La Corte Suprema obliga a las prepagas a pedir autorización del Gobierno para aumentar las cuotas

La Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, por lo que las empresas de medicina prepaga deberán solicitar la autorización del gobierno nacional antes de aplicar aumentos en sus cuotas. Con este fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la potestad de revisar y fiscalizar las subas tarifarias en base a variaciones de costos y cálculos actuariales. La medida impacta de forma directa en el sector y en cerca de 500 causas análogas pendientes en la justicia federal.

Las prepaguas deberán solicitar autorización estatal previa para aumentar sus cuotas

Las empresas de medicina prepaga deberán solicitar autorización al Gobierno nacional antes de aplicar incrementos en sus cuotas, según resolvió la Corte Suprema de la Nación. El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían suprimido el control estatal, y asignó a la Superintendencia de Servicios de Salud la fiscalización de las subas.

El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, determinó la inconstitucionalidad de las disposiciones del decreto que quitaron al Estado sus potestades de intervención sobre el sector. Los magistrados sostuvieron que el Poder Ejecutivo no ofreció argumentos mínimos que justificaran la eliminación de los controles en el marco de la emergencia invocada.

«No basta con invocar una emergencia genérica», advirtieron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, y añadieron que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis alegada y la necesidad de eliminar las facultades de fiscalización.

Cómo impacta la medida en las empresas y los afiliados

La resolución obliga a las empresas de medicina prepaga a tramitar ante la autoridad estatal cualquier modificación tarifaria antes de efectivizarla. Asimismo, devuelve a la Superintendencia de Servicios de Salud la potestad de examinar que los aumentos estén fundados en variaciones de costos y en cálculos actuariales razonables.

El tribunal revocó, además, la porción de la sentencia dictada en La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De este modo, no se fijó un tope automático vinculado a la inflación, sino que cada incremento deberá ser evaluado según la normativa vigente.

La causa llegó a la Corte Suprema a través de recursos presentados por el Estado nacional y por la empresa Swiss Medical, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declarara la inconstitucionalidad de la norma y ordenara acotar los ajustes a la evolución del IPC.

La demanda original había sido iniciada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, tras un aumento del 110% en su cuota registrado entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según la recurrente, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido del 6,26%.

Alcance judicial y consecuencias prácticas

La Corte Suprema dejó expresamente acotado el alcance de su pronunciamiento. «La decisión se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23», aclararon Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes precisaron que el resto del decreto no fue objeto de debate en este fallo.

La resolución tendrá un impacto directo sobre cerca de 500 causas análogas que se encuentran pendientes y podría influir en otros reclamos promovidos por afiliados que abonaron aumentos aplicados tras la entrada en vigencia del DNU.

En el plano práctico, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus funciones de control para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos. De este modo, cada solicitud presentada por las empresas será evaluada en estricta función de la normativa que regula los criterios de razonabilidad y cálculo de riesgos.


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