El MPA detalló cómo serán los controles de IMEI para frenar el robo de celulares

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe detalló las tres modalidades del mercado ilegal de telefonía celular y estimó que en un plazo de dos a tres meses comenzarán los controles policiales en toda la provincia para rastrear equipos robados mediante el uso del código IMEI. La secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas, Marina Pieretti, advirtió que la efectividad del sistema integral de seguridad dependerá fundamentalmente de que las víctimas denuncien el delito y aporten el número de identificación del dispositivo sustraído.

El circuito del mercado ilegal

Un celular robado puede volver a utilizarse con otra línea, recibir un identificador virtual o terminar desarmado para vender sus piezas. Marina Pieretti describió esos tres recorridos en una entrevista con CyD Litoral y explicó cómo la nueva ley de Santa Fe intenta intervenir en cada uno de ellos.

La secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) puso el acento en un paso fundamental que depende de quien sufrió el ilícito: radicar la denuncia y aportar el IMEI. Se trata del número que identifica de manera unívoca al equipo y permite vincularlo formalmente con una investigación penal preparatoria.

«Esta nueva ley un poco condensa un plan integral o un sistema integral para abordar el mercado ilegal de celulares o de dispositivos afines», explicó Pieretti. La norma también alcanza a otros equipos, como computadoras y tablets, y prevé controles específicos sobre su comercialización en la vía pública y comercios.

Las tres rutas del equipo sustraído

La primera posibilidad que describió la funcionaria es que el teléfono se ponga nuevamente en funcionamiento sin modificar su IMEI original, pero operando con otra línea. El MPA ya trabaja en labores investigativas para identificar esas activaciones mediante análisis informáticos.

En una prueba piloto llevada a cabo recientemente, el organismo analizó 680 denuncias y comprobó que solo una de cada cuatro incluía el IMEI. A partir de esos casos se iniciaron 160 investigaciones y se logró el secuestro y posterior recuperación de 14 dispositivos, de acuerdo con los datos difundidos durante la presentación de la ley.

Pieretti explicó que un teléfono puede registrar uno o dos números de IMEI, según el modelo y la cantidad de tarjetas SIM que soporte. Conocerlos permite consultar en las bases de datos si se activó una nueva línea en el aparato sustraído. Si la víctima no cuenta con ese dato, la pesquisa puede avanzar, aunque obtenerlo demanda gestiones adicionales y oficio judicial ante las empresas telefónicas u otros organismos competentes.

La segunda modalidad se registra cuando el IMEI legítimo del equipo se encuentra bloqueado y los operadores del circuito delictivo le colocan uno virtual para volver a conectarlo a una red móvil. Según detalló, ese cambio tecnológico puede engañar a la empresa prestadora, mientras que el identificador físico que muestra el propio teléfono sigue siendo el que fue oportunamente denunciado.

Controles policiales y exhibición de códigos

Para detectar este tipo de maniobras, la ley incorpora la obligación de la exhibición del IMEI ante un requerimiento policial en la vía pública. Una vez que el sistema tecnológico esté completamente operativo, los agentes podrán escanear el código que aparece en la pantalla y contrastarlo de manera inmediata con la base de datos del MPA para corroborar si sobre el aparato pesa un pedido de secuestro por robo.

«Le va a salir si ese IMEI tiene denuncia de robo o no tiene denuncia de robo», resumió Pieretti. El número en cuestión se obtiene marcando *#06# en el teclado numérico del teléfono.

La funcionaria aclaró que los operativos de control aún no se encuentran en pleno funcionamiento. Actualmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad trabaja en el desarrollo de los dispositivos que utilizarán las fuerzas policiales, al tiempo que se elaboran los protocolos de actuación conjunta con el MPA y se planifica la capacitación del personal subalterno y superior.

«Van a pasar por lo menos dos o tres meses», estimó sobre los plazos previstos para la implementación efectiva en el territorio. Añadió que los controles implicarán consultas permanentes a los fiscales de flagrancia de toda la provincia: «Ante la negativa o ante cualquier situación particular, el fiscal va a ir resolviendo caso a caso».

El destino de los repuestos y la exigencia de trazabilidad

Pieretti señaló una tercera salida para los equipos sustraídos: cuando ya no pueden utilizarse como teléfonos debido al bloqueo, conservan un alto valor económico por sus pantallas y otros componentes internos. En este sentido, la normativa prevé la creación de un registro obligatorio para quienes se dedican habitualmente a la compraventa o reparación de dispositivos, y habilita inspecciones rigurosas sobre esa actividad comercial.

Durante estas requisas, los comercios del rubro deberán acreditar fehacientemente el origen legal de los aparatos y las piezas que tengan en su poder. La funcionaria mencionó, a modo de ejemplo, la presentación de las facturas oficiales de compra de los repuestos, contemplando la norma el comiso del material cuya procedencia no pueda ser debidamente justificada.

Para que las medidas de rastreo dispuestas por la Justicia logren resultados positivos, insistieron desde la Fiscalía, las víctimas tienen la obligación de formalizar la denuncia penal. «Que la gente cuando le roben el teléfono denuncie», pidió la funcionaria, recomendando realizar el trámite a través de la página web oficial del MPA, sitio que cuenta con un apartado específico destinado a recabar los datos técnicos necesarios para avanzar en la pesquisa.

Asimismo, aconsejó a la ciudadanía consultar y resguardar el número de IMEI antes de sufrir un episodio delictivo. «No significa que no se pueda avanzar, pero lo que sí significa es que se pierde mucho más tiempo hasta poder conseguir el IMEI», advirtió.


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