La causa por millonarias estafas inmobiliarias contra la firma Moderno House en la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo compás de espera luego de que la Justicia suspendiera este miércoles la audiencia clave en la que la Fiscalía planeaba imputar nuevos delitos al titular de la empresa, Néstor Segovia, y a su colaboradora, Camila Dos Santos Rizzi. El acto judicial, previsto ante el juez penal Lisandro Aguirre tras el reciente desarchivo del expediente impulsado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), debió postergarse a pedido de las defensas debido a un cambio de representación legal y planteos sobre el acceso al legajo. La medida cautelar que pesa sobre los imputados, quienes permanecen en libertad bajo restricciones, deberá ser reprogramada próximamente por la Oficina de Gestión Judicial.
La causa por las estafas inmobiliarias
La investigación que tramita por presuntas estafas inmobiliarias en la firma Moderno House avanza desde su desarchivo, dispuesto meses atrás. Estaba previsto que este jueves se realizara una importante audiencia, la cual fue suspendida a 24 horas de su inicio a pedido de la defensa del principal involucrado.
El 10 de septiembre a las 9.30 las partes debían reunirse ante el juez penal Lisandro Aguirre por pedido de la fiscal a cargo de la investigación, Jésica Bernard, con motivo de atribuir nuevos hechos a Néstor Segovia, titular de la empresa, y a Camila Dos Santos Rizzi, la ciudadana brasileña vinculada a la gestión de la constructora.
De la audiencia, agendada como instancia de revisión de las medidas cautelares impuestas a los imputados, debían participar el abogado querellante Ignacio Chigal y las defensas de los imputados. Debido a que Segovia cambió de representación legal, y atendiendo a una queja del abogado de Dos Santos Rizzi respecto al acceso al legajo fiscal, el acto fue suspendido y será reprogramado.
El funcionamiento de la firma y los operativos
Moderno House operaba en un local ubicado sobre la avenida Facundo Zuviría al 6600, y concentró decenas de reclamos de familias de la ciudad de Santa Fe y la región que entregaron sus ahorros para la adquisición de viviendas prefabricadas que nunca fueron concluidas o entregadas.
Este miércoles se realizaron una serie de allanamientos vinculados a la causa. Los procedimientos tuvieron lugar en los siguientes puntos:
- Salvador del Carril y Alvear, en la ciudad de Santa Fe.
- San Jerónimo al 2800, en la ciudad de Santa Fe.
- Pasaje Lamadrid al 1500, en la ciudad de Santa Fe.
- Julio Argentino Roca al 8800, en Sauce Viejo.
- Un hotel ubicado sobre la Ruta 11.
Con la suspensión de la audiencia originalmente prevista para este jueves, la Oficina de Gestión Judicial será la encargada de informar la nueva fecha.
Denuncias, archivo y un nuevo impulso
El derrotero judicial del caso inició formalmente en 2024 tras una ola de denuncias. En aquella etapa inicial, la fiscalía atribuyó a los imputados el delito de «estafas reiteradas», sosteniendo que firmaron contratos millonarios para la edificación e instalación de casas de madera y materiales prefabricados a sabiendas de que no iban a poder cumplir con los compromisos asumidos.
Posteriormente, las actuaciones ingresaron al Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC) con el propósito de alcanzar un acuerdo entre las partes. Sin embargo, la vía de la mediación fracasó para la inmensa mayoría de los afectados, que exigió la restitución del legajo a la órbita penal para profundizar la persecución de los responsables.
Pese al reclamo de los denunciantes, en abril de 2025 el fiscal que conducía las actuaciones en ese momento dispuso el archivo definitivo de la causa, argumentando que las demoras y el incumplimiento en las entregas no constituían una maniobra engañosa inicial ni el delito de estafa, sino un conflicto de índole contractual que debía ventilarse ante los tribunales civiles.
Dicha postura fue ratificada inicialmente por la Fiscalía Regional. Lejos de resignarse, el querellante Chigal interpuso un recurso de apelación ante la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La respuesta institucional llegó el 29 de mayo, cuando la Fiscal General María Cecilia Vranicich resolvió ordenar el desarchivo del legajo y su reasignación a la fiscal Bernard.
Vranicich fundamentó su decisión en que restaban producir medidas de prueba indispensables para esclarecer si existió una conducta delictiva configurada desde la captación inicial de las víctimas.
Millonario perjuicio
Con la causa nuevamente en movimiento, la investigación sumó nuevos elementos probatorios que estarían orientados a respaldar la hipótesis de una maniobra fraudulenta sistemática y sumar nuevos damnificados.
Cabe recordar que, a valores de 2024, se estimaba que el perjuicio económico era cercano a los 27 millones de pesos, correspondiente a fondos que los compradores entregaron en concepto de pagos parciales o incluso de la totalidad del valor del contrato.
Actualmente, tanto Segovia como Dos Santos Rizzi permanecen en libertad bajo restricciones como la prohibición de salir del país. Durante la audiencia programada para este jueves, se volverán a discutir las medidas cautelares aplicadas.
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