El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, dispuso hacer lugar al pedido que realizó la defensa de un grupo de policías que son investigados por su presunta participación en la maniobra por la que se habrían sustraído de la Administración Pública importantes sumas de dinero bajo la modalidad de adicionales que se cargaban a efectivos que estaban de franco pero que en realidad, cumplían funcionarios de turno.
La primera jornada de la audiencia se realizó el lunes 14 sin la presencia del Ministerio Público Fiscal (MPF), puesto que la defensa pidió que no estuviese presente en función de que iba a solicitar que se responda a una serie de puntos que tendría que evacuar la Policía de Entre Ríos (PER) y no le eran respondidos.
Ruhl entendió y lo sostuvo en aquella primera jornada, que era necesario que el MPF estuviese al tanto del pedido y conocer su opinión respecto a la pertinencia, porque si bien, como sostuvo Gerard, el nuevo Código determina que cada parte es responsable de construir su propio legajo, y si bien este no es público, tampoco es secreto para las partes, puesto que la contraparte va a conocer el algún momento la evidencia. Así, dispuso un cuarto intermedio que duró hasta este lunes.
En la audiencia que se realizó hoy, el fiscal, Juan Ramírez Montrull, previo de sostener la facultad del MPF de llevar adelante la investigación y pedir las medidas que considere necesario, acompañó el pedido de la defensa. El fiscal añadió que el MPF tiene también la función de controlar que los pedidos de producción de evidencia tengan razonabilidad y pertinencia respecto del objeto procesal.
La defensa entendía que aquella función de control que se atribuye el MPF es inapropiada para este tipo de instancia en la que las partes producen la evidencia con la que se presentarán en el debate a sostener sus hipótesis.
Gerad informó que –en la semana que trascurrió- desde la PER se evacuaron cuatro de los siete puntos solicitados, pero insistió que necesita para su teoría del caso que se evacúe el punto uno de su pedido, además de los otros dos que quedaron sin evacuar. El punto más destacado consiste en que se informe sobre una resolución interna de la fuerza en la que se sustanció un sumario administrativo por hechos similares a los que son motivo de esta investigación. Añadió que hubo una sanción administrativa y alcanzó a uno de sus defendidos en este legajo.
La hipótesis de Gerard consiste en demostrar que no hubo ningún accionar delictivo de sus defendidos, que las conductas endilgadas no son motivo de persecución penal y que el sistema se sostenía por la necesidad de obtener recursos económicos para el funcionamiento diario de un organismo de la complejidad estructural y administrativa como es la División 911, que cuenta con entre 60 y 70 efectivos trabajando por día.
Los puntos
Los puntos que la defensa pidió y no eran respondidos desde la PER y motivaron que sea un juez de Garantías el que deba resolver, consistió en que se entregue copia de la Resolución en la que se resolvió el mencionado sumario interno y su resolución; la nómina completa del personal racionado en el 911 en el periodo enero 2023 y diciembre 2025, con nómina, jerarquía y horario de servicio. También pidió que se informen cuál era el monto de la partida presupuestaria afectada para el racionamiento del personal del 911, en aquel período, discriminados por meses.
La defensa también instó que se informe el listado de personal policial afectado l 911que renovó el carnet de conducir en el periodo solicitado para los puntos anteriores, con nómina, jerarquía y costos de cada trámite en cada caso, y se informe quien asumió tales emolumentos, adjuntando los comprobantes correspondientes.
Otro punto a responder consistió en que se informe cuál era el monto de la partida presupuestaria afectada para el mantenimiento de las instalaciones y de los automotores afectados al 911, en el periodo enero 2023 y diciembre 2025, discriminados por meses; que remita detalle del total de los móviles afectados al 911 para aquel período, con descripción de tipo (moto, auto, minibus o camioneta).
Finalmente pidió que se remita informe que discrimine la partida presupuestaria cuantitativa (en pesos o en litros de combustible), destinado a cada móvil afectado al 911, discriminado en meses, entre enero 2023 y diciembre 2025.
El hecho
El hecho que se investiga habría consistido en que entre 2023 y 2025, funcionarios policiales que cumplían funciones en la División 911, “cumpliendo las órdenes de sus superiores, recibían en su cuenta sueldo del Nuevo Banco de Entre Ríos SA pagos de dinero en concepto de servicios adicionales de guardia o turno que no habían prestado y que habían realizado otros funcionarios de la División, y una vez liquidado el monto por la División Adicionales forma mensual, debían extraerlo en efectivo y entregarlo personalmente a sus superiores mencionados en el despacho de la Sección Patrulla de dicha División sita la intersección de avenidas Ramírez y Gualeguaychú de Paraná”.
El ardid o maniobra se habría realizado “con la excusa de destinarlo a cubrir los gastos de la alimentación diaria del personal y la reparación de patrullas”, añadiendo que “para lograr esta maniobra y dar apariencia de legalidad, las autoridades del 911 informaban falsamente a la División Adicionales, en forma mensual, la nómina del personal que no había prestado el servicio de guardia o turno para que se les deposite el dinero. Causando con su accionar un perjuicio al erario público provincial».
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