La Unidad Fiscal de Rosario solicitó la elevación a juicio de una médica obstetra de 87 años, acusada de fraguar certificados de nacimiento en 1981 y 1982 que permitieron inscribir falsamente a dos niñas en el Registro Civil. La investigación, tramitada en el Juzgado Federal N.º 3 de la jurisdicción santafesina, imputa a la profesional por los delitos de alteración del estado civil de menores y falsedad ideológica, tras confirmarse mediante pericias genéticas la inexistencia de vínculo biológico con sus familias de crianza.
Solicitan elevación a juicio para una obstetra por alteración de filiación
La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron que una médica obstetra sea juzgada por su presunta participación en la alteración de la filiación de dos mujeres nacidas en 1981 y 1982. La investigación sostiene que Olga Concepción Artale de Silva habría extendido certificados médicos con información falsa que luego se utilizaron para inscribir a ambas en el Registro Civil como hijas biológicas de personas con las que no tenían parentesco.
El pedido de elevación a juicio se presentó después de que quedara firme el procesamiento de la profesional, dictado en agosto por el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros. La médica permanece en libertad y está imputada por los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público, según informó el Ministerio Público Fiscal.
El origen de las denuncias y la unificación de causas
La causa se originó a partir de las presentaciones realizadas por Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos en 2022 y 2023. Ambas advirtieron que no existía un vínculo biológico con las personas que aparecían como sus padres en las partidas de nacimiento. Aunque los expedientes comenzaron a tramitarse por separado, luego fueron unificados por la coincidencia de la profesional señalada.
Alzugaray fue criada en la localidad santafesina de Maciel por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Según su relato ante la Justicia, desde chica sabía que no era hija biológica de la pareja, pero esa información no estaba reflejada en la documentación oficial. En su partida figuraba que había nacido el 11 de junio de 1981 y la obstetra había certificado una filiación que, de acuerdo con la investigación, no se correspondía con su origen.
La mujer también contó que su padre de crianza le había explicado que el contacto para su entrega se había realizado a través de una hermana de la médica, que mantenía una relación con Ceresole. Según esa versión, fue entregada a la familia en una vivienda de la calle Richieri al 2000, en Rosario.
El caso de Lobos presenta coincidencias. La mujer descubrió en la adultez que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos, quienes figuraban como sus progenitores. Su partida consignaba como fecha de nacimiento el 5 de agosto de 1982 y también contenía una filiación que la investigación considera falsa. La búsqueda de sus orígenes llevó a Alzugaray a conocer a Lobos, y ambas identificaron similitudes en sus historias.
Según la hipótesis fiscal, en los dos casos la obstetra habría entregado certificados de nacido vivo con su firma, documentos que habrían permitido registrar los nacimientos con datos sobre la filiación ajenos a la realidad biológica.
Peritajes genéticos y evaluaciones a la imputada
Para verificar las denuncias, la Justicia ordenó obtener muestras genéticas de las mujeres y de quienes figuraban como sus padres. En el procedimiento participaron el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los perfiles fueron analizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyos informes descartaron el vínculo biológico entre las denunciantes y sus respectivos padres de crianza.
El avance de la causa también estuvo condicionado por las evaluaciones realizadas a la imputada. En mayo de 2025, cuando fue convocada a declarar por el caso de Lobos, Artale de Silva se negó a hacerlo y manifestó que padecía problemas de memoria, que atribuyó a un antiguo accidente laboral y a un traumatismo reciente.
Una primera evaluación interdisciplinaria de los Tribunales Federales de Rosario concluyó que presentaba un deterioro cognitivo que le impedía comprender el proceso judicial. La querella cuestionó ese informe porque no precisaba si la condición era transitoria o permanente. En diciembre de 2025, el juzgado suspendió el trámite y ordenó una nueva evaluación.
El segundo examen, realizado en marzo de 2026, determinó que la médica presentaba un deterioro cognitivo leve, pero que estaba en condiciones de comprender la causa penal. Por ese motivo, el proceso se reanudó. El 2 de julio, el juez le tomó declaración indagatoria por el caso de Alzugaray y, el 3 de agosto, dictó su procesamiento sin prisión preventiva.
El magistrado consideró que la conducta atribuida a la profesional habría sido relevante para que las filiaciones cuestionadas quedaran asentadas en documentos públicos. Sin embargo, resolvió que continuara en libertad al no advertir cambios en los riesgos procesales que justificaran una medida de prisión preventiva.
Búsqueda de las madres biológicas y aclaración judicial
Mientras la Fiscalía y la querella buscan avanzar hacia el juicio, la Unidad Fiscal Rosario pidió la colaboración de la población para identificar o localizar a las posibles madres biológicas de las dos mujeres. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes hayan dado a luz en fechas próximas a las consignadas en las partidas de nacimiento de 1981 y 1982 y puedan aportar datos útiles.
Quienes tengan información pueden comunicarse con el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario al 341-2859127 o escribir al correo electrónico oficial. La Fiscalía aclaró, además, que esta investigación no está vinculada con otra causa reciente en la que se encuentra imputada una partera de 88 años conocida como ?Dolly?, tratándose de expedientes diferentes, con profesionales distintas y hechos que se investigan por separado.
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