Presupuesto, Tributaria y leyes de Seguridad en la agenda legislativa de Santa Fe

El oficialismo de Unidos en Santa Fe busca definir en las próximas dos semanas tres mensajes clave del Poder Ejecutivo sobre seguridad pública en la Legislatura provincial, que incluyen una inédita cumbre con los ministros de la Corte Suprema. En paralelo, el gobierno de Maximiliano Pullaro confirmó que el Presupuesto 2027 ingresará en la última semana de octubre y la ley Tributaria en la primera quincena de noviembre, con el objetivo de abrochar ambas iniciativas antes de fin de año.

Cuenta regresiva en la Legislatura santafesina

Al año 2026 le quedan unos 75 días y al período legislativo algunos menos, ya que la última quincena de diciembre registra escasa actividad, salvo en los años de recambio gubernamental, cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo de Santa Fe asumen y generan necesidades impostergables.

Para lo que resta del año, al Poder Legislativo le quedan por definir tres mensajes del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública, además de los clásicos de fin de año: el Presupuesto y la Ley Tributaria para el ejercicio siguiente. Posteriormente, avanzarán los temas propios de la agenda parlamentaria. En el oficialismo de Unidos existen intenciones de aprobar la ley que regula el enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, una norma que constituye uno de los mandatos constitucionales pendientes.

En materia de seguridad pública, son tres los proyectos a consideración, de los cuales dos ya fueron convalidados por el Senado, aunque retornarán a la Cámara Alta con diversas revisiones.

Se trata de la iniciativa bautizada por el propio Poder Ejecutivo como Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública; la conformación de un sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos; y la creación, dentro del ámbito de la Defensa Pública, de unidades especiales destinadas, por ejemplo, a la defensa de efectivos de las fuerzas de seguridad.

Sobre estas tres cuestiones se debatió extensamente el pasado miércoles durante un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Pública. Los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia asistieron al encuentro, seguidos por dos funcionarios de alto rango del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y, finalmente, por la defensora general, Estrella Moreno Robinson.

Una inédita cumbre entre poderes

El eje central del cónclave entre los diputados y la Corte giró en torno a las herramientas mediante las cuales el Poder Ejecutivo propone modificar el régimen procesal penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas, además de ampliar las facultades policiales para casos especiales.

«Los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal y la vigencia real del Estado de Derecho«, señalan los fundamentos del Poder Ejecutivo en el mensaje remitido a la Cámara de Diputados.

La decisión de la Corte de aceptar la invitación institucional y concurrir en su totalidad al recinto de Diputados resultó inédita, con la salvedad de que los magistrados evitaron abordar cuestiones de constitucionalidad. El mensaje de la cabeza del Poder Judicial pareció contundente: existe preocupación respecto a los alcances de determinados artículos.

Las facultades otorgadas a la policía y al Servicio Penitenciario encabezan las inquietudes de los ministros supremos, quienes hicieron punta en sus observaciones a través de los penalistas que integran el cuerpo: Daniel Erbetta —posible presidente en 2027— y Jorge Baclini, ex fiscal general de la provincia. Por su parte, los integrantes más veteranos, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, formularon apreciaciones puntuales. Falistocco hizo notar que a una reforma de esta magnitud le faltaron estadísticas que ameriten su tratamiento.

Aun así, todos los ministros partieron de reconocer que los índices de seguridad han mejorado sustancialmente en la provincia. Incluso, Erbetta mencionó datos sobre los avances en la situación de personas detenidas y los casos de microtráfico que hoy concentran gran parte de la labor de los fiscales del MPA.

Sintonía fina en el oficialismo

En el seno de Unidos, los legisladores socialistas insistieron en la necesidad de priorizar el diálogo, tal como ocurrió al momento de reformar el sistema penal. En los hechos, reconocieron que muchos de los planteos formulados por los ministros de la Corte coinciden con sus propias inquietudes.

Por su parte, los radicales señalaron que la mayoría de las observaciones de los magistrados ya se encontraban contempladas en los borradores de anteproyecto que circulan entre los diputados oficialistas. Dichos textos se encuentran en poder de los legisladores, pero aún no han sido plasmados en despachos formales, cuidando celosamente que no trasciendan a la opinión pública.

El próximo miércoles, las dos comisiones volverán a reunirse con las siete entidades que solicitaron opinar sobre la materia. Posteriormente, será el momento de unificar dentro de Unidos el despacho definitivo que se llevará al recinto el 29 de octubre, con la expectativa de sumar el acompañamiento de otros bloques, en un escenario aún prematuro dado que el acuerdo en el oficialismo no está cerrado.

Los otros dos mensajes vinculados a la seguridad recibirán retoques que deberán consensuarse con el Senado, cámara que ya les otorgó media sanción. Sobre ambos proyectos hubo observaciones por parte de la Corte, del MPA y de Estrella Moreno Robinson.

Variables económicas y la agenda 2027

En cuanto a la pata económica, el proyecto de Presupuesto 2027 será remitido en la última semana de octubre, tal como estipula la Constitución. Desde el entorno del ministro de Economía, Pablo Olivares, aclararon que no habrá sorpresas y que, en principio, se respetarán los ejes de los últimos ejercicios fiscales con la actualización inflacionaria prevista por el gobierno nacional.

Previamente se desarrollaron reuniones preparatorias entre senadores y el equipo económico, y en los próximos días el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, mantendrá encuentros con los referentes de la Cámara de Diputados. «Nadie va a ser sorprendido por el mensaje», sostienen desde la Casa Gris.

Diez días más tarde será el turno de presentar en la Legislatura la futura Ley Tributaria, mediante la cual el gobierno pretende avanzar en su política de incentivos para aquellas empresas santafesinas que demuestren cumplimiento fiscal. Un mensaje con ingreso simultáneo por ambas cámaras y tratamiento conjunto es la alternativa elegida por el oficialismo para sancionar ambos temas antes de las festividades navideñas.

Adicionalmente, el oficialismo mantiene el interés en impulsar la futura ley que regulará el enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, con el propósito de dejar atrás el actual Tribunal de Enjuiciamiento (Jury) y sustraer al Poder Legislativo la facultad de investigar a las autoridades del Ministerio Público.

Hasta el momento, existe una iniciativa impulsada por la legisladora socialista Lionella Cattalini, y se espera que los radicales presenten un proyecto propio en las próximas semanas con el guiño de la Casa Gris. Si se alcanza un acuerdo, se concretará otra de las leyes mandatadas por la Constitución; caso contrario, el debate postergará su tratamiento hasta febrero, cuando el gobernador inaugure el nuevo Período Ordinario de Sesiones.

Con la cuenta regresiva en marcha y las elecciones a la vuelta de la esquina, el oficialismo reconoce que el margen para aprobar estas reformas institucionales es estrecho. Una vez iniciado el próximo período ordinario, la agenda parlamentaria quedará inevitablemente atravesada por la disputa electoral de 2027. Por este motivo, el objetivo de la Casa Gris es claro: cerrar el año con las leyes económicas y de seguridad abrochadas en el recinto antes de que se active de lleno la maquinaria de campaña.


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