El diputado provincial Walter Agosto ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Santa Fe para conocer las cifras de los déficits previsionales entre 2024 y 2026, ante el inminente vencimiento de la emergencia en la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La iniciativa busca evaluar la sustentabilidad fiscal del organismo, la relación entre activos y pasivos, y el impacto de los aportes solidarios implementados por la Ley N.º 14.283.
El pedido de informes sobre el déficit previsional en Santa Fe
El legislador justicialista Walter Agosto ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Santa Fe con el objetivo de conocer las cifras oficiales de los déficits previsionales correspondientes a los años 2024, 2025 y el período comprendido entre enero y agosto del corriente año.
Según explicó el diputado en los fundamentos de la iniciativa, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe elaboraba y presentaba históricamente un informe periódico sobre la evolución del sistema previsional con series estadísticas desde el año 2003. Dicha información se expuso de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023. Para Walter Agosto, contar nuevamente con estos datos resulta indispensable para analizar la situación financiera y presupuestaria del organismo de cara a los ejercicios 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.
El impacto de la emergencia previsional
El legislador recordó que el 12 de septiembre de 2024, la Legislatura sancionó la Ley N.º 14.283, la cual declaró la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios provinciales por el término de dos años. Esta normativa contempla una prórroga de un año adicional a instancia del Poder Ejecutivo en caso de persistir las condiciones de desequilibrio financiero que motivaron la medida.
Entre las disposiciones centrales, la ley estableció aportes solidarios a cargo de los beneficiarios y de sectores específicos del personal en actividad, modificó la escala de contribuciones activas, rediseñó el cálculo y la movilidad de los haberes, endureció los requisitos de edad y servicios, y creó una Comisión Técnica de Control y Seguimiento de la Emergencia Previsional.
«El período que abarca este pedido coincide con la vigencia de la emergencia, y contar con información actualizada permitiría evaluar los resultados de las medidas adoptadas y la situación del sistema ante el vencimiento del plazo de dos años», explicó Walter Agosto al diario El Litoral.
La relación entre activos y pasivos en la mira
Para el legislador, dimensionar el déficit anual permite calcular con precisión la brecha entre los recursos genuinos y los gastos previsionales, un bache financiero que debe cubrirse con fondos generales de la Provincia.
Asimismo, advirtió que la proporción del déficit frente al gasto total del Presupuesto Provincial refleja el peso real de las cuentas públicas sobre el erario. Estos indicadores constituyen un insumo estratégico para evaluar la sostenibilidad fiscal y anticipar las necesidades de financiamiento.
El informe solicitado también contempla la evolución de la tasa de sostenimiento —la relación entre aportantes activos y beneficiarios pasivos—, considerada un pilar fundamental para medir la sustentabilidad de los regímenes de reparto.
Por último, el proyecto exige relevar la cantidad de resoluciones firmadas por año y el volumen de expedientes en trámite. Esto permitirá auditar la capacidad operativa de la Caja y detectar posibles demoras que afecten a los futuros jubilados y pensionados, especialmente tras la instrumentación del nuevo procedimiento administrativo y el plazo de 90 días hábiles fijado por la Ley N.º 14.283 para resolver los trámites pendientes.
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