Poder Ciudadano advirtió que las políticas actuales buscan ampliar la impunidad

Durante la cena anual de Poder Ciudadano, el presidente de la entidad, Martín D’Alessandro, cuestionó con dureza las políticas de transparencia y control del Gobierno nacional al advertir que en los últimos años se buscó «ampliar la impunidad». En su discurso, el referente institucional también alertó sobre el retroceso de Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde el país obtuvo su puntaje más bajo de la última década al ubicarse en el puesto 104 entre 182 naciones evaluadas.

Una dura advertencia sobre la transparencia institucional

«En los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad». Con esa definición, el presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, planteó una fuerte crítica a las políticas del Gobierno nacional en materia de corrupción, transparencia y controles institucionales.

El pronunciamiento se produjo durante la tradicional cena anual de Poder Ciudadano, realizada en el hotel Sheraton de Retiro bajo el lema «Las Instituciones Importan». El encuentro reunió a representantes de distintos espacios políticos, integrantes del Poder Judicial, empresarios y referentes de la sociedad civil. La participación de dirigentes de La Libertad Avanza fue reducida y no asistieron miembros del Gabinete nacional.

Los cuestionamientos de Poder Ciudadano

Martín D’Alessandro sostuvo que en los últimos años no se registraron, según la evaluación de la organización, avances significativos en políticas destinadas a incrementar la transparencia y prevenir hechos de corrupción.

Entre los puntos cuestionados mencionó iniciativas vinculadas con la investigación de casos de corrupción, cambios propuestos en materia electoral y de financiamiento de campañas, el manejo de fondos destinados a inteligencia y modificaciones en los mecanismos de participación ciudadana.

El titular de Poder Ciudadano también planteó que reducir el tamaño del Estado no constituye, por sí solo, una política anticorrupción. En ese sentido, sostuvo que si bien una regulación excesiva puede generar oportunidades para prácticas irregulares, una desregulación sin mecanismos adecuados de control también puede favorecer abusos.

Argentina y el índice internacional de corrupción

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con la posición de Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional, organización de la cual Poder Ciudadano es el capítulo argentino.

El país obtuvo 36 puntos sobre 100 y quedó ubicado en el puesto 104 entre 182 países, cinco lugares por debajo de la posición registrada en la medición correspondiente a 2024. El resultado representa el puntaje más bajo del país en una década.

El indicador mide la percepción sobre la corrupción en el sector público a partir de distintas fuentes y evaluaciones de especialistas y actores vinculados con el ámbito empresarial. Por esa razón, no representa un registro directo de denuncias, investigaciones o condenas judiciales por corrupción.

Martín D’Alessandro también vinculó los niveles de transparencia con el desempeño económico. Según sostuvo, este tipo de indicadores internacionales forma parte de los elementos que los inversores pueden considerar al analizar las condiciones institucionales de un país.

El rol de los controles y la sociedad civil

Durante su discurso, el titular de Poder Ciudadano puso además el foco en la participación de la sociedad civil como parte de los mecanismos de control sobre el Estado.

En ese marco, cuestionó modificaciones relacionadas con el acceso a la información pública y la participación ciudadana en procesos vinculados con la designación de jueces.

También expresó reparos sobre iniciativas referidas a la regulación de la gestión de intereses —conocida como lobby— y a la defensa de la soberanía nacional, al considerar que podrían imponer restricciones al funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

La entidad sostiene que la intervención de organizaciones y ciudadanos puede complementar los controles institucionales y contribuir a la rendición de cuentas de los organismos públicos.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, se sostiene que las reformas impulsadas buscan reducir la burocracia, mejorar la eficiencia estatal y revisar el funcionamiento de organismos y regulaciones.

En materia de transparencia, la administración nacional mantiene vigente el Portal Nacional de Transparencia, administrado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que monitorea el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 27.275.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el Índice de Transparencia del Sector Público Nacional alcanzó un promedio de 67,7 puntos sobre 100 durante el primer semestre de 2026, un 9,4% por encima del resultado del segundo semestre de 2025. La medición comprendió 189 organismos.

Este indicador oficial mide el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa y acceso a la información pública, por lo que utiliza una metodología diferente a la del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y ambos resultados no son directamente comparables.

Poder Ciudadano cerró su encuentro anual con un llamado a fortalecer los controles, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Los cuestionamientos de la organización volvieron así a instalar el debate sobre las políticas anticorrupción y los mecanismos de transparencia del Estado.


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