El gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley impulsado por los ministros Pablo Cococcioni y Andrea Travaini para reformar el abordaje de la violencia por razones de género mediante un sistema de gestión de riesgo, medidas cautelares escalonadas para el agresor y la implementación de la competencia judicial universal. La iniciativa, de unos 90 artículos, busca reducir las cargas procesales sobre la víctima —cuyo testimonio será clave en la evaluación del peligro—, eliminar la mediación y crear un fondo provincial de atención urgente. Con un enfoque dinámico y de actuación de oficio, la normativa otorga facultades ampliadas a los tribunales para dictar restricciones inmediatas, como el uso de tobilleras electrónicas, y articula la prevención territorial junto a los municipios de la provincia.
Presentación del proyecto de ley sobre violencia de género en Santa Fe
El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, presentaron este jueves el proyecto de ley que el gobierno enviará a la Legislatura en los próximos días. La iniciativa busca delinear acciones integrales en materia de prevención y abordaje de situaciones de violencia por razones de género.
La propuesta tiene como eje principal fortalecer las políticas de prevención y protección a partir de un enfoque integral que permita anticipar situaciones de riesgo, mejorar las herramientas de intervención y articular las acciones de los distintos organismos del Estado. De este modo, se pretende establecer un marco normativo para la actuación estatal, promoviendo mecanismos que permitan intervenir de manera temprana ante hechos que puedan derivar en agresiones.
Ejes centrales de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo
Durante la rueda de prensa desarrollada en Rosario, los funcionarios detallaron los puntos centrales de la iniciativa impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro. El texto consta de alrededor de 90 artículos orientados a reducir las cargas que las situaciones de violencia proyectan sobre la víctima.
El propio Pablo Cococcioni definió la propuesta como un cambio de paradigma para pasar del análisis del hecho aislado a una política de gestión del riesgo. Para ello, se dispone un sistema de escalonamiento cautelar que contempla una gama de sanciones de intensidad creciente, desde medidas de conducta y restricciones digitales hasta el desarme en caso de tenencia de armas y la implementación de tobillera electrónica para el agresor.
Ante el incumplimiento de órdenes judiciales, se evaluará la aplicación de un arresto conminatorio. ?A medida que el agresor no cumple con las medidas, estas se vuelven más duras?, advirtió el ministro, quien insistió en que el incumplimiento tendrá carácter acumulativo para la evaluación de las condiciones de riesgo.
Innovaciones procesales y medidas de protección
El proyecto contempla un diseño procesal diferenciado regido por la actuación de oficio, lo que obliga a recepcionar de manera inmediata la denuncia de la víctima y a dar conocimiento a las autoridades judiciales. Asimismo, se consagra la regla de competencia judicial universal, estableciendo que ante una situación de emergencia cualquier tribunal es competente.
Entre las nuevas figuras destaca el contradictorio diferido. ?Primero cautelamos y después discutimos?, graficó Pablo Cococcioni, al explicar que las medidas regirán de inmediato sin necesidad de una notificación previa al agresor, quien podrá anoticiarse de las restricciones al momento de la colocación de la tobillera electrónica.
En materia tecnológica, el ministro subrayó que el sistema busca ?reducir la carga sobre la víctima: a partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar y no la víctima la que debe gestionar la tecnología para autodefenderse?. Además, el tribunal receptor tendrá facultades ampliadas para resolver cuestiones conexas como perímetros de distancia, alimentos y régimen de comunicación con los hijos.
Modificaciones en la mirada estatal y articulación territorial
A su turno, Andrea Travaini evaluó que el proyecto propone modificar el modelo reactivo tradicional por un esquema dinámico de gestión de riesgo. En este sentido, se excluye expresamente la mediación y la conciliación para los casos de violencia de género.
Asimismo, se incorpora una evaluación del riesgo que contempla, de manera innovadora, la percepción expresada por la propia víctima. Para evitar la fragmentación en la respuesta estatal, se proyecta la creación de un registro digital único interoperable bajo la órbita del Poder Ejecutivo, junto con equipos interdisciplinarios encargados de asesorar a los magistrados y realizar un seguimiento obligatorio de las medidas.
El texto también prevé la creación de un fondo provincial de apoyo urgente para personas protegidas, destinado a robustecer recursos existentes como pasajes, alquileres o refacciones en domicilios. Finalmente, se enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado junto a los municipios mediante estrategias territoriales de prevención, detección temprana y difusión.
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