El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó el reglamento que habilita el traspaso de funcionarios y empleados judiciales al Ministerio Público Fiscal en los distritos donde ya rige el nuevo sistema acusatorio, como ocurre en toda la provincia de Santa Fe. La normativa establece rigurosos mecanismos de evaluación de idoneidad y el reconocimiento formal de los antecedentes y derechos laborales de los postulantes que busquen sumarse al fuero federal. La medida se instrumenta en el marco de la plena implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio santafesino.
Implementación del nuevo reglamento para el traspaso al Ministerio Público Fiscal
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó un reglamento que establece los requisitos y el procedimiento para que funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación puedan incorporarse al Ministerio Público Fiscal (MPF). La medida se enmarca en el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y contempla pautas para garantizar la idoneidad de los postulantes, así como el reconocimiento de sus antecedentes y derechos laborales.
De acuerdo con la normativa, podrán solicitar su incorporación al MPF los trabajadores de juzgados y tribunales de aquellos distritos donde el Código Procesal Penal Federal ya se encuentre vigente, además de las jurisdicciones en las que su puesta en marcha esté prevista conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Al respecto, cabe apuntar que el sistema acusatorio federal ya se aplica en toda la provincia de Santa Fe, integrando el Distrito Federal de Rosario —junto con San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires—. El Código Procesal Penal Federal entró en vigencia en la mayor parte de la jurisdicción el 6 de mayo de 2024 y se completó en el norte provincial con su puesta en marcha en Reconquista el 1 de marzo de 2025.
En tal sentido, la medida abarca las sedes de la Justicia Federal en todo el territorio santafesino bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Tanto es así que en el Senado de la Nación esperan tratamiento los pliegos para jueces de Garantías en San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela.
Marco legal y alcance de la medida
La decisión reglamenta el mecanismo previsto en el artículo 33 de la Ley 27.150, modificado por la Ley 27.482, que contempla la posibilidad de que el personal judicial solicite su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, en el contexto del nuevo sistema procesal.
La iniciativa se inscribe en la reorganización institucional que acompaña la progresiva implementación del modelo adversarial en el país. Desde 2019, el Ministerio Público Fiscal viene adecuando sus estructuras, funciones y recursos humanos para responder a las nuevas responsabilidades asignadas. En la resolución se destaca la experiencia adquirida durante las sucesivas etapas y la necesidad de desarrollar mecanismos que fortalezcan las estructuras del organismo mediante la coordinación interinstitucional.
Requisitos y etapas del procedimiento
Los postulantes deberán aprobar el examen de aptitud psicofísica determinado por el organismo y cumplir con los requisitos establecidos en el Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal, aprobado por la Resolución PGN 128/10. El procedimiento respetará los principios de igualdad, idoneidad, capacidad, jerarquías, antecedentes profesionales y especialidad técnica.
En primer lugar, los interesados deberán solicitar el traspaso formalmente a través de la vía jerárquica correspondiente a su dependencia. Posteriormente, la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación solicitará al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación las nóminas de los agentes cuyos cargos puedan ser transferidos con su respectiva previsión presupuestaria. Luego, la citada Secretaría realizará una entrevista para evaluar el perfil de los candidatos según el agrupamiento escalafonario del MPF.
Instancia de evaluación y designación
Superada la entrevista, los fiscales con funciones de coordinación de distrito —o los titulares de las unidades fiscales y sedes descentralizadas— evaluarán a los postulantes en coordinación con la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA).
En esta etapa se examinarán los conocimientos sobre el sistema acusatorio según las funciones a desempeñar, para lo cual la UNISA proporcionará material de estudio específico. Una vez superadas las evaluaciones, el fiscal coordinador elevará la propuesta de incorporación a la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos, con la conformidad del interesado.
Finalmente, dicha Secretaría comunicará la propuesta al Consejo de la Magistratura o a la Corte Suprema para efectuar la transferencia de los cargos y las previsiones presupuestarias, tras lo cual el procurador general de la Nación estará en condiciones de firmar la designación.
Derechos de los agentes y capacitaciones
La reglamentación establece que los agentes incorporados tendrán igualdad de condiciones con el personal del organismo para acceder a nuevos cargos, conforme al Régimen de Funcionarios y Empleados del MPF y a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, para las contrataciones bajo relación de dependencia, se computará el tiempo de servicio cumplido en el Poder Judicial de la Nación a los efectos de una eventual efectivización.
Por último, los ingresantes deberán completar, en el plazo de un año, las capacitaciones obligatorias previstas en el Plan Estratégico de Capacitación del Ministerio Público Fiscal. La Secretaría General de Administración y Recursos Humanos dispuso la casilla de correo [email protected] para atender consultas y facilitar información sobre el procedimiento.
