La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión para Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Motor Argentina, al hallarlo partícipe necesario de delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de General Pacheco durante la última dictadura militar. La decisión fue adoptada por mayoría con los votos del presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, y los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes rechazaron el planteo de la defensa, mientras que el fallo registró la disidencia del ministro Carlos Rosenkrantz y la abstención de Ricardo Lorenzetti.
La Corte Suprema dejó firme la condena contra un ex directivo de Ford
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión para Pedro Müller, ex gerente de Manufactura de Ford Motor Argentina, al encontrarlo partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La decisión fue adoptada por mayoría con los votos del juez Horacio Rosatti y de los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes rechazaron el planteo presentado por la defensa del imputado. Por su parte, la disidencia del magistrado Carlos Rosenkrantz —con duras críticas al fallo— y la abstención de Ricardo Lorenzetti evidenciaron criterios contrapuestos entre los integrantes fijos del máximo tribunal.
El ex directivo había sido condenado originalmente por los secuestros y las torturas sufridas por 24 trabajadores de la planta automotriz en 1976. En aquella instancia, el tribunal oral que intervino dispuso que el acusado no fuera detenido hasta que la sentencia adquiriera carácter firme.
El origen de la causa y la responsabilidad patronal
La investigación se inició en 2003. En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín condenó a Pedro Müller como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados en perjuicio de 24 operarios vinculados a la empresa Ford Motor Argentina.
Según el fallo, los delitos fueron calificados como de lesa humanidad e incluyeron diez años de prisión junto con inhabilitación absoluta por el tiempo que durase la pena. La resolución recordó que, antes del 24 de marzo de 1976, la firma había solicitado un incremento en las medidas de seguridad, lo que derivó en la instalación de la Gendarmería, la Prefectura y posteriormente el Ejército en la planta de Pacheco hasta 1977.
Asimismo, se dio por probado que 17 de los 24 trabajadores fueron privados de su libertad dentro de sus propios puestos de trabajo, que nueve de ellos resultaron conducidos a un quincho ubicado en el predio para ser sometidos a torturas, y que la totalidad de las víctimas fue trasladada luego a centros clandestinos de detención. La mayoría de la Corte Suprema señaló que las autoridades de Ford Motor Argentina aportaron información específica sobre los empleados secuestrados y confeccionaron listas para su individualización.
Los argumentos de la mayoría y la disidencia
El voto de Horacio Rosatti, Fernando Poviña (desde Tucumán) y Juan Ignacio Pérez Curci (desde Mendoza) desestimó los agravios de la defensa al considerar que esta insistía en cuestionar la condena basándose en el cargo que ostentaba Pedro Müller, sin rebatir las pruebas sobre su relevancia jerárquica y su efectivo control de la planta industrial.
En sintonía con la Cámara de Casación, la Corte determinó que el personal directivo aportó recursos logísticos y materiales a las fuerzas militares. Además, se estableció que el acusado era responsable «de la producción de toda la planta», que participaba en la toma de decisiones corporativas y que intervenía en el control de los operarios.
Para respaldar el fallo, los jueces valoraron el contexto histórico y recordaron antecedentes donde se afirmó que el plan sistemático de represión estuvo dirigido contra la actividad gremial. En ese sentido, mencionaron la suspensión del derecho a huelga, la intervención de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el informe del Nunca Más elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
En la vereda opuesta, Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía absolver al imputado por aplicación del beneficio de la duda. El ministro argumentó que durante el período de los hechos el recurrente no ocupaba la presidencia ni la vicepresidencia de la compañía, sino que sus funciones se limitaban estrictamente a la producción, sin que existieran testimonios directos que lo ubicaran en el momento de los tormentos.
El magistrado también cuestionó la validez de condenar a una persona cuando los elementos probatorios resultan consistentes con su inocencia, y advirtió sobre la situación del otro condenado, Héctor Sibilla, ex militar y ex gerente de seguridad de la automotriz. Pese a las discrepancias expuestas por Carlos Rosenkrantz en torno a las garantías de defensa en juicio y la presunción de inocencia, la postura de la mayoría prevaleció, ratificando la sentencia dictada contra Pedro Müller.
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