Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas, durante las gestiones del exgobernador Sergio Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador por dos mandatos, respondió “sí señor juez” a las preguntas que le formuló el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, al final del extenso, profuso y detallado alegato de Fiscalía, al momento de recabarle su reconocimiento respecto de los cuatro hechos que se le imputaron, y su consentimiento con la calificación legal de los mismos y el monto de la pena acordado entre Fiscalía y Defensa.
Así, Erbes, de ser homologado el acuerdo que suscribieron los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano; y la defensa, integrada por Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo, cumplirá la pena de tres años de prisión condicional, y no podrá volver a ejercer cargos públicos puesto que se acordó la inhabilitación absoluta perpetua para ser funcionario. También deberá pagar una multa de 360.000 pesos por los cuatro hechos que reconoció cometer. Se trata del máximo monto que establecen las normas, cuyo techo para cada hecho es de 90.000 pesos.
Erbes fue imputado junto al exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, y otros ex funcionarios en la causa que se conoció como Coimas; Relevamientos Catastrales, por el nombre de la empresa del empresario; o del paraguayo, por la nacionalidad de este.
Este martes 31 de marzo, Erbes reconoció ser responsable de los delitos de Cohecho pasivo, primer hecho; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Fraude a la Administración Pública, como partícipe necesario y autor, ambos en concurso ideal, segundo hecho; Negociaciones incompatibles, Fraude a la Administración, como partícipe primario, y Cohecho pasivo, como autor, tercer hecho; y Negociaciones incompatibles como partícipe primario, Cohecho pasivo, como autor, ambos en concurso ideal, último hecho; todos reunidos bajo las reglas del concurso real de delitos.
Erbes se sumó al grupo de ex funcionarios que optaron por aquella salida alternativa, mientras Urribarri y Cardona Herreros siguen vinculado al proceso, que atraviesa la etapa de remisión a juicio. El exfuncionario deberá cumplir con normas de conducta durante el plazo de la condena y desarrollar por aquel período tareas no remuneradas a favor de una institución de bien público a designar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), por 96 horas globales por cada año de la condena. Además, deberá abstenerse de molestar a los testigos de la causa.
ACUSACIÓN
Los fiscales desplegaron durante casi dos horas un detallado, profuso y contundente cuadro probatorio que fue acordado con la defensa. Así, se destacaron los mails, whatsapp, planillas de Exel que se obtuvieron en sendos allanamientos que se realizaron en la casa del empresario y en la sede de la firma, en Buenos Aires, e informes periciales contables de peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que corroboraron la hipótesis fiscal sobre la existencia de una “mesa de dinero” cuyos integrantes fueron designados por el exgobernador, de entre los funcionarios más cercanos.
Los fiscales destacaron que la información obtenida en los allanamientos permitió reconstruir un sistema que operaba con funcionarios públicos aportando información privilegiada y de antemano a la empresa Relevamientos Catastrales SA, colocándola en una situación de privilegio respecto de otras posibles oferentes.
También se detalló el sistema de pago de las dádivas, que consistía en activar el pago de las coimas, retornos o dádivas, apenas se firmaban las licitaciones. Para ello, se montó un esquema que operó a través de empresas “satélites” a Relevamientos Catastrales. Otro dato que expusieron los fiscales consistió en la estrecha y “amistosa” relación que construyeron, durante el período que se imputó, los funcionarios y empleados y empresarios que integraron el directorio de la firma, de los que algunos fueron imputados y resolvieron sus situaciones con salidas alternativas al juicio.
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