La fiscal general María Cecilia Vranicich inició su presentación ante la Legislatura con una cruda enumeración de hechos que trascienden lo ocurrido en San Cristóbal. Estos eventos, a pesar de su amplia difusión, no siempre se abordan de manera unificada en el debate público
La fiscal describió una lista de «horrores» que, según sus palabras, rememoran los contenidos de su primer informe en el cargo, presentado en mayo de 2024, donde ya se vislumbraba la creciente violencia asociada al narcotráfico y otros delitos.
La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló casos impactantes: las torturas sufridas durante dos años y el posterior asesinato grabado de Jeremías Monzón a manos de un menor y un adulto; la desfiguración del rostro de Delfina con una navaja, también en San Cristóbal; un parricidio perpetrado por un adolescente contra su madre con «un tiro en la nuca»; un femicidio y la situación de su presunto autor; y el caso del menor apodado «Pirañita«, vinculado a un grupo delictivo.
Más allá de las particularidades de cada suceso, Vranicich instó a una reflexión profunda sobre los complejos problemas que hoy atraviesan a adolescentes y jóvenes. Recordó que la última reforma a la ley penal, que busca reducir la edad de imputabilidad, aún no ha entrado en vigor. Esto implica que, en el trágico asesinato de Ian, el joven sancristobalense de apenas 13 años, no existen posibilidades punitivas para el agresor.
No obstante, destacó que fue una decisión del MPA garantizar la «presencia física» del joven de 15 años que efectuó el disparo durante el proceso judicial. Consideró que esta medida es crucial para que «vea a la cara a quienes hoy sufren tanto dolor», según comentó a los periodistas al finalizar su exposición ante los legisladores.
Tendencias globales y el rol de las redes sociales
La fiscal general amplió su análisis a una observación de lo que acontece en el primer mundo, donde dos tendencias principales emergen ante la problemática de niños y adolescentes expuestos a las redes sociales. Mencionó las prohibiciones impulsadas por Australia y algunos países del este europeo, así como las regulaciones que buscan implementar naciones de Europa central como Francia, España y Portugal para restringir el acceso a pantallas frente a los «rostros angelicales que bien pueden ser demoníacos y aún tienen acné».
Tras los aplausos a la fiscal por la claridad y el rigor de su informe anual, y antes del inicio del turno de preguntas, tomó la palabra el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. El senador expresó que, en el departamento de San Cristóbal, al que representa, «no volveremos a ser los mismos», marcando un claro «antes y después» del 30 de marzo, una línea temporal que también había enfatizado la jefa de los fiscales.
Vranicich ofreció detalles adicionales sobre la investigación en curso, los aportes inmediatos del Ministerio Público Fiscal ante el crimen ocurrido en la escuela, y brindó explicaciones claras sobre el «trabajo en equipo» que posibilitó la reciente detención de otro joven y la identificación de una «cultura de la muerte» que exalta a quienes agreden armados a sus compañeros en los ámbitos educativos. Una vez más, los motivos de estos actos desafían la razón hasta ahora conocida.
La fiscal general solicitó a los legisladores incluir este tema en la agenda pública y, aunque las potenciales restricciones o regulaciones a redes o contenidos de riesgo deben emanar del Congreso de la Nación, pidió que Santa Fe desarrolle posturas firmes para evitar que quienes promueven el odio y la violencia expandan sus mensajes con facilidad.
El impacto de los suicidios en Santa Fe
Por primera vez, el MPA hizo público el número de suicidios registrados en la Provincia de Santa Fe en su informe anual a la Legislatura. Vranicich explicó que esta decisión se tomó después de una profunda revisión de la conducta previa, que consistía en no divulgar estas cifras por temor a que su difusión pudiera causar un efecto de imitación.
La fiscal general recordó que, en su informe anterior, el diputado Carlos del Frade había reclamado sin éxito el acceso a esta cifra. Tras explicar que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan actualmente su difusión, Vranicich presentó los casos de quienes terminan con sus vidas en la misma gráfica que aquellos que las pierden violentamente en crímenes u homicidios.
El legislador opositor, quien al igual que sus colegas felicitó al MPA, solicitó más precisiones respecto a las edades de las víctimas. Advirtió que la elevada cantidad de suicidios en personas menores de 25 años complementa y agrava el preocupante cuadro de situación planteado previamente.
En síntesis, mientras que en años anteriores los crímenes vinculados al narcotráfico y la compleja situación de Rosario ocupaban el centro de las preocupaciones en la persecución penal, en la actualidad es la inexplicable violencia en jóvenes y adolescentes —tanto contra terceros como contra sus propias vidas— lo que demanda la atención prioritaria.
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