La Cámara de Diputados de Santa Fe definirá en reunión plenaria del interbloque de Unidos la sanción definitiva de dos iniciativas con posturas encontradas ya aprobadas por el Senado: la ley que regula el nuevo proceso contencioso administrativo y el proyecto de la Mesa del Diálogo para declarar a la provincia territorio libre de discursos de odio. Mientras la norma procesal genera diferencias internas sobre modificaciones solicitadas por el municipio de Rosario, la iniciativa contra la discriminación divide aguas por cuestionamientos de sectores opositores vinculados a posibles restricciones a la libertad de expresión.
La agenda legislativa en Santa Fe: tensiones por el contencioso administrativo y discursos de odio
La agenda de la Cámara de Diputados de Santa Fe contempla proyectos con preferencia que generan controversia. Su definición quedará en manos del interbloque de Unidos durante una reunión plenaria, previa al debate en las comisiones centrales de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Entre las iniciativas se destaca la futura norma que regulará los alcances del proceso en lo contencioso administrativo y la propuesta impulsada por la Mesa del Diálogo para declarar a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio. Esta última busca establecer medidas de prevención, concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
Sobre el procedimiento contencioso, la Legislatura discute a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo. Primero, Diputados aprobó por unanimidad un texto elaborado por las comisiones. Luego, el Senado dio sanción a otra redacción, también por unanimidad. Ahora, la Cámara Baja debe definir si respeta el acuerdo interno original o acepta las modificaciones de la Cámara Alta. En este contexto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, solicitó que se escuche la postura de su municipio, uno de los más implicados en dicho fuero.
Pablo Javkin avala el proyecto votado por el Senado y brindó explicaciones ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.
La ley de procedimiento completa el marco legal enviado por el Poder Ejecutivo para dotar de un nuevo contenido al fuero, especialmente tras la reforma de la Constitución. Ya rige el Código del fuero, otra ley creó el Colegio de Jueces y hasta el viernes se extiende la inscripción en el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes. Todas las demandas contra el Estado se tramitarán en esta instancia, de allí la relevancia de la norma.
Debates encendidos por el proyecto contra los discursos de odio
Respecto a la iniciativa sobre territorio libre de discursos de odio, existen posturas encontradas. El bloque Somos Vida, que conduce Amalia Granata, y sectores del justicialismo encabezados por Miguel Rabbia, manifestaron su rechazo.
La propuesta fue elaborada por la Mesa del Diálogo en sintonía con la ordenanza ya dictada en la ciudad de Santa Fe. El Senado la aprobó de forma inmediata y por unanimidad, mientras que Unidos le dio dictamen en dos comisiones, con el acompañamiento de la justicialista Celia Arena.
La legisladora libertaria Silvia Malfessi fue una de las principales opositoras, al vincular la iniciativa con un posible riesgo de censura estatal y sanción a quienes opinen diferente. Una postura similar expresó Miguel Rabbia, mientras que en la última sesión de la Cámara, Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) advirtió sobre la peligrosidad de la norma durante un cruce con un legislador oficialista.
El artículo 2 del proyecto define: «A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital- que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas».
En tanto, el artículo 4 incorpora al Código de Convivencia el artículo 62 bis, que establece sanciones con multas de hasta 60 jus para quienes incurran en estas conductas, conmutables por cursos de abordaje interdisciplinario a cargo del Ministerio de Cultura o el organismo que lo reemplace.
Otras preferencias legislativas
Tres proyectos adicionales cuentan con tratamiento preferencial esta semana. Uno de ellos, impulsado por el jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco, crea la estructura tarifaria «Tarifa de Movilidad Eléctrica» de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en instalaciones de usuarios residenciales y no residenciales, tanto en ámbitos urbanos como rurales.
Joaquín Blanco enmarca la iniciativa en la Ley Provincial N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos sustentables en la provincia.
Por otro lado, un expediente impulsado por Amalia Granata junto a otros ocho proyectos apunta a crear un sistema digital de control y responsabilidad alimentaria para funcionarios públicos. La quinta iniciativa corresponde a la legisladora Beatriz Brouwer (Unite) y busca la promoción y el apoyo a la industria audiovisual bajo el nombre «Santafecine».
Sesión conjunta y situación judicial
Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a una sesión conjunta para tratar dos puntos centrales. Por un lado, se votará sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Verónica Ballari.
Por el otro, se resolverá la situación del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros. El proceso disciplinario abarca presuntas causales de mal desempeño e irregularidades, entre las que figuran una causa por simulación de robo y tentativa de estafa a una compañía de seguros, además de denuncias sumadas al expediente.
Tras el descargo presentado por Diego Gustavo Rodríguez y Barros ante la Comisión de Acuerdos, este jueves se definirá su destitución, propuesta por el diputado e instructor de la causa, Marcos Corach, medida que contaría con el respaldo de diversos sectores políticos.
Asamblea Legislativa: 11 pliegos para el MPA
Este jueves se reunirá la Asamblea Legislativa para analizar once postulaciones para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y un pliego para la magistratura penal.
Los cargos concursados para la fiscalía corresponden a fiscales adjuntos subrogantes, varios de ellos destinados a la circunscripción con cabecera en Reconquista.
Para la vocalía judicial, el Poder Ejecutivo propuso a Leandro Maximiliano Martín como juez penal de segunda instancia en los tribunales de Venado Tuerto.
En cuanto al MPA, los candidatos propuestos son:
- Región I: Luciana Violeta Chiavarini (quien ya ejerce funciones en Reconquista).
- Región III: Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaria.
- Región IV: Juan Pablo Malberti, Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arraga y Eduardo Sequeira Alegre.
- Región V: Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.
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