La media sanción del Senado en torno al nuevo marco de biocombustibles puso a Santa Fe y Córdoba en el centro de la escena económica nacional al avanzar hacia la liberalización del mercado de gasoil y nafta. La iniciativa, que modifica la ley sancionada en 2021 impulsada por el kirchnerismo, busca integrar a las grandes agroexportadoras del Gran Rosario y potenciar la capacidad ociosa de la industria, generando un fuerte debate sobre el impacto en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Santa Fe en el centro del debate energético nacional
El debate en la Cámara alta colocó a Santa Fe en el centro de la discusión sobre el nuevo marco regulatorio de biocombustibles. El oficialismo y sus aliados respaldaron la integración de las multinacionales del cordón agroexportador del Gran Rosario al mercado interno, aunque incorporaron un plazo de adaptación de 10 años para las Pymes del biodiésel, un sector con fuerte arraigo en la provincia.
La discusión giró en torno al rol de las empresas integradas —las grandes procesadoras de oleaginosas con terminales portuarias sobre el río Paraná— y al liderazgo regional en la molienda de soja. El gobierno provincial impulsó la iniciativa de la Casa Rosada con el objetivo de reactivar la capacidad ociosa de la industria, un segmento que había quedado marginado del mercado interno por la ley sancionada en 2021 durante la gestión de Máximo Kirchner, la cual priorizó a las Pymes preexistentes y dejó fuera tanto a los grandes jugadores como a nuevos actores.
Por su parte, los bloques opositores y los representantes de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires advirtieron sobre una asimetría logística que, según denunciaron, podría afectar a las plantas medianas y pequeñas del interior frente al complejo agroportuario santafesino. En contrapartida, los firmantes del dictamen de mayoría destacaron que el proyecto reemplaza la Ley 27.640 para instaurar un esquema de libre competencia, fomento a la inversión tecnológica y desarrollo federal.
Las posturas provinciales y el impacto en las economías regionales
Durante el tratamiento legislativo, senadores de distintos distritos expusieron el impacto del proyecto en sus matrices productivas:
- Alejandra Vigo (Córdoba – Unidad Federal): Destacó que la norma consolida el desarrollo provincial y otorga previsibilidad a 15 años. Remarcó que Córdoba concentra el 36% de la cosecha nacional de maíz y el 70% de la capacidad de molienda de bioetanol, y valoró la agenda conjunta con Santa Fe en el ámbito de la Región Centro.
- Carmen Álvarez Rivero (Córdoba – PRO / La Libertad Avanza): Apoyó la iniciativa al señalar que libera el potencial de la biotecnología maicera sin padrinazgos estatales, calculando que cada punto adicional de corte genera hasta 3.000 puestos de trabajo.
- Beatriz Ávila y Juan Luis Manzur (Tucumán – Frente Juntos por Tucumán y Partido Justicialista / UxP): Valoraron el consenso en torno al bioetanol, que eleva el corte al 15% con un piso obligatorio del 6% para la caña de azúcar, actividad que sostiene 45.000 empleos directos en su provincia.
- Ezequiel Atauche y Carolina Moisés (Jujuy – La Libertad Avanza y Unión por la Patria): Coincidieron en la defensa del sector azucarero jujeño —que emplea a 10.500 trabajadores directos— y subrayaron la necesidad de previsibilidad regulatoria a largo plazo.
- Flavio Fama (Catamarca – UCR): Argumentó que la nueva norma transita desde un esquema intervenido hacia un mercado transparente que incentiva el valor agregado en origen.
- Carlos Arce (Misiones – Frente Concordia Misionero): Acompañó el proyecto bajo la premisa de que la reglamentación garantice el uso exclusivo de biomasa de bosques cultivados para proteger la biodiversidad nativa.
- Patricia Bullrich (CABA – La Libertad Avanza): Defendió la iniciativa al sostener que resguarda la transición hasta el año 2036, evita la concentración económica y apunta a contener los precios para los consumidores.
Críticas y cuestionamientos al capítulo del biodiésel
En la vereda opuesta, un sector de la Cámara alta centró sus objeciones en el mercado del biodiésel, al considerar que la normativa desprotege a las Pymes regionales y pone en riesgo fuentes de empleo fuera de los nodos portuarios.
- Jorge Capitanich (Chaco – Unión por la Patria): Cuestionó la reducción de la cuota Pyme del biodiésel del 7,5% al 4%, la delegación de facultades a la Secretaría de Energía mediante los artículos 12 y 13, la inclusión de combustibles sintéticos en el artículo 6 y la habilitación de contratos paralelos (artículos 14 y 15). Además, reclamó elevar el corte general al 15%.
- Pablo Ben Susán (La Pampa – Unión por la Patria): Rechazó la derogación de la Ley 27.640 y criticó la asimetría entre el bioetanol y el biodiésel, señalando que las plantas pampeanas, puntanas, entrerrianas y bonaerenses deberán competir con los gigantes santafesinos dotados de ventajas logísticas directas a los puertos.
- Fernando Aldo Salino (San Luis – Unión por la Patria): Defendió el dictamen de minoría y advirtió que la norma compromete las inversiones previstas hasta 2030, exigiendo ampliar el corte al 15% para integrar a todo el sector.
- Humberto Benedetto (Entre Ríos – Juntos por el Cambio / PRO): Apuntó contra la afectación a la seguridad jurídica de las empresas que invirtieron bajo las metas de la legislación anterior y propuso destinar un 5% del corte exclusivamente a las Pymes alejadas de los centros exportadores.
- José Mayans (Formosa – Unión por la Patria): Solicitó sin éxito un cuarto intermedio para acercar posiciones y advirtió que la desregulación sin salvaguardas regionales propiciará la absorción de los actores menores por parte de las grandes corporaciones y la cartelización de precios.
- Maximiliano Abad (Buenos Aires – UCR): Alineado con los cuestionamientos kirchneristas, respaldó el pedido de cuarto intermedio al argumentar que la industria bonaerense resulta perjudicada por el nuevo esquema.
Definición en el recinto y giro a Diputados
El pleno del cuerpo legislativo rechazó la moción de cuarto intermedio impulsada por el senador Mayans por 41 votos contra 25, resultado que se repitió en la votación en general para aprobar el proyecto.
Durante el debate en particular, la senadora informante Flavia Royón incorporó las modificaciones propuestas por el senador Pablo Servi (Neuquén), las cuales contaron con el respaldo de la senadora Carolina Losada (Santa Fe). Estos cambios ajustaron precisiones sobre empresas integradas y no integradas, los porcentajes aplicables al período de transición y las regiones geográficas de comercialización. Tras la aprobación de todos sus artículos, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional.
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