Durante su paso por la ciudad de Santa Fe, la doctora en Antropología e investigadora del CONICET, Carla Villalta, advirtió que el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar se apoyó en prácticas burocráticas e institucionales preexistentes que ya catalogaban a la infancia pobre como «abandonada» bajo un falso justificativo humanitario. Al disertar en distintas actividades académicas y de memoria, la especialista señaló que categorías arraigadas en el clasismo y el paternalismo operaron como condiciones de posibilidad para la apropiación de menores, una problemática que persiste en la actualidad a través de la entrega irregular y la vulneración del derecho fundamental a la identidad.
Las raíces de la apropiación: un análisis socioantropológico de las infancias en dictadura y democracia
Durante los últimos días de agosto, la doctora en Antropología por la UBA, Carla Villalta, desarrolló una intensa agenda de actividades en la ciudad de Santa Fe. La investigadora del CONICET y co-coordinadora del Equipo de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) presentó su obra Infancias, violencias y derechos. Repensando categorías y prácticas en clave socioantropológica en la Feria del Libro. Asimismo, disertó en la Escuela Normal durante el Seminario de Pedagogías de la Memoria —donde se abordó la Causa Laguna Paiva II con la presencia de sobrevivientes— y participó de un encuentro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, organizado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA).
El eje central que vertebra la trayectoria académica de Villalta son los dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la infancia y la adolescencia. Según explica la investigadora, su tesis doctoral indagó en lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en relación con la apropiación de menores, examinando las condiciones sociales, materiales e institucionales que permitieron consumar dichos delitos.
Categorías preexistentes y prácticas estatales
El abordaje antropológico de Villalta revela que la violencia extrema ejercida durante el terrorismo de Estado no surgió de la nada, sino que se ancló en elementos preexistentes y rutinas administrativas. Estas prácticas burocráticas clasificaban históricamente a los sectores más vulnerables bajo etiquetas como «desamparados», «abandonados» o «faltos de asistencia».
Lejos de tratarse de hechos aislados, la investigation demuestra que las categorías estigmatizantes funcionaron como «condiciones de posibilidad» para la apropiación de niños. Tras los operativos de secuestro, muchos menores fueron alojados en casas cuna o instituciones de menores, donde la pérdida de rastros filiatorios facilitó su entrega en adopción mediante circuitos irregulares y falsificación de documentos.
Un caso emblemático señalado en Santa Fe es el de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, quien fue dejada en un hogar de huérfanos y adoptada por familias que desconocían su verdadera procedencia.
La lucha por la identidad y los derechos de la infancia
Invitada a Santa Fe por el Defensor de NNyA, Juan Cruz Giménez, Villalta remarcó que el derecho a la identidad reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño cuenta con tres artículos (7, 8 y 11) considerados mundialmente como «artículos argentinos», fruto de la incesante lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.
La especialista advierte que la restitución de la verdad histórica impulsada por los organismos de derechos humanos permitió desnaturalizar prácticas que operaban bajo el falso pretexto del «acto de amor» o la caridad hacia los sectores pobres. Sin embargo, advierte que el paradigma de derechos vigente continúa amenazado por discursos que rozan el clasismo, el paternalismo y el racismo.
Al referirse a la Causa Laguna Paiva II, Villalta destacó las estrategias jurídicas de la querella para resignificar la categoría de «abandono», evidenciando que el verdadero abandono provino de la violencia del Estado terrorista al despojar a los niños de sus familias.
A 50 años de la búsqueda y los desafíos actuales
A dos décadas de la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad —tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final—, la investigadora subraya que la afectación directa a las infancias durante la dictadura no fue un «daño colateral», sino parte fundamental de la desmesura del poder dictatorial.
Actualmente, con más de 300 personas desaparecidas vivas aún buscadas a 50 años de los hechos, y frente a nuevas formas de apropiación y entregas irregulares detectadas en hospitales, Villalta enfatiza que la identidad constituye el primer derecho fundamental. La especialista concluye que no puede existir una crianza basada en el amor cuando prevalecen la mentira, el ocultamiento y la desvalorización de la niñez como sujeto de derecho.
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