El presupuesto nacional se consolida como una herramienta de planificación para un país que busca ordenar sus reglas económicas. La hoja de ruta hacia 2027 tiene como base repetida el ancla fiscal en la pelea contra la inflación, mientras que la actividad económica y la recaudación se perfilan como los grandes desafíos en un año electoral.
Las autoridades nacionales proyectan alcanzar el cuarto año consecutivo de superávit fiscal primario. Entre las principales variables macroeconómicas estimadas por el equipo de Luis Caputo destacan el crecimiento del PBI del 3% —un punto menos en el promedio privado—, una inflación anual al 18% y un tipo de cambio con un dólar comercial promedio de $ 1.728 y una cotización de $ 1.847 para fines de 2027.
Esta pauta contempla un avance del tipo de cambio oficial cercano al 15% anual, determinado por la brecha entre la inflación doméstica estimada (18%) y la inflación internacional proyectada en torno al 3%. Además, la pauta oficial anticipa un crecimiento de la inversión del 9,2%, un incremento de las exportaciones del 8,5% —impulsado por el agro y el sector energético— y un leve aumento del gasto público al 15,5% del PBI debido a la actualización de partidas sociales indexadas.
Santa Fe y el rol de los gobernadores en la agenda legislativa
En el plano político, la provincia de Santa Fe mantiene una activa participación en las negociaciones nacionales. La vicegobernadora Gisela Scaglia anticipó que votará por la suspensión de las Paso y dejó en claro que no avala una reedición de Cambiemos. Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió con mandatarios provinciales cercanos, marcó diferencias con la gestión bonaerense y mantuvo el discurso de provincia productivista en paralelo a las negociaciones con la Jefatura de Gabinete de la Nación.
En la Casa Gris desestimaron las versiones sobre un posible traslado de las políticas de discapacidad a las provincias impulsado por Diego Santilli, en medio del recorte presupuestario a un área sensible. En paralelo, temas como la desindexación de la AUH generan debate dentro de las filas de La Libertad Avanza, mientras que funcionarias como Patricia Bullrich cuestionan trabas en gestiones clave como la nueva carta orgánica del BCRA y el propio presupuesto, reflejando una compleja trama de negociaciones políticas.
Fondos nacionales, obras y la discusión por la caja previsional
Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe observan que las partidas de coparticipación presentan pautas por encima de la inflación, un factor determinante en un presupuesto que destina el 70% de su gasto primario a rubros sin alternativas discrecionales, como la distribución primaria de fondos, las jubilaciones y la AUH.
El proyecto remitido al Congreso contempla fondos específicos para infraestructura y asistencia provincial:
- $ 27.454 millones: Destinados a la continuidad de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, ejecutadas por la provincia con aportes nacionales.
- Conservación vial: Incluye partidas para la Ruta Nacional N° 11 (tramo Rosario – Santa Fe), la Ruta Nacional N° 33 (tramo empalme R.N A008 con Circunvalación de Rosario), el reciclado y bacheo de la Ruta Nacional N° 178 por unos 21 km, y el tramo Las Garzas – Las Toscas de la Ruta Nacional N° 11, incluyendo el puente sobre el arroyo El Ceibalito.
- Obras plurianuales en rutas: Construcción de terceros carriles en cercanías de Rosario por la autopista a Buenos Aires, desde la circunvalación hasta la A012, con un total de 156,6 mil millones de pesos prometidos a Santa Fe para 2027.
- Asistencia previsional: Una partida de la Anses por 503 mil millones de pesos orientada a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
Respecto a este último punto, las negociaciones continúan abiertas. El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, detalló que la Anses abonó a Santa Fe $ 10 mil de los $ 120 mil millones comprometidos por la Nación en concepto de compensación previsional provisoria 2026, mientras que los restantes $ 110.000 millones se compensarán como devolución de un anticipo de coparticipación. Asimismo, el proyecto de ley nacional incorpora avales para préstamos internacionales, como el financiamiento de US$ 65 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional destinado al Bloque D del Acueducto Biprovincial entre Santa Fe y Córdoba.
La estrategia financiera y la flexibilización del crédito
Como parte de la estrategia para movilizar la economía sin recurrir a la emisión monetaria, el Gobierno nacional apuesta a la flexibilización del crédito en moneda extranjera para personas jurídicas. Según el secretario de Finanzas, Federico Furiase, los depósitos en dólares en el sistema bancario crecieron de US$ 23.000 millones a US$ 40.000 millones, aunque se estima que una cifra tres veces mayor permanece fuera del sistema formal, un escenario que motivó el debate en torno a la Inocencia Fiscal II en el Senado.
Actualmente, las entidades financieras prestan el 60% de los depósitos en dólares. Con la nueva flexibilización, la capacidad prestable de los bancos podrá elevarse hasta el 75% de sus depósitos en divisas, bajo estrictas exigencias macroprudenciales de liquidez, solvencia y exposición al sector público.
Esta medida busca liberar un potencial de hasta US$ 6.000 millones en créditos exclusivos para empresas, con foco en la construcción y los desarrollos inmobiliarios. Paralelamente, para estimular la demanda habitacional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prevé licitar plazos fijos de largo plazo —de 1 a 3 años— a los bancos, garantizando el fondeo para la oferta de créditos hipotecarios en el marco de un esquema de competencia de monedas y dolarización endógena.
Escepticismo en torno a la inversión privada
Pese a la solidez técnica de los argumentos oficiales sobre la contención de impactos externos —como la suba de tasas en Estados Unidos o el encarecimiento del petróleo por conflictos geopolíticos—, sectores económicos y analistas mantienen la cautela respecto a las proyecciones de inversión.
Si bien el presupuesto estima un crecimiento de la inversión del 9,2% y muestra una mayor sintonía con las expectativas del mercado en materia de inflación (18% oficial frente al 20% que estiman las consultoras en el relevamiento del BCRA) y tipo de cambio, economistas como Santiago Bulat advierten sobre la incertidumbre propia de un año electoral. Los comicios suelen potenciar la volatilidad y la dolarización de carteras en detrimento de la inversión productiva, a lo que se suma que cerca del 90% de los incentivos del RIGI se concentran en minería y energía, acotando el impacto directo sobre el resto del entramado industrial.
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