En agosto ingresaron 2.731 demandas laborales en la provincia de Santa Fe, un salto interanual del 24,8% que la consolidó por segundo mes consecutivo en el segundo puesto nacional de litigiosidad detrás de Buenos Aires y por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fenómeno, alertado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), profundiza la tensión en el sector productivo santafesino frente a una «industria del juicio» que multiplica las causas pese a la baja sostenida en la siniestralidad laboral y a la implementación de nuevas herramientas judiciales.
Santa Fe marca un récord histórico de litigiosidad laboral y supera a la Ciudad de Buenos Aires
La provincia de Santa Fe alcanzó en agosto su mayor registro histórico con 2.731 nuevos juicios contra el sistema de Riesgos del Trabajo, lo que representa un marcado crecimiento interanual del 24,8%. Por segundo mes consecutivo, el territorio santafesino logró superar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en volumen de ingreso de demandas.
El escenario local se integra a una aceleración nacional que acumuló 87.553 nuevas demandas en los primeros ocho meses del año, tras ingresar 14.966 causas solo en agosto (+11,3% interanual). Así lo revela un nuevo reporte de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Los datos se conocen en medio de una disputa de fondo impulsada por el gobierno de Javier Milei contra la denominada «industria del juicio». Esta discusión tiene como telón de fondo político el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un mandato instaurado por la reforma constitucional de 1994 pero resistido por el peronismo, con una fuerte incidencia en los tribunales que mantendrán tareas residuales.
En los últimos 12 meses se notificaron casi 137 mil juicios en todo el país, arrojando un promedio superior a las 11.400 demandas mensuales. Las proyecciones elaboradas por la UART indican que a fin de año el sistema habrá absorbido más de 138 mil demandas. Este volumen representa el segundo nivel más alto de la historia, situándose apenas por debajo del pico registrado en marzo de 2017, una profusión de litigios que choca directamente con la realidad operativa de las empresas.
Desde la entidad aseguradora advirtieron sobre una paradoja central: «cada vez menos accidentes y cada vez más demandas judiciales, la paradoja que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema para empleadores y trabajadores».
Al analizar otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires quebró la barrera de los 6.000 juicios mensuales con una variación del 16%, en tanto CABA registró un alza del 4,2% en los primeros ocho meses. Entre las plazas de mayor litigiosidad, Entre Ríos encabeza la escalada con un incremento del 38%, mientras que Córdoba experimentó un aumento interanual del 28%.
Reformas locales que aún no muestran resultados
En el ámbito santafesino, la conflictividad persiste pese a los intentos de reforma institucional. En abril de 2026 se promulgó la Ley Provincial N° 14.437 para contener estas distorsiones. Sin embargo, se remarcó que «pese al consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la conflictividad sigue en aumento reflejando una inercia que empuja los juicios hacia nuevos récords», señaló la UART.
Para frenar esta tendencia, se impulsa el uso del Baremo y el Listado de Enfermedades Profesionales con la intervención de Cuerpos Médicos Forenses. Al respecto, se enfatiza que «allí está hoy una de las claves para recuperar previsibilidad», agregando que «el desafío ya no es identificar las herramientas, sino lograr que la Justicia las aplique con celeridad y eficacia».
El Baremo al que alude la UART es la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, normada formalmente por el Decreto 659/96 y sus actualizaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Este instrumento determina en forma tarifada qué porcentaje de incapacidad física o psíquica le corresponde a un trabajador ante un accidente laboral o enfermedad profesional.
El cuerpo médico forense de Santa Fe ya se encuentra operativo y se están incorporando protocolos de intervención y tipificaciones nuevas en los juzgados laborales, tales como «Accidentes de Trabajo – Procedimiento Abreviado» y similares.
Existen críticas de sectores que señalan la necesidad de incorporar más personal o lograr una implementación más estricta, mientras que desde el oficialismo y las ART se presenta la medida como un avance clave hacia diagnósticos más objetivos y procesos más rápidos.
Impacto del reciente fallo de la Corte Suprema
El mes pasado, la UART resaltó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso «Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348». El máximo tribunal revocó por unanimidad un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que había elevado la condena a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por considerarla insuficiente, pese a que el trabajador no había apelado la sentencia original.
El tribunal consideró que se había violado el principio de «reformatio in peius», una garantía procesal que impide reformar una sentencia en perjuicio de quien la apeló cuando la contraparte no la cuestiona, lo cual implicaba una afectación directa a la garantía de defensa en juicio.
Considerando lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral —que exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte bajo pena de incurrir en mal desempeño—, el fallo «Pagani» se suma a los precedentes de cumplimiento ineludible para las instancias inferiores.
La problemática por la alta litigiosidad laboral fue uno de los ejes presentados por el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín, durante su discurso en el tradicional almuerzo por el Día de la Industria. Lo hizo en el marco de un encuentro que sentó en la mesa principal al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, entre otras autoridades.
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