El abogado defensor de Milton Fabrizio Espeche cuestionó este jueves la repercusión en redes sociales y las amenazas recibidas por su cliente, imputado por la difusión de imágenes de caza ilegal de aves silvestres en la zona de la Laguna Setúbal. Mientras el Ministerio de Ambiente provincial impulsa una sanción administrativa con la multa máxima y avanza la investigación penal en la ciudad de Santa Fe, la defensa reclama que el caso se analice estrictamente bajo el debido proceso y las garantías constitucionales.
La causa por la caza furtiva en la Laguna Setúbal
La investigación judicial originada a partir de la viralización de imágenes sobre caza de aves silvestres en la zona de la Laguna Setúbal sumó en las últimas horas la intervención formal de la defensa. Emanuel Márquez asumió la representación legal de Milton Fabrizio Espeche, el hombre señalado como el autor de las publicaciones, y confirmó que aún aguarda el acceso total al legajo penal para definir la estrategia procesal.
El letrado explicó que se constituyó formalmente como defensor del imputado y que espera examinar todos los elementos incorporados por los investigadores antes de emitir valoraciones técnicas. La pesquisa se había iniciado tras la difusión de fotografías y videos en redes sociales que mostraban al sospechoso junto a distintas especies de aves acuáticas, lo que derivó en una serie de procedimientos y requisas en domicilios vinculados al caso.
Durante los allanamientos concretados en el marco de la causa, los efectivos constataron la existencia de armas de fuego que contaban con la documentación y las habilitaciones correspondientes. No obstante, en dichos procedimientos no se hallaron ejemplares de fauna silvestre muertos ni restos biológicos recientes que permitieran vincular materialmente los domicilios con las imágenes difundidas.
Cuestionamientos de la defensa y armas en regla
En relación con el material probatorio, la defensa sostuvo que las fotografías ventiladas en internet «no son recientes» y que fueron «sacadas totalmente de contexto». Asimismo, el abogado rechazó la calificación pública que se le otorgó a su defendido tras la repercusión del hecho.
«Se ha generado un revuelo mediático en redes sociales en donde se lo ha intentado hacer ver a él como un masacrador de animales que realmente no es así», afirmó Márquez, quien insistió en que Espeche colaboró con las autoridades y puso a disposición los elementos requeridos.
En cuanto al arsenal hallado, la defensa remarcó: «Tenía todo en regla, toda la documentación, todas las habilitaciones correspondientes». A su vez, enfatizó que en los operativos no se incautó ningún elemento que pudiera relacionarse directamente con las aves exhibidas en los registros fílmicos y fotográficos.
La postura oficial y el expediente administrativo
La versión aportada por el defensor contrasta de plano con las actuaciones que llevan adelante las autoridades ambientales de la provincia. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Ambiente, Espeche revista como trabajador de planta permanente del Estado provincial y carece de licencia habilitante para la práctica de la caza deportiva.
Desde la cartera ambiental recordaron que la actividad cinegética se encuentra vedada durante todo el año en los departamentos La Capital y Rosario. Paralelamente, el expediente administrativo analiza las particularidades de las imágenes cuestionadas, contemplando:
- La identificación de al menos diez especies de patos y aves acuáticas.
- La presencia de ejemplares de pato crestudo, considerado una especie protegida y amenazada en territorio santafesino.
- La cantidad de piezas obtenidas y el presunto incumplimiento de los cupos permitidos por la normativa vigente.
En este sentido, el Gobierno provincial ratificó que impulsará la aplicación de la sanción pecuniaria máxima prevista por las leyes ambientales, cuyo monto asciende a $ 3.456.434,80. Dicha actuación administrativa se tramita de forma independiente a la pesquisa penal en curso.
Subsistencia y situación procesal
Consultado sobre el propósito de las incursiones cinegéticas expuestas en los registros, el representante legal indicó que su asistido es «un padre de familia» que realizaba la actividad de manera ocasional y con fines de subsistencia, descartando una intención deliberada de dañar el medio ambiente. Ante los interrogantes sobre el destino final de las aves, el letrado evitó precisiones y reiteró que aguardará el avance formal del sumario.
En otro orden, la defensa denunció que el acusado fue objeto de mensajes intimidatorios y hostigamiento a raíz de la exposición pública del caso, y reclamó que cualquier reproche de conducta se canalice estrictamente dentro de los carriles legales.
«Él está dispuesto a asumir las responsabilidades de su conducta, pero siempre dentro del marco legal y garantizándose el debido proceso y las garantías constitucionales», expresó Márquez, al tiempo que peticionó que su defendido transite la investigación en libertad, valorando la inexistencia de riesgo de entorpecimiento procesal y la predisposición evidenciada durante las requisas domiciliarias.
La Justicia continuará con el análisis de las evidencias digitales para dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron capturadas las imágenes, mientras se sustancian en paralelo las actuaciones administrativas por infracción a la legislación protectora de la fauna silvestre.
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