Un subinspector de la Policía de Santa Fe fue detenido y dictaron su prisión preventiva por 30 días en el marco de una causa que investiga una red de corrupción en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, en Esperanza. La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detectó que durante agosto se falsificaron al menos 64 formularios obligatorios de transferencia vehicular a cambio de coimas, una maniobra ilegal que ya involucra a otros dos agentes de la fuerza de seguridad y a una gestora de la zona.
Prisión preventiva para un subinspector por maniobras irregulares en la verificación de vehículos
Una denuncia anónima ingresada en julio al Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno provincial permitió desarticular una presunta red de corrupción que operaba en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI. La maniobra, según la investigación, se extendió por al menos un mes e involucró a efectivos policiales y a una gestora de la zona.
El último avance procesal se concretó este miércoles 9 de septiembre en el subsuelo de los tribunales de Santa Fe, donde el juez Martín Torres dispuso la prisión preventiva por 30 días para Luis Rodrigo Ulerich, un subinspector de 35 años, oriundo de Esperanza. La medida fue acordada entre la Fiscalía y la defensa, con el consentimiento del imputado, para facilitar el análisis de la documentación y los elementos secuestrados.
Durante la audiencia, realizada pasado el mediodía, el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), le atribuyó a Ulerich el delito de cohecho pasivo en carácter de autor. La defensa técnica del efectivo estuvo a cargo del abogado Juan Carlos Galetto.
Formularios sin inspección ni controles
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante agosto Ulerich habría recibido dinero de una mujer identificada como EAL para confeccionar, sellar y firmar formularios de verificación automotor sin cumplir con los procedimientos administrativos obligatorios.
Se trata del Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), un instrumento legal indispensable para la transferencia de dominio o la inscripción de vehículos cero kilómetro.
La investigación sostiene que los trámites se realizaban sin turno previo, sin abonar la tasa correspondiente y sin que las unidades fueran trasladadas a la planta para su inspección física. De este modo, los verificadores emitían los certificados sin constatar los rodados.
El caudal de la maniobra ilícita quedó reflejado en los registros de agosto, periodo en el cual se habrían confeccionado de manera irregular formularios correspondientes a:
- 48 automóviles.
- 16 motocicletas.
Los montos exigidos rondaban los $ 50.000 por cada trámite de automóvil y los $ 30.000 por cada motocicleta. La estimación preliminar de la Fiscalía calcula una recaudación ilegal de $ 2.400.000 por los autos y $ 480.000 por los motovehículos, lo que arroja una suma total de $ 2.880.000.
Denuncia anónima y allanamientos
El expediente se inició el 18 de julio a partir de una presentación anónima en el Servicio de Atención Ciudadana de la provincia, la cual fue ampliada en el transcurso de agosto. A raíz de ello, la Unidad Especial de Asuntos Internos (delegación Centro Norte) tomó intervención y concretó diversas entrevistas a testigos vinculados al rubro automotor.
Como parte de las medidas probatorias, la Justicia ordenó una serie de procedimientos que incluyeron:
- El secuestro de tres teléfonos celulares (pertenecientes a Ulerich, a la gestora investigada y a un civil que habría actuado como intermediario).
- Un allanamiento ejecutado el pasado 2 de septiembre en la localidad de Sarmiento, de donde es oriunda la gestora.
Más involucrados y situación procesal
La causa no se agota en el subinspector imputado. La investigación también alcanzó a otros dos agentes que cumplían funciones en la planta verificadora. Por orden del fiscal Hernández, ambos fueron detenidos este martes por la tarde y permanecen privados de su libertad a la espera de su audiencia imputativa, prevista para la semana próxima.
Por su parte, la gestora oriunda de Sarmiento ya fue imputada por cohecho activo y transita el proceso en libertad. Hasta el momento, son cuatro las personas alcanzadas por la pesquisa, divididas entre tres policías y la civil.
Al término de la audiencia, el abogado defensor Juan Carlos Galetto destacó la modificación en la calificación legal inicial de su asistido. «Si bien en primera instancia se lo pretendía imputar por tres delitos: defraudación, falsedad ideológica y cohecho; hoy se redujo a cohecho y se acordó la prisión preventiva con la conformidad de mi defendido», señaló. El letrado remarcó que el plazo de 30 días servirá para que la Fiscalía concluya con el peritaje de la documentación acumulada.
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