La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso este jueves hacer lugar al pedido que formuló la defensa del sacerdote César Schmidt, que está acusado del delito de Homicidio simple en grado de tentativa. Se lo acusó de electrificar, por seguridad, una cerca de su casa que un chico intentó superar para recuperar una pelota, sufriendo una descarga que puso su vida en peligro y le causó serías lesiones. El hecho ocurrió 7 de marzo. El chico se recupera de las lesiones que sufrió.
La audiencia de este jueves se realizó para remitir la causa a juicio ante un juez técnico. Barbagelata escuchó el planteo de una nueva situación que a criterio de la defensa era motivo de suspensión de la remisión a debate. El nuevo hecho consistió en que por estudios en salud mental que se le realizaron al cura, que datan de 2020 y fueron aportados por la defensa, no está claramente determinado que entendió la criminalidad del hecho que se le imputa y lo podría llevar a la cárcel en virtud de que las acusaciones adelantaron que pedirán pena de cumplimiento efectivo.
La defensa pretende que el debate transite por una supuesta inimputabilidad, porque no entendía la criminalidad de sus actos, o por una incapacidad sobreviniente, que le impediría transitar el proceso y ejercer su defensa material en un juicio, mientras que las acusaciones, tanto pública como privada, sostienen lo contrario: que el sacerdote está en condiciones de pasar por la etapa intermedia y sentarse, llegado el caso, ante un juez en un debate oral y público. Entienden que actuó con dolo, con conocimiento de las consecuencias que podría acarrear aquella conducta.
La defensa destacó que la pericia solicitada es importante porque habilitaría a discutir la calificación legal, que en esta etapa es provisoria y puede ser modificada durante el proceso, puesto que las acusaciones entienden que hubo una conducta dolosa, es decir, una que se realizó con conocimiento de las consecuencias que podría acarrear.
Según la defensa, aquel estudio arrojó que Schmidt no tendría conocimiento ni conciencia de la enfermedad que padecería, que se manifestaría en delirios y situaciones obsesivas, como que “no quería que le roben”. En este punto, cuando la jueza le preguntó a la defensa –a cargo de Alejandra Pérez y Mario Martínez, qué patología padecería, recibió por respuesta que eso es lo que se pretende determinar con la pericia.
La defensa aclaró que el pedido no se formulaba de “mala fe procesal” o para “dilatar” el proceso, sino que se fundaba en informes de entidades públicas y privadas por las que pasó el sacerdote.
La defensa hizo hincapié en que el examen psicológico que se le realiza a un imputado para determinar si están ubicado en tiempo y espacio, no alcanzó a dar cuenta del cuadro que padecería el clérigo, destacando que aquella ubicación no implicaría estar orientado «en persona».
Acusaciones
Fiscalía, representada por Patricia Yedro, y la querella, en manos de Leopoldo Capa, acompañaron la medida de la defensa. La fiscal destacó que las conclusiones que arrojen los estudios permitirán llagar al futuro debate con la imputabilidad determinada. También reafirmó la calificación legal escogida en esta etapa, ratificando su hipótesis de un delito doloso.
Capa también acompañó el pedido por iguales razones pero dejó sentado que la querella entiende que el sacerdote es totalmente imputable, pero para garantizar el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, no se iba a oponer.
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