El Ministerio de Salud formalizó una nueva tanda de recortes que eleva a 26.141 las pensiones por invalidez laboral alcanzadas por las revisiones en apenas una semana, mientras el oficialismo busca este martes dictaminar en el Senado una norma para regularizar el sector. La medida, instrumentada a través de la Secretaría Nacional de Discapacidades, incluye además la intimación a otros 7.008 beneficiarios por incompatibilidades y abre un plazo de 60 días para presentar documentación médica actualizada.
El Gobierno avanza sobre las pensiones por invalidez mientras el Senado debate el proyecto
El Gobierno nacional volvió a avanzar sobre las pensiones por invalidez laboral, en paralelo a la apertura del debate en el Senado sobre el proyecto con media sanción para el sector, el cual incluye nuevas regulaciones en los controles sobre dichos beneficios.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, con el objetivo de ampliar la revisión sobre prestaciones que habían sido restituidas por orden judicial en 2025. La semana pasada, la administración había dejado sin efecto el restablecimiento de 21.812 pensiones. Con la nueva disposición, ya suman 26.141 las prestaciones alcanzadas por ambas medidas en apenas siete días.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el procedimiento durante su conferencia de prensa y aseguró que las pensiones habían sido otorgadas históricamente de manera «opaca, sin controles efectivos». «Todo esto se terminó», sostuvo al presentar las nuevas medidas, y garantizó que los recursos llegarán a quienes efectivamente cumplan con los requisitos.
La resolución, firmada por el secretario Diego Masaragian, dispone en su artículo 1° dejar sin efecto la Resolución 13901/2025 de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dictada en su momento por Alejandro Vilches en cumplimiento de un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca. Dicho tribunal ordenó en octubre de 2025 extender a todo el país la restitución de pensiones suspendidas durante las auditorías masivas realizadas bajo la gestión de Diego Spagnuolo.
Los afectados dispondrán de 60 días desde su notificación para presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos o aportar antecedentes que permitan acreditar el beneficio. Podrán hacerlo ante las dependencias habilitadas de Discapacidad, las oficinas del PAMI autorizadas, la plataforma Trámites a Distancia, el formulario de consultas de Salud o el correo electrónico oficial dispuesto por el organismo. Cada expediente será evaluado nuevamente.
Más pensiones bajo revisión y nuevas líneas de auditoría
La novedad no se limita a las publicaciones en el Boletín Oficial. Adrián Ravier informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad abrió otras tres líneas de revisión sobre beneficiarios que deberán acreditar documentación o resolver incompatibilidades.
La primera comprende a 7.008 personas intimadas a ampliar sus antecedentes médicos, quienes tendrán 30 días hábiles para presentar la información requerida. La segunda atañe a 24.263 titulares que, según Salud, perciben otra prestación de la ANSES considerada incompatible, por lo que se les otorgará un plazo de 30 días hábiles para optar por una de ellas. La tercera abarca a 3.370 casos con presuntas incompatibilidades patrimoniales, cuyos titulares también contarán con 30 días para aportar la documentación correspondiente.
El vocero hizo referencia a situaciones puntuales: una persona titular de seis vehículos, otra con 61 inmuebles registrados a su nombre y una tercera con terrenos equivalentes a 853 hectáreas. Ejemplificó de esta manera los recortes —tal como antes lo había hecho Manuel Adorni con presuntas radiografías adulteradas—, aunque no especificó cuántos expedientes contienen irregularidades comprobadas.
Además, afirmó que el padrón pasó de unas 75.947 personas en 2001 a más de 1,2 millones en 2023, un aumento que calificó como «exponencial» y similar al de países que atravesaron o atraviesan conflictos bélicos. Desde el Foro por la Discapacidad desmintieron la comparación y explicaron que el incremento responde a cambios en los criterios universales de las políticas de protección e inclusión, cuestionando que se busque instalar sospechas para justificar recortes y estigmatizar a los beneficiarios.
El antecedente de las restituciones y el debate en el Congreso
El endurecimiento de los controles vuelve a poner en discusión un procedimiento que había sido cuestionado incluso desde el propio oficialismo. En una exposición realizada meses atrás en la Cámara de Diputados, el renunciado Alejandro Vilches reconoció que el sistema de citaciones masivas utilizado durante la gestión de Diego Spagnuolo había provocado numerosos inconvenientes. «Cuando llegamos nosotros justamente no lo hicimos más», afirmó sobre aquella metodología, que generó reclamos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados o de difícil acceso. «Las 150.000 pensiones que se dieron de baja se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos», reconoció la secretaría en aquella ocasión.
La nueva conducción había defendido la necesidad de reemplazar las citaciones generalizadas por controles individualizados. En las primeras auditorías, de 997.654 cartas documento enviadas, 504.802 no habían llegado a sus destinatarios, lo que derivó en la suspensión de unas 111.000 pensiones por dificultades para concretar las notificaciones, de acuerdo con los datos aportados por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos en su 144° Informe de Gestión.
Adrián Ravier volvió a defender la revisión de los expedientes, aunque la semana pasada había introducido una precisión: la falta de antecedentes suficientes «no implica determinar que no presentan incapacidad», sino que el Estado considera que carece de la información necesaria para verificarla.
El Senado habilita el tratamiento legislativo
Las nuevas decisiones administrativas coinciden con la reactivación del debate en el Congreso. Este miércoles, desde las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado, para discutir el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en octubre.
La iniciativa busca reemplazar el carácter transitorio de la Emergencia en Discapacidad vigente por un régimen permanente. En sus principales disposiciones, mantiene la compatibilidad de las pensiones con el empleo registrado pero con límites de ingresos, preserva la cobertura del programa Incluir Salud y establece mecanismos para regularizar deudas con prestadores. También incorpora reglas para las auditorías y suspensiones, tales como notificación fehaciente, plazos para presentar descargos y una revisión posterior de los antecedentes.
El proyecto llega después de diversos planteos de los bloques aliados en torno al Presupuesto 2027. La nueva legislación se convirtió así en uno de los acuerdos que el oficialismo necesita cerrar antes de avanzar con otras iniciativas económicas. Sin embargo, el plenario también deberá considerar propuestas promovidas por el bloque justicialista para prorrogar la emergencia vigente.
Como jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich buscará conseguir dictamen para llevar el texto al recinto durante noviembre, fijando al 19 y al 26 como fechas posibles. En paralelo, el área de Salud continuará revisando expedientes que podrían derivar en nuevas suspensiones.
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