Con 166 designaciones en lo que va de la gestión, el presidente Javier Milei se convirtió en el mandatario que más nombramientos en el Poder Judicial concretó en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura, un récord que incluye a 125 jueces y se produce tras dos años iniciales sin cubrir vacantes. La medida, oficializada este martes con la publicación en el Boletín Oficial de una nueva tanda de 63 cargos para magistrados, fiscales y defensores federales, contempla tanto el avance en tribunales del interior como los controvertidos pliegos en la Cámara Federal de Comodoro Py, en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles por el mecanismo de selección.
El récord de nombramientos judiciales de la administración libertaria
Mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó este martes 63 nuevos nombramientos destinados a jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial de la Nación. Con esta medida, la gestión actual alcanza un total de 166 designaciones en el sector.
A partir de este registro, Javier Milei se consolida como el mandatario que mayor cantidad de nombramientos ha producido en el transcurso de un año desde la creación del Consejo de la Magistratura. Al focalizar estrictamente en el cargo de jueces, la cifra asciende a 125.
No obstante, este volumen requiere un análisis contextual, ya que engloba los tres primeros años de la actual administración presidencial, período que incluye dos años iniciales sin designaciones y una consecuente acumulación crítica de vacantes.
De acuerdo con estadísticas del Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández había designado a 118 magistrados durante sus primeros tres años de mandato (2020, 2021 y 2022), mientras que Mauricio Macri concretó 153 nombramientos en el mismo lapso (2016, 2017 y 2018). Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner superó la marca actual en sus dos períodos: registró 146 nombramientos entre 2008 y 2010, y 80 entre 2012 y 2014.
Según el detalle difundido por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, esta última tanda se suma a las 103 designaciones previas realizadas durante el último año, consolidando un total de 166 puestos cubiertos entre jueces, fiscales y defensores.
El funcionario celebró la medida a través de sus redes sociales, donde afirmó que la administración libertaria «bate otro récord histórico». Asimismo, sostuvo que la agilización en los nombramientos apunta a reducir la vacancia en los tribunales, aliviar la carga laboral y optimizar los plazos de resolución procesal.
Magistrados destacados en la última tanda
Entre las recientes designaciones se destaca la incorporación de Florentino Malaponte a la Cámara Federal de Rosario, así como las de Santiago Juan Schiopetto, Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco en los tribunales orales en lo criminal federal con sede en la capital.
Adicionalmente, se oficializó la llegada de Facundo Cortés y Soledad Mancini a la Cámara Federal de Córdoba, junto con Guillermo Fraga a la Cámara Federal de San Justo.
En el ámbito del Ministerio Público Fiscal, fueron firmados los decretos correspondientes a Santiago Roldan, María Ángeles Ramos y Natalia Cecilia Crede para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Asimismo, concluyó el proceso para la propuesta de Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Casos controvertidos y antecedentes en Comodoro Py
Días atrás, el 2 de septiembre, Javier Milei había rubricado otras dos designaciones de alto impacto político: las de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, instancia encargada de revisar los fallos emitidos por los juzgados federales de Comodoro Py.
Ambos pliegos habían obtenido el acuerdo del Senado el 27 de agosto. Pablo Daniel Bertuzzi cosechó 44 votos afirmativos y 23 negativos, en tanto que Pablo Yadarola recibió 66 sufragios positivos.
Este tribunal detenta un rol estratégico en la supervisión de las medidas adoptadas por los juzgados federales porteños, donde actualmente tramitan expedientes que involucran a diversas figuras de la Casa Rosada. De hecho, Pablo Daniel Bertuzzi ya intervino en resoluciones específicas, tales como aquellas vinculadas a la causa $ Libra, ocasión en la que convalidó el apartamiento de los querellantes.
La cobertura de estas dos vacantes atravesó un extenso derrotero político que se remonta a la administración de Mauricio Macri, período en el cual se produjeron las renuncias y destituciones de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, exintegrantes de dicha Sala.
Ante la generación de vacantes, el procedimiento habitual exige que el Consejo convoque a concurso para elevar una terna al Poder Ejecutivo, la cual requiere posterior aval del Senado. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri optó por ocupar dichos puestos mediante los traslados de Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entonces jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4.
En 2020, tras el cambio de gestión, el Consejo de la Magistratura objetó dichos traslados y remitió los pliegos al Poder Ejecutivo, que a su vez los elevó al Senado, donde fueron rechazados. Ante la orden de dejar sus cargos en la Cámara, ambos magistrados interpusieron recursos judiciales para mantener sus destinos de forma permanente.
En su resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una salida intermedia: desestimó el reclamo de los magistrados, pero dispuso su continuidad provisoria en los tribunales trasladados hasta tanto las vacantes se cubrieran mediante el mecanismo constitucional del concurso. Tras postularse e integrar la terna aprobada por el Consejo, Pablo Daniel Bertuzzi fue finalmente seleccionado por el Ejecutivo para el cargo que ya ocupaba.
Una situación procesal divergente presenta María Verónica Michelli, cuyo pliego para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata fue aprobado por el Senado el 4 de junio —luego de que el Gobierno intentara retirarlo por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon—, aunque su decreto de designación aún no ha sido firmado.
El aval parlamentario y estrategia oficial
Las designaciones de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola se instrumentaron en el marco de la aprobación legislativa de 67 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta constituye la tercera tanda de nombramientos judiciales que obtiene luz verde en la Cámara alta tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro en marzo y la reactivación en la cobertura de vacantes.
La estrategia ministerial redundó en una aceleración de los acuerdos parlamentarios a lo largo del período legislativo. Al paquete inicial visado entre junio y julio se sumó la aprobación de 67 pliegos adicionales el 27 de agosto, elevando a 177 el total de expedientes convalidados por el Senado.
Mediante un comunicado oficial, el Gobierno expresó su agradecimiento a los distintos bloques por su «responsabilidad institucional» en el acompañamiento de las propuestas, «demostrando que, aún por encima de las diferencias políticas, es posible alcanzar los consensos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones de la Justicia».
En el mismo documento, la Oficina del Presidente ponderó especialmente «la labor de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuya construcción de consensos con todos los espacios políticos permitió alcanzar el acompañamiento necesario para la aprobación de los pliegos; y del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por el trabajo llevado adelante para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales».
Impugnación judicial
En paralelo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) interpuso una demanda ante el fuero Contencioso Administrativo Federal con el propósito de lograr la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de 14 pliegos remitidos por el Ejecutivo y aprobados en dicha sesión.
El planteo no cuestiona la idoneidad de los postulantes, sino el procedimiento de selección implementado. El eje del litigio se centra en el artículo 114 de la Constitución nacional, el cual estipula que el Consejo de la Magistratura debe elevar al Poder Ejecutivo ternas vinculantes para la cobertura de tribunales inferiores.
En los concursos de pluralidad de vacantes —por ejemplo, ocho cargos simultáneos—, el Consejo confecciona ocho ternas de tres candidatos. No obstante, el reglamento actual del organismo faculta al Ejecutivo a apartarse de la conformación original bajo determinados parámetros y designar a más de una persona de una misma terna, un criterio que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) considera inconstitucional.
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