Las finanzas de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe sufren un fuerte ahogo financiero debido a una caída sostenida de la coparticipación federal y la recaudación propia, sumada al incremento de la demanda social por el retiro del gobierno nacional. Esta crisis, que ya genera tensiones extremas como el reciente conflicto salarial y corte de ruta en San Javier, coloca a las administraciones locales en una situación límite para cubrir gastos corrientes y sostener la prestación de servicios básicos.
Ajuste financiero y tensión social en municipios y comunas
La merma en la coparticipación federal, la caída de los recursos propios y el incremento de las demandas sociales —impulsadas por la actual coyuntura económica y el repliegue del Gobierno nacional— ejercen un severo «efecto pinza» sobre las finanzas de los municipios y comunas de la provincia.
En algunos distritos, el escenario ha alcanzado niveles críticos. Es el caso de San Javier, donde la semana pasada los trabajadores municipales llevaron adelante un corte en la ruta provincial Nro. 1 en reclamo de salarios adeudados.
Conflicto gremial y deuda salarial
De acuerdo con las declaraciones de los dirigentes sindicales de la FESTRAM, la administración local aún no ha efectivizado el pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre ni los sueldos del mes de agosto.
El pasivo salarial ronda los 500 millones de pesos y afecta de manera directa a unos 190 agentes de planta permanente y a unos 40 trabajadores contratados.
Fuentes oficiales confiaron a El Litoral que, si bien el panorama general no exhibe en otros distritos la gravedad extrema registrada en San Javier, la totalidad de las administraciones locales transita un proceso de ajuste severo y opera con recursos sumamente magros.
El impacto del «efecto pinza»
Para graficar la coyuntura, las fuentes consultadas insistieron en la noción de un «efecto pinza» que combina la contracción de los ingresos con la expansión de las necesidades comunitarias.
En el plano estructural, los gobiernos locales —al igual que la propia administración provincial— encadenan ya dos años consecutivos de caída en la coparticipación federal. A esto se sumó, en los últimos meses, un debilitamiento de la recaudación tributaria propia como correlato del enfriamiento de la economía general.
En la vereda opuesta, la única variable que experimenta un crecimiento sostenido es la demanda ciudadana. El repliegue del Estado nacional trasladó a la órbita municipal peticiones que van desde la provisión de medicamentos hasta la gestión de traslados en ambulancia, una consecuencia directa de la reestructuración del PAMI y del recorte de fondos y servicios.
Asimismo, el incremento del desempleo se traduce en una presión constante sobre los municipios en demanda de puestos laborales y de asistencia alimentaria básica.
Limitación de obras y finanzas al límite
Este desfasaje entre recursos menguantes y obligaciones en aumento condiciona de forma drástica la ejecución de obra pública. La gran mayoría de los trabajos que continúan en marcha son financiados con aportes del Gobierno provincial, mientras que los ingresos corrientes apenas alcanzan, y con gran esfuerzo, para cubrir los gastos corrientes y fijos.
Desde el área de Municipios y Comunas, confirmaron que si bien han recibido misivas de diversos intendentes que expresan su profunda preocupación por el escenario financiero, hasta el momento no se han formalizado solicitudes de adelantos de coparticipación. «Los municipios saben que eso también se tiene que devolver», justificaron las fuentes oficiales.
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