El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que cuenta con la participación de legisladores santafesinos, inicia este miércoles el debate del proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei. La ambiciosa iniciativa oficialista, que consta de más de 130 artículos, abarca desde la reivindicación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el endurecimiento de penas por la explotación ilegal de recursos en la plataforma continental hasta la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.
La agenda legislativa acelera hacia el cierre de sesiones ordinarias
La agenda de la Cámara de Diputados acelera su ritmo a dos meses del cierre del período ordinario de sesiones, fijado para el 30 de noviembre, con una serie de expedientes sensibles tanto para el oficialismo como para la oposición.
Mientras que para el martes a las 14 se aguarda el plenario de las comisiones de Finanzas y de Derechos del Consumidor y la Competencia —instancia que deberá dirimir un dictamen sobre morosidad—, al día siguiente confluirán tres cuerpos legislativos para iniciar el debate del proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional. El tratamiento de esta iniciativa fue requerido con urgencia por el presidente Javier Milei, quien confía en cosechar los apoyos necesarios para una temática que considera estratégica para el país.
Un articulado extenso y de alto voltaje político
La propuesta consta de más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos, los cuales trazan un amplio abanico de medidas. Este abanico comprende desde un endurecimiento de las sanciones por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina hasta multas por operar con empresas no autorizadas. Asimismo, prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario y introduce modificaciones en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Si bien el punto de partida es la reivindicación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio nacional, el proyecto contempla la derogación y modificación de múltiples normativas, por lo que se anticipa un debate complejo para el bloque oficialista.
El despliegue de las comisiones y sus representantes
El debate central tendrá lugar el miércoles a las 12, con la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal —presidida por Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba)—, de Defensa Nacional —a cargo de Carlos Zapata (LLA-Salta)— y de Relaciones Exteriores y Culto —liderada por Juliana Santillán (LLA-Buenos Aires)—.
De acuerdo con el esquema de comisiones, el plenario reunirá a diversos legisladores en representación de la provincia de Santa Fe. En la primera comisión operarán Pablo Farías (PU), José Nuñez (PU), Alejandro Bongiovanni (LLA) y Juan Pablo Montenegro (LLA). En la segunda participarán Agustín Rossi (UxP), Germán Martínez (UxP), Alejandro Bongiovanni (LLA) y Valentina Ravera (LLA). Finalmente, la tercera contará con Esteban Paulón (PU), Gisela Scaglia (PU), Caren Tepp (UxP), Florencia Carignano (UxP) y Nicolás Mayoraz (LLA).
Medios especializados consignan que la intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre, con el propósito de llevar el proyecto al recinto en una sesión convocada para el día siguiente.
Principales ejes del proyecto
Tal como sintetizó la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes realicen o cooperen en la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes, además de imponer la inhabilitación para operar en la Argentina.
El texto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las restricciones, extendiéndolas más allá de los hidrocarburos para abarcar cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, se dispondrá la creación de un registro público de infractores, prohibiendo al Estado y a los particulares contratar con las personas o firmas allí inscriptas, e incorpora la figura del juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva legislación.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto instituye un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Este organismo tendrá bajo su órbita la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la custodia de infraestructuras críticas. Entre sus facultades, se le otorga la potestad de dictar medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, tales como restringir operaciones cambiarias y financieras, congelar temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones, y elevar de manera transitoria los derechos aduaneros.
Dentro de las prerrogativas de defensa, el protocolo contempla como último recurso —tras agotar las instancias previas— el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques catalogados como hostiles.
Financiamiento político, inteligencia y seguridad interior
En materia electoral, la normativa prohibirá los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Asimismo, tipifica nuevos delitos vinculados con la filtración de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y las acciones orientadas a manipular procesos electorales o la opinión pública mediante desinformación masiva, al igual que la promoción o financiamiento de actos de violencia o sabotaje.
Por último, el proyecto redefine las misiones de la Defensa Nacional, facultando su intervención en asuntos de seguridad interior ante amenazas externas, tanto de carácter estatal como no estatal. La integración formal por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) habilitará la inmovilización de activos y vedará toda operatoria financiera a los sujetos incluidos en dicho listado.
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