La Sociedad Rural de Rosario respaldó la iniciativa del Ministerio de Economía, pero advirtió que una reducción de impuestos nacionales no alcanza para aliviar al sector agropecuario y a las pymes sin una reforma integral que también alcance a Ingresos Brutos y a las tasas municipales en todo el país.
Presión fiscal y competitividad: la Rural de Rosario reclama una reforma integral que incluya a Nación, provincias y municipios
Frente al escenario que atraviesa la producción agropecuaria en la zona núcleo y el resto de la provincia, la Sociedad Rural de Rosario advirtió que cualquier baja de tributos nacionales pierde efectividad si, en simultáneo, se incrementan los gravámenes provinciales y las tasas locales. Desde la entidad señalaron que la discusión tributaria debe involucrar de manera coordinada a los tres niveles de Estado para garantizar un alivio real al productor y a las pymes.
«Bajar un impuesto nacional mientras crecen Ingresos Brutos y las tasas municipales no cambia la ecuación de un productor ni de ninguna pyme del país», remarcaron desde la institución, insistiendo en la necesidad de contar con un marco legal que garantice previsibilidad y continuidad en el tiempo, más allá de las coyunturas fiscales o los cambios de gestión.
El peso de los tributos distorsivos sobre la renta agrícola
En el análisis presentado por la organización se puso el foco en el impacto acumulado de las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales. Según las estimaciones difundidas, la recaudación de este esquema absorbe cerca del 8% del Producto Bruto Interno (PBI) y financia más de una cuarta parte del gasto público total.
El informe detalla con preocupación el peso específico de Ingresos Brutos en las cuentas provinciales, donde representa en promedio el 80% de los recursos propios con una alícuota efectiva que ronda el 4%. Para la entidad, este porcentaje debería recortarse hasta un nivel que no supere el 1,5%.
En cuanto a la actividad primaria, el trabajo recordó estimaciones recientes que ubican la participación del Estado nacional en la renta agrícola en el 53,9% en Santa Fe, el 56,9% en Córdoba y el 56,1% en Buenos Aires. A partir de estos números, la Rural consideró imperioso rediscutir el sistema de coparticipación federal para mitigar el ahogo financiero sobre la inversión y la siembra. Como antecedente, la institución recordó el fallido Consenso Fiscal de 2017 y reclamó mecanismos institucionales sólidos para evitar que los acuerdos queden sin efecto ante la primera dificultad presupuestaria.
Los cinco ejes para ordenar la economía y el campo
Para orientar el debate legislativo y económico, la organización propuso un programa estructurado en cinco lineamientos centrales:
- Cronograma fiscal: Reducción y eliminación progresiva de tributos distorsivos en los tres niveles de gobierno, abarcando retenciones e impuesto al cheque a nivel nacional; Ingresos Brutos y Sellos en las provincias; y tasas municipales, además de una revisión en la estructura del IVA.
- Ganancias y seguridad social: Ampliar la base imponible y eliminar excepciones sectoriales bajo el principio de que tribute quien genera renta, manteniendo excluidos a los haberes jubilatorios por tratarse de aportes previsionales de décadas de trabajo.
- Gasto y privilegios: Poner fin a las jubilaciones de privilegio. El informe citó que en noviembre de 2025 doce personas que percibían asignaciones vitalicias como expresidentes, exvicepresidentes o familiares recibieron un total de $ 151 millones brutos, un monto equivalente a 375 jubilaciones mínimas.
- Reordenamiento estatal: Continuar con la reducción del gasto público en Nación, provincias y municipios para concentrar los recursos genuinos en infraestructura, salud, seguridad, justicia y educación.
- Modernización laboral: Profundizar los cambios iniciados por la Ley 27.802, reglamentando los aspectos pendientes y avanzando hacia una segunda etapa que reduzca los costos de contratación para las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena agroindustrial.
Para la entidad ruralista, la discusión impositiva no puede aislarse de una estrategia integral que dinamice los mercados granarios, favorezca la agregación de valor en origen y potencie la generación de empleo genuino en el interior productivo.
