El Concejo Municipal de Santa Fe se prepara para aprobar este jueves un mensaje del Ejecutivo encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, que lo autorizará a realizar contrataciones directas y modificaciones presupuestarias por vía excepcional para atender la emergencia hídrica ante la llegada del fenómeno de El Niño. La iniciativa, que generó tensión con el arco opositor, sumará mayores mecanismos de control a cargo del Tribunal de Cuentas y del Comité Municipal de Gestión de Riesgos para supervisar la ejecución de los fondos.
Luz verde a las herramientas de excepción
Era un secreto a voces que finalmente se confirmó: el Concejo Municipal trataría y aprobaría este jueves 10, en una nueva sesión en el recinto de Salta 2943, un mensaje remitido por el municipio para autorizarlo a realizar compulsas directas de precios, contrataciones directas y modificaciones presupuestarias por vía excepcional. El objetivo es atender de manera urgente el impacto del fenómeno de «El Niño».
Como es de público conocimiento, los organismos meteorológicos globales vienen alertando sobre la llegada de un «Niño» entre «fuerte y muy fuerte» para Santa Fe y la región. Esta situación implicaría precipitaciones intensas, especialmente en el sur de Brasil y Paraguay, que impactarán de manera directa en la altura del río Paraná.
Ante este panorama de lluvias intensas y crecidas de los ríos, incluido el Salado, tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad capitalina activaron los mecanismos de prevención necesarios, que abarcan desde protocolos hasta la ejecución de obras de infraestructura para preparar a la ciudad ante un posible escenario de crisis hídrica.
El mensaje del Ejecutivo
En este contexto, la administración municipal a cargo de Juan Pablo Poletti declaró en primer lugar la emergencia hídrica en la capital mediante el Decreto Nº 00070/2026. Paralelamente, remitió un mensaje al Concejo solicitando autorización para ejecutar erogaciones directas excepcionales orientadas a morigerar el impacto del fenómeno climático.
Esta habilitación implica contar con facultades transitorias y excepcionales, por fuera de las normativas vigentes, para adquirir bienes de capital —como equipos destinados a la limpieza de desagües pluviales o zanjones a cielo abierto— sin la necesidad de atravesar los tiempos administrativos que demanda una licitación pública.
Asimismo, la iniciativa contempla realizar modificaciones en el Presupuesto Municipal en curso (2026). Varias de estas partidas presupuestarias podrían redirigirse hacia el área de gestión del riesgo hídrico en caso de recibir el visto bueno del Legislativo local, un punto que generó tensiones con el arco opositor, según informó oportunamente este diario.
Alcances de la normativa
De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Litoral, el despacho definitivo que llegaría al recinto no sufrió modificaciones sustanciales respecto de su propósito central.
Se autorizará al Ejecutivo a concretar las contrataciones necesarias para responder a las situaciones vinculadas con la emergencia hídrica mediante procedimientos abreviados de compulsa de precios. Para las acciones de prevención, preparación, atención y mitigación, se buscará garantizar la concurrencia de oferentes.
A su vez, la norma prevé que se podrá recurrir a la contratación directa únicamente cuando razones de urgencia impidan aguardar los plazos de la compulsa, o bien cuando no sea posible obtener una pluralidad de ofertas. Por último, se convalidaron las modificaciones presupuestarias indispensables para afrontar los gastos derivados de estas medidas.
Control externo y rendición de cuentas
Uno de los ejes centrales del debate pasó por el control externo sobre los actos administrativos que impliquen la erogación directa de fondos municipales, recursos que pertenecen a todos los santafesinos.
«Acompañamos el trabajo para contrarrestar y atender la emergencia hídrica, pero no le vamos a dar un cheque en blanco al municipio», habían coincidido en este concepto los ediles opositores Jorge Fernández (Bloque PJ) y Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo – FR).
Por este motivo, se incorporaron al texto original dos artículos destinados a reforzar la fiscalización de los fondos y las modificaciones presupuestarias.
El primer agregado establece que las acciones ejecutadas por el municipio, así como cualquier aporte no reintegrable recibido en el marco de la Ley Provincial Nº 14.477 —que declaró la emergencia hídrica en todo el territorio provincial—, deberán ser informadas al Comité Municipal de Gestión de Riesgos.
La segunda modificación determina que el Tribunal de Cuentas Municipal efectuará el control de los actos y procedimientos amparados por la ordenanza, y comunicará sus resoluciones de manera mensual al Concejo Municipal.
Finalmente, una vez concluida la emergencia hídrica, el municipio tendrá un plazo de 45 días posteriores para remitir al cuerpo deliberativo un informe detallado y documentado sobre el total de las contrataciones y las modificaciones presupuestarias realizadas bajo estas autorizaciones excepcionales.
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