Las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomarán sus actividades la próxima semana con una nueva ronda de consultas. El objetivo es escuchar a diversos actores sociales en el marco del análisis del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública».
Según pudo saber El Litoral, un total de ocho entidades serán recibidas el miércoles para dar continuidad a un debate iniciado formalmente esta semana con instituciones clave como el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal y la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Nuevos actores invitados al plenario
El listado de expositores que participarán en el plenario de comisiones incluye a organizaciones de Santa Fe y de Rosario. Entre ellas figuran el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, la Red Puentes, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos «Juan Carlos Gardella», representantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción y la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad.
Reformas estructurales bajo análisis
El mensaje del Poder Ejecutivo propone reformas integrales a cinco leyes provinciales vinculadas con la seguridad pública. Las modificaciones alcanzan al Código Procesal Penal, a la Ley de Ejecución Penal, a la Ley de Recompensas, a la Ley de Inteligencia y a la Ley Orgánica de la Policía.
Como parte de la estrategia legislativa, la Cámara de Diputados unificó el tratamiento de este mensaje con otros dos expedientes ya sancionados por el Senado: la norma que modifica el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y la ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, diseñada para combatir el robo de celulares.
Tras decidir el trabajo conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad, los legisladores abrieron el diálogo con los sectores involucrados. En ese marco, este miércoles expusieron los representantes del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público de la Acusación y los siete integrantes del máximo tribunal provincial.
Cuestionamientos judiciales y objeciones constitucionales
Las principales objeciones surgieron desde la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados advirtieron sobre una delegación «excesiva» de facultades a la policía y, en algunos casos, a los fiscales, lo cual —según alertaron— podría derivar en vicios de inconstitucionalidad.
Entre los puntos más resistidos se encuentran la habilitación para realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias y la posibilidad de tomar declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Asimismo, genera controversia la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para solicitar pedidos de recompensa de manera autónoma, sin el requerimiento previo de un fiscal.
Por otra parte, la normativa orientada a combatir el robo de teléfonos celulares autoriza a la policía a solicitar a cualquier ciudadano el IMEI (International Mobile Equipment Identity), un código único de 15 dígitos que funciona como la «huella digital» del aparato. En caso de que la persona se niegue a facilitar el dispositivo, las fuerzas de seguridad estarán facultadas para requisarlo y secuestrarlo.
Para el ex fiscal general de la provincia y actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Baclini, esta disposición introduce una «presunción de ilicitud excesiva».
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