El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley de Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, que prevé un cambio de modelo hacia la prevención temprana, la intervención judicial universal y la carga de la prueba sobre el agresor. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Seguridad y Justicia, busca superar el esquema reactivo actual mediante la creación de un registro digital único, facultades ampliadas para los jueces y protocolos obligatorios para los equipos sanitarios y territoriales.
Hacia un nuevo paradigma: el proyecto santafesino que busca transformar la prevención de la violencia de género
Andrea Travaini, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, brindó precisiones sobre el proyecto de ley de Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género. La iniciativa, que consta de más de 90 artículos, fue presentada recientemente junto al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, e ingresará en los próximos días a la Legislatura santafesina para su debate parlamentario.
Un modelo dinámico frente a un flagelo en aumento
Para la funcionaria, la propuesta legislativa marca un quiebre respecto al esquema actual. Actualmente, el sistema opera bajo una lógica reactiva, donde la Justicia y los organismos estatales intervienen únicamente cuando el hecho grave ya se consumó.
En contrapartida, el nuevo texto impulsa un abordaje integral y dinámico para gestionar el riesgo. El objetivo es actuar ante los primeros indicios o situaciones inminentes de violencia manifestadas por la mujer, articulando la prevención, la detección temprana, la protección y la asistencia, áreas que históricamente han funcionado de manera aislada.
Evaluación del riesgo y el valor de la escucha inicial
Como estrategia primordial, la funcionaria remarcó la necesidad de incidir en los territorios mediante la detección temprana, la orientación de equipos y la difusión. Esto resulta vital para que las mujeres puedan identificar los distintos tipos de agresión y reconocer si ellas o sus entornos atraviesan una situación de riesgo.
En este sentido, el artículo 14 del proyecto incorpora múltiples indicadores de peligro. Entre ellos, Andrea Travaini destacó uno fundamental que suele ser soslayado: la percepción de riesgo expresada por la propia víctima. Para los equipos de primer nivel —como municipios, hospitales y centros de salud—, este elemento resulta crucial desde la primera escucha.
Para optimizar estas tareas, el gobierno provincial ya implementa capacitaciones virtuales y trabajos sobre situaciones concretas. Estas acciones se desprenden de un protocolo firmado por las ministras Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) y Silvia Ciancio (Salud), cuya segunda cohorte de formación ya se encuentra abierta.
Intervención judicial universal y control del agresor
Una de las principales innovaciones del área de Seguridad y Justicia es la implementación de la intervención judicial universal. Esto significa que cualquier tribunal podrá actuar ante un caso de violencia de género, garantizando que ningún juez pueda eludir su responsabilidad bajo el argumento de incompetencia. Ante una urgencia, cualquier magistrado deberá dictar medidas de protección inmediatas antes de girar las actuaciones al juez competente.
Asimismo, la normativa estipula que, al dictar una medida cautelar, el magistrado deberá resolver cuestiones conexas como alimentos, régimen de visitas y exclusión del hogar. De este modo, se evita que dichas cargas recaigan sobre la víctima. A esto se suma el control directo sobre el agresor y la asunción estatal de tareas que históricamente recaían en las mujeres, como la notificación judicial.
Contexto provincial y retrocesos culturales
Consultada sobre los motivos que impulsaron el proyecto en este momento, Andrea Travaini reconoció que la iniciativa responde tanto al incremento de femicidios en la provincia como a los diagnósticos obtenidos al recorrer el territorio y dialogar con los gobiernos locales.
Si bien la baja en la tasa general de homicidios permitió enfocar la atención en este tipo de violencias, la funcionaria advirtió sobre un retroceso cultural y cotidiano impulsado por discursos que niegan la violencia de género o pretenden eliminar la figura del femicidio del Código Penal. A esto se suma, según señaló, la ausencia de políticas públicas a nivel nacional que respalden el esfuerzo financiero y técnico que sostienen las provincias.
Herramientas clave para robustecer el sistema
El proyecto de ley excluye expresamente la mediación y la conciliación. Además, para erradicar la fragmentación estatal, establece la creación de un Registro digital único e interoperable en el ámbito del Poder Ejecutivo, permitiendo que cualquier organismo consulte de manera inmediata los antecedentes del agresor o las actuaciones previas sobre la víctima.
Finalmente, la normativa prevé la conformación de un Equipo interdisciplinario para el seguimiento y revisión de las medidas judiciales, junto con la creación de un Fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas, consolidando un marco legal más sólido y efectivo.
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