba previsto originalmente.
No se trata de una cancelación de los aumentos, sino de una nueva postergación. El monto pendiente acumula las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los dos primeros trimestres de 2026.
La legislación vigente determina que los importes fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono deben actualizarse de manera trimestral de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha venido difiriendo de forma sucesiva una parte sustancial de dichos ajustes.
Los argumentos oficiales y el impacto en los surtidores
El fundamento esgrimido por el Ejecutivo vuelve a ser de orden económico. En los considerandos del decreto, se argumenta que la decisión busca «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y se sostiene que, bajo ese objetivo, resulta indispensable volver a postergar las actualizaciones tarifarias pendientes.
Hasta el momento, el Decreto 617/2025 y sus sucesivas modificaciones habían postergado hasta el 1° de septiembre la aplicación parcial de los incrementos originados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de este año. A esa acumulación se sumaba, desde septiembre, la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2026. Todo el esquema tarifario quedó ahora unificado para octubre.
Esta herramienta financiera es utilizada de manera frecuente por la administración central para administrar el traslado del componente tributario al precio final en los surtidores: la actualización se mantiene latente y se reprograma mediante decretos sucesivos antes de su aplicación efectiva.
El trasfondo político y el reclamo de las provincias
La decisión se toma en un contexto de marcada tensión política con los gobiernos provinciales. El impuesto a los combustibles recalentó la discusión durante las últimas semanas, luego de que el vocero presidencial admitiera que una fracción de lo recaudado a través del SisVial —administrado por el Ministerio de Economía— se destina a consolidar el equilibrio fiscal y no al mantenimiento de la infraestructura vial.
En paralelo, las distintas jurisdicciones reclaman por el estado crítico de los corredores viales, la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de obras de mantenimiento y el ministro Luis Caputo anunció la puesta en marcha de nuevas concesiones.
La semana pasada, en Santa Fe, la Legislatura volvió a exigir respuestas por el deterioro de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial, así como por el destino de los recursos que la Nación continúa recaudando en concepto de combustibles.
Durante el debate en el recinto, el senador socialista Julio Garibaldi presentó datos para refutar el argumento de que los recursos son insuficientes. Según detalló, la incidencia del impuesto sobre el combustible trepó del 8,9% por litro en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de este año. Asimismo, recordó que durante 2025 la recaudación nacional por dicho tributo alcanzó los $ 4,8 billones, de los cuales el 28,58% tiene como destino legal el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras que otro 4,31% se asigna a infraestructura hídrica.
A las arcas del Sistema Vial Integrado ingresaron aproximadamente $ 1,5 billones. No obstante, de acuerdo con los registros expuestos en la Legislatura santafesina, el 73,8% de esos fondos no fue ejecutado en obras y más de $ 1,2 billones terminaron colocados en instrumentos financieros.
La controversia adquiere especial sensibilidad en una provincia caracterizada por su intensa actividad productiva y que acumula reclamos administrativos y judiciales por el estado de las rutas 7, 8, 11, 33 y 34.
En la misma línea, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, cuestionó con dureza el destino de los recursos, señalando que terminaron «en la timba financiera». Además, recordó que la Justicia ya ordenó al Estado nacional intervenir en las rutas 7, 8 y 33 a raíz de una presentación judicial de su autoría, aunque advirtió que las tareas desplegadas hasta el momento se limitan a trabajos de bacheo y continúan lejos de la repavimentación integral reclamada.
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