Frente al salto de la morosidad familiar que ubica a la Argentina al tope de los indicadores en América Latina, al menos nueve jurisdicciones —entre ellas Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— implementaron programas propios de refinanciación y alivio financiero para amortiguar el endeudamiento. Mientras el Gobierno nacional desestima una intervención directa por tratarse de un asunto entre privados, el Congreso convocó a una sesión especial para debatir cerca de cincuenta proyectos de la oposición y el oficialismo abrió el trámite en comisión en la Cámara de Diputados.
El impacto del endeudamiento familiar en la agenda política y la respuesta de las provincias
Con los crecientes niveles de morosidad registrados en préstamos personales y tarjetas de crédito, la problemática ganó un espacio central en la agenda pública y el debate político. Mientras el tema cobró fuerza en los últimos días en el Congreso de la Nación, desde hace tiempo distintas provincias comenzaron a intervenir con herramientas propias para intentar aliviar la carga de los hogares mediante refinanciaciones, consolidación de deudas, tasas subsidiadas, plazos más largos y límites a la afectación de los ingresos.
Al menos ocho provincias implementaron medidas concretas durante 2026, a las que se suma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un programa aprobado por ley, mientras que en otros distritos se analizan alternativas. La dimensión del problema se explica, en parte, por el salto de la morosidad. Según datos del Banco Central, la mora de las familias en entidades bancarias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 5,2% de un año antes.
Esto motivó la presentación de casi cincuenta proyectos en el Congreso por parte de distintos sectores de la oposición, que lograron la convocatoria a una sesión especial el próximo 9 de septiembre para considerarlos. La obtención del quórum será una incógnita y, mientras tanto, el oficialismo convocó a la comisión de Finanzas para abrir el debate en ese ámbito el próximo 2 de septiembre, lo que por un lado habilita el curso de las iniciativas y, por el otro, podría demorarlo.
A la vez, la respuesta de las jurisdicciones no es homogénea. Algunas actúan mediante sus bancos públicos; otras acuerdan con entidades privadas; y en determinados casos se busca directamente limitar qué porcentaje de los ingresos puede quedar comprometido por las cuotas.
Santa Fe: protección del ingreso y reorganización de las deudas
Santa Fe fue una de las jurisdicciones que adoptó una política más amplia. A fines de abril, el gobierno de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, dirigido a trabajadores públicos y privados, autónomos, empleados municipales y jubilados. La herramienta permite unificar compromisos financieros en un solo préstamo, con plazos de hasta 60 cuotas y hasta dos meses de gracia. Para los empleados públicos provinciales se estableció además que los descuentos por créditos no pueden superar el 25% de los ingresos.
El gobierno santafesino informó que el programa busca recuperar capacidad de consumo y aliviar la situación financiera de los hogares. A una semana de su lanzamiento, más de 10 mil personas habían iniciado el trámite y actualmente se ubican en el orden de las 20 mil. La vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, resumió el objetivo: «El gobierno de Maximiliano Pullaro está al lado de las familias que tienen deudas y necesitan recuperar margen en su economía cotidiana».
Estrategias provinciales ante la crisis financiera
En la provincia de Buenos Aires, la principal herramienta se canaliza a través del Banco Provincia. El programa «Ponete al Día» permite refinanciar deudas en mora, con plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según la antigüedad del atraso y las características del deudor. La herramienta cobró particular relevancia durante 2026: según información difundida por la entidad, ya se habían concretado más de 100.000 operaciones de refinanciación por más de $ 390.000 millones, de las cuales el 96% correspondió a personas.
En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés puso en marcha junto con el Banco de Corrientes el programa «Corrientes Sostiene». La línea destinada a familias permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito desde $ 100.000, en seis o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos en la tasa. El programa fue presentado con un alcance estimado de 89.000 correntinos y un alivio financiero de unos $ 90.000 millones para las familias.
Misiones extendió un esquema acordado con el Banco Macro para refinanciar deudas de tarjetas y préstamos de empleados públicos provinciales y municipales, jubilados y pensionados. La particularidad del programa es que combina tasas bonificadas y límites sobre el porcentaje de los ingresos comprometidos por las cuotas.
En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) ofrece una alternativa para clientes que cobran sus haberes en la entidad y necesitan reorganizar distintas obligaciones. El mecanismo permite consolidar deudas en una sola cuota mensual, con plazos de hasta 60 meses y tasas que, según el plazo, se ubican entre el 45% y el 70%. La propuesta alcanza tanto a empleados estatales como privados que perciben sus salarios a través del banco. La experiencia cordobesa difiere de la santafesina, ya que no se trata de un programa provincial general de protección salarial, sino de una herramienta bancaria específica.
En Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal implementó junto con el Banco Santa Cruz un Plan de Alivio Financiero dirigido principalmente a empleados públicos activos y pasivos. El objetivo es atender casos en los que los descuentos derivados de créditos absorbieron una proporción excesiva de los ingresos, contemplando la reunificación de obligaciones con condiciones preferenciales para trabajadores cuyos descuentos superaron el 75% de sus haberes.
Chubut presenta una situación particular, ya que durante el año coexistieron una iniciativa legislativa y una respuesta concreta del Banco del Chubut. En mayo, la entidad financiera anunció una herramienta de desendeudamiento y reestructuración financiera para familias y PyMEs, con posibilidad de refinanciar obligaciones en hasta 60 meses y tasas reducidas.
Neuquén se sumó en agosto a las jurisdicciones con políticas específicas de desendeudamiento familiar. El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto para poner en marcha un programa que permite a las familias neuquinas cancelar y refinanciar deudas mediante créditos otorgados a través de los bancos de la provincia, contemplando a quienes tenían una calificación crediticia entre 2 y 5 en la Central de Deudores del Banco Central al 30 de junio de 2026.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura sancionó en junio el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a personas con deudas bancarias en mora provenientes de tarjetas de crédito y préstamos personales. La ley establece una tasa nominal anual máxima del 35%, un plazo mínimo de 24 meses y un período de 60 días para acceder al beneficio, exigiendo una mora de entre 60 y 180 días, ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y una afectación superior al 30% de los ingresos por las cuotas, siendo el Banco Ciudad el principal vehículo financiero.
Por su parte, el Banco de Formosa ofrece un préstamo personal destinado a cancelar automáticamente préstamos vigentes, con plazos de entre 24 y 60 meses. En Mendoza se discute un proyecto para crear un Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos, con refinanciaciones de entre 36 y 60 cuotas y tasas subsidiadas. Tierra del Fuego también comenzó a discutir una iniciativa similar, mientras que La Rioja analiza mecanismos de asistencia.
Argentina al tope de la morosidad regional
Aunque el problema se agrava por el impacto de fuentes de financiación alternativas, como tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos informales, un dato relevante es que la Argentina encabeza el ranking de morosidad bancaria en América Latina. Esto se debe a que registra un 7,3% de su cartera en situación irregular, lo que duplica el promedio general regional del 2,78%, según expuso un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los US$ 104.621 millones. Sin embargo, la brecha argentina se hace evidente al comparar el 7,3% de morosidad con países con indicadores más bajos, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), y con aquellos que completan el podio de mayor irregularidad junto al país, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%).
Este escenario convive con niveles de cobertura inusualmente bajos para amortiguar posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, la Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%).
De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos.
La aceleración de los impagos ganó fuerza tras la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, impulsada por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central, además de la reducción del segmento disponible de los ingresos por el aumento de los costos estructurales. Mientras el Gobierno nacional sostiene que las deudas que afrontan alrededor de 7 millones de argentinos «es un asunto entre privados» y que no intervendrá, analistas y sectores de la oposición recomiendan que el Banco Central tome medidas para auxiliar a los deudores.
TNA, TEA y CFT: el costo del dinero
Cuando una persona solicita un préstamo, utiliza una tarjeta de crédito o decide financiar el saldo de un resumen, suele encontrarse con una serie de siglas: TNA, TEA y CFT. Aunque todas están vinculadas con el costo del dinero, no significan lo mismo y la diferencia entre ellas es determinante para establecer el peso real de la deuda.
La Tasa Nominal Anual (TNA) es utilizada para calcular los intereses de una operación financiera y sirve como base para determinar cuánto interés corresponde pagar, pero no representa por sí sola el costo total del crédito. La Tasa Efectiva Anual (TEA) intenta reflejar el rendimiento o costo efectivo cuando los intereses se capitalizan durante el año mediante el denominado interés compuesto, lo que provoca que una TNA determinada pueda traducirse en una TEA considerablemente mayor.
El Costo Financiero Total (CFT) es el concepto más amplio, ya que expresa en términos porcentuales anuales el costo total de una operación financiera. No se limita a los intereses, sino que puede incluir comisiones, cargos, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro concepto asociado.
El caso de las tarjetas de crédito merece una atención especial. Cuando no se cancela el total del resumen y se paga solamente el mínimo, el saldo restante queda financiado. El problema aparece cuando esta modalidad se repite mes tras mes, aplicando intereses no solo sobre los nuevos consumos, sino también sobre los intereses anteriores que se van sumando a la deuda, generando una verdadera «bola de nieve».
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