La Fiscalía solicitó una pena de 23 años de prisión para el acusado por el crimen de Víctor Ruíz Díaz, un joven de 20 años baleado en noviembre de 2023 en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe. Durante el debate desarrollado en los tribunales provinciales, el Ministerio Público debió incorporar el testimonio indirecto del conductor de la moto que había identificado al atacante y que falleció en un accidente de tránsito, mientras que la defensa reclamó la absolución por falta de pruebas certeras.
Alegatos finales en el juicio por el crimen en Alto Verde
El proceso judicial por el homicidio de Víctor Ruíz Díaz, de 20 años, ocurrido en noviembre de 2023 en el distrito costero de Alto Verde, llegó este lunes a la instancia de alegatos finales con dos posturas contrapuestas entre la acusación y la defensa.
El debate se desarrolla ante un tribunal pluripersonal presidido por la jueza Susana Luna e integrado además por los jueces Sergio Carraro y Héctor Aiello. Por su parte, el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Estanislao Giavedoni, requirió una pena de 23 años de prisión para Williams Ricardo Ocampo, a quien acusa como autor del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego. En contraposición, la defensa reclamó la absolución por el beneficio de la duda.
El hecho investigado sucedió el miércoles 15 de noviembre de 2023, pocos minutos después de las 22, en inmediaciones de calle Demetrio Gómez, a la altura de la manzana 5 de Alto Verde, en las cercanías de una conocida heladería. En esa circunstancia, Ruíz Díaz recibió un disparo calibre 9 milímetros en el tórax y falleció al día siguiente en el hospital José María Cullen.
Confesiones en disputa
Durante su exposición, la Fiscalía fundamentó parte de su acusación en los testimonios de efectivos de la Comisaría de Distrito 24ª que intervinieron en las horas posteriores al ataque. Según declararon los agentes, Ocampo -quien entonces tenía 18 años- habría admitido su autoría mientras era trasladado en un móvil policial, tras señalar: «Fui yo el que cometí el hecho».
Asimismo, el fiscal hizo referencia a una segunda manifestación en la que el acusado habría reconocido ante su madre haber efectuado el disparo fatal, extremo que la mujer habría asentado en un acta policial confeccionada en la misma jornada.
Sin embargo, estas versiones fueron rechazadas de plano durante el debate oral. Tanto Ocampo como su progenitora negaron la existencia de tales confesiones, una contradicción que la defensa esgrimió para sostener que la prueba carece de la certeza necesaria para acreditar la autoría.
En relación al traslado del acusado, el fiscal recordó que este se produjo en la mañana posterior al hecho, cuando la noticia del deceso de Ruíz Díaz generó tensiones en el distrito costero. En ese momento, un grupo de personas se concentró frente a la vivienda de Ocampo con intenciones de incendiarla, por lo que el domicilio debió ser custodiado por personal de Prefectura Naval hasta la llegada de la policía provincial.
El testimonio de la víctima sobreviviente
Otro de los ejes de la acusación fue la declaración brindada en la etapa de investigación por el conductor de la motocicleta en la que se desplazaba la víctima, identificado como Marcos L., quien había señalado a Ocampo como el autor del disparo efectuado a una distancia estimada en unos siete metros. El testigo fue, además, quien trasladó a Ruíz Díaz hasta el centro de salud de la zona.
No obstante, dicho testimonio no pudo ser incorporado de manera directa en el juicio debido al fallecimiento del testigo en un accidente de tránsito. Para suplir su ausencia, la Fiscalía recurrió a las declaraciones de un policía y de un testigo de identidad reservada que presenciaron o tomaron su exposición original.
Ante esto, el abogado defensor Néstor Darío Pereyra cuestionó el valor probatorio de dichos dichos al señalar que, al no haber sido sometidos a la confrontación directa del debate, no poseen el mismo alcance que una declaración prestada ante los jueces.
Evidencia material incorporada
En el transcurso del juicio, la fiscalía sumó elementos de prueba considerados clave:
- Un audio en el cual una persona de identidad desconocida afirma haberle vendido a Ocampo dos balas calibre 9 milímetros el día del homicidio.
- Un proyectil calibre 9 milímetros secuestrado durante el allanamiento realizado en el domicilio del acusado.
- Los testimonios de dos comerciantes que se encontraban bajando las persianas de sus locales, quienes escucharon una detonación y observaron a Ocampo correr hacia su vivienda sin divisar a otras personas en el trayecto.
Respecto a este último punto, la defensa retrucó que ninguno de los testigos visualizó un arma en poder del imputado al momento de la huida. Asimismo, sobre el hallazgo de la munición, el fiscal sostuvo que el único proyectil encontrado coincide con la detonación escuchada en la zona, al inferir que la restante fue la utilizada para ultimar a la víctima.
El móvil y los pedidos de condena
En cuanto al origen del conflicto, la fiscalía sostuvo que la agresión se originó por la falta de restitución de una bicicleta, reprochándole a Ocampo haber resuelto la disputa «de la peor manera» en la arteria más transitada de Alto Verde y descartando cualquier tipo de circunstancia de legítima defensa. Con estos argumentos, ratificó el pedido de 23 años de reclusión.
A su turno, el doctor Pereyra insistió en que los elementos reunidos resultan insuficientes y desproporcionados para una condena de tal magnitud, y reiteró que las testimoniales carecen de peso frente a la negativa del acusado.
El proceso se siguió mediante videoconferencia a través de Zoom desde el lugar de detención de Ocampo. En la sala de audiencias estuvieron presentes la madre de la víctima junto al fiscal Giavedoni, además de familiares de Ruíz Díaz ubicados en el sector de público.
Tras los alegatos finales, la jueza Luna dispuso el pase a cuarto intermedio para la deliberación del tribunal. El veredicto será dado a conocer el miércoles 2 de septiembre a las 9, en uno de los últimos debates orales celebrados en el subsuelo de los tribunales santafesinos.
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