El gobierno de la provincia de Santa Fe desplegó un plan estratégico para prevenir los efectos del fenómeno climáticos El Niño en el territorio, con una inversión superior a los $ 14 mil millones destinados exclusivamente a la limpieza de canales. Los detalles de esta batería de medidas fueron expuestos por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, que preside el legislador radical Dionisio Scarpin.
Durante el encuentro —la única actividad legislativa de la semana, enmarcada por el clima festivo de los Juegos Suramericanos—, el titular de la cartera estuvo acompañado por el secretario general del ministerio, Marcos Renna. La reunión parlamentaria derivó también en debates sobre la futura ley de Ordenamiento Territorial y posibles obras en carpeta.
Radiografía del riesgo hídrico y antecedentes de usurpación
El ministro Lisandro Enrico defendió las erogaciones realizadas, aunque advirtió con crudeza sobre la magnitud del peligro: «Si llueve mucho vamos a tener problemas en muchas localidades». Ante eventuales emergencias, recordó que Protección Civil constituye la primera línea de respuesta estatal bajo una hoja de ruta preablecida.
En esa línea, el funcionario alertó que unas 1.900 familias del Gran Santa Fe habitan en el valle de inundación. Asimismo, reiteró una grave problemática ya denunciada ante el medio El Litoral: se registraron más de 250 roturas en la defensa de la ruta 1, perpetradas por vecinos para acceder de manera directa a sus viviendas. Como ejemplo crítico, citó el caso del terraplén Garello, donde tras desalojar a un grupo familiar y alquilarles una propiedad alternativa, los usurpadores reingresaron ilegalmente a la zona de riesgo.
Obras de defensa y limpieza de canales en tres regiones
Con el territorio provincial dividido en tres zonas operativas, la administración santafesina ejecuta un plan hídrico sobre una red de 18.500 kilómetros de cursos de agua, que van desde el río Salado y el río Carcarañá hasta canales menores.
Las tareas de limpieza adjudicadas a empresas privadas demandaron:
- Zona norte: $ 4.603 millones para 259 km.
- Zona centro: $ 5.075 millones para 352 km.
- Zona sur: $ 4.826 millones para 322 km.
Un relevamiento oficial determinó que existen 100 localidades con alto riesgo hídrico, de las cuales 90 ya cuentan con intervenciones activas. En materia de obras de defensa, las partidas se distribuyeron de la siguiente manera: $ 13.455 millones en el norte (para Villa Minetti y Santa Margarita); $ 45.126 millones en el centro (destinados al Gran Santa Fe, el terraplén Garello, María Susana y San Javier); y $ 30.400 millones en el sur (para el terraplén Melincué, la cascada Saladillo y la estación de bombeo de La Picasa).
A esto se suman $ 89.000 millones en contrataciones directas con empresas, $ 5.174 millones girados a 29 comités de cuenca y $ 6.086 millones distribuidos entre 51 municipios. Además, la cartera provincial adquirió maquinaria pesada, camiones de traslado y bombas, al tiempo que reparó los 40 equipos de bombeo de la Municipalidad de Santa Fe. Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad lleva invertidos $ 19.458 millones en estabilizados granulares, arenados, alcantarillas, puentes y alteos.
Aportes nacionales y articulación internacional con Brasil
El informe ante los legisladores incluyó el detalle de tres Aportes No Reintegrables (ATN) enviados por la Nación por un total de $ 2.933 millones para asistir a 14 municipios afectados por precipitaciones extraordinarias. Entre las comunas más beneficiadas se ubicaron Vera (con $ 638 millones), María Teresa (con $ 530 millones) y Villa Minetti (con $ 425 millones).
En el plano internacional, el secretario Marcos Renna confirmó que Santa Fe estableció canales directos de diálogo con autoridades hídricas de Brasil para anticiparse a posibles crecidas del río Paraná y monitorear el comportamiento de las represas hidroeléctricas. «Santa Fe abrió una negociación con Brasil por el tema aguas», enfatizó el funcionario ante la consulta sobre la articulación con el Gobierno Nacional y otras provincias.
Finalmente, las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de consolidar un plan integral basado en el fortalecimiento de la gobernanza hídrica, la optimización de los procedimientos de atención y una estricta coordinación interjurisdiccional.
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