El Gobierno nacional presentó un recurso de ‘per saltum’ ante la Corte Suprema de Justicia para que el Máximo Tribunal tome directamente la causa y revierta la suspensión de la reforma laboral. La administración argumenta que el fallo de primera instancia avanza indebidamente sobre las facultades del Congreso, al impedir la aplicación de una ley con carácter general.
El Gobierno Nacional elevó un «Per Saltum» a la Corte Suprema por la reforma laboral
El Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que el Máximo Tribunal revierta la suspensión de la reforma laboral. En particular, solicitó la revocación de la sentencia emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que concedió la medida cautelar pedida por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió más de 80 artículos de la Ley N° 27.802.
Con la firma del Procurador y Subprocurador del Tesoro, el Poder Ejecutivo desplegó esta estrategia judicial. Su argumento principal es que la suspensión de la reforma laboral fue dictada por un juez incompetente, sumado a la alegación de inexistencia de caso y de legitimación activa colectiva.
Cabe recordar que el pasado 30 de marzo, el juez laboral Raúl Ojeda consideró que existían indicios de regresividad en materia laboral, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables. Por ello, ordenó suspender cautelarmente la aplicación de numerosos artículos de la reforma hasta que se dictara sentencia definitiva.
Posteriormente, el Gobierno Nacional obtuvo una decisión favorable de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, al lograr por la vía de la inhibitoria que la causa quedara radicada en ese fuero. Ahora, mediante el mecanismo del per saltum, el Gobierno Nacional busca que la Corte Suprema se pronuncie de forma expedita sobre la suspensión dictada.
¿Qué es el «Per Saltum»?
El artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece los casos en que procede el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior. Este mecanismo está previsto para «causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior».
Fundamentación del Recurso
En este sentido, el escrito, que consta de 40 páginas, fundamenta que la decisión cautelar adoptada «pone en grave peligro tanto la seguridad jurídica como el régimen federal de gobierno».
«Es necesaria una resolución pronta y expedita para restaurar de forma inmediata la plena vigencia de la Ley N° 27.802, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica afectada por un juez nacional que se arrogó la facultad que no posee de suspender una ley con efectos generales», se señala en el documento presentado por la Procuración del Tesoro.
El escrito añade que «el recurso resulta el único remedio eficaz para la protección del derecho federal invocado a fin de evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues se articularon todos los medios procesales disponibles para que no se torne ilusorio el derecho invocado por esta parte, pero no se ha obtenido un pronunciamiento, por lo que cada día que transcurre en vigencia la cautelar impugnada, torna absolutamente irreparable el daño que se genera».
El Gobierno Nacional sostuvo en el escrito que el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, de primera instancia, «compromete instituciones básicas del sistema republicano» al suspender con efectos generales una ley aprobada por el Poder Legislativo. A su entender, la decisión judicial excede el interés de las partes involucradas y avanza de manera indebida sobre competencias propias del Congreso.
El recurso también reclama que, con su sola presentación, tenga efecto suspensivo sobre la cautelar vigente. El argumento central es que cada día de aplicación del freno judicial genera un daño «irreparable» a nivel nacional, al mantener en suspenso una reforma que el Gobierno Nacional considera clave para modernizar el mercado de trabajo y brindar previsibilidad jurídica.
En esa línea, la Procuración del Tesoro remarcó que el juez Ojeda no era competente para dictar una medida de alcance nacional sobre una ley federal y cuestionó la existencia misma de un «caso, causa o controversia» que habilitara su intervención. El escrito también puso en duda la legitimación de la CGT para promover la acción colectiva y criticó la supuesta falta de fundamentación sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma.
«El dictado de una medida cautelar con efectos erga omnes que suspende una ley del Congreso subvierte el régimen republicano de gobierno», sostuvo el Gobierno Nacional en uno de los tramos más duros del planteo. Según la Casa Rosada, de no revertirse ese antecedente, quedaría abierto un precedente riesgoso para el conjunto del andamiaje legal.
Impacto Político y Judicial
Esta tensión judicial se inscribe, además, en un contexto de puja de competencias entre fueros. En las últimas semanas, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia y desplazó a la Justicia Nacional del Trabajo, al sostener que debía ser ese fuero federal el encargado de tramitar la acción impulsada por la CGT.
Para el Poder Ejecutivo, ese escenario refuerza la necesidad de una definición rápida y unificadora por parte de la Corte Suprema. Más allá del trasfondo técnico, la decisión del Gobierno Nacional de recurrir al per saltum coloca al Máximo Tribunal en posición de tener que pronunciarse, de manera directa, sobre una de las leyes emblemáticas de la actual gestión y sobre los límites del control judicial frente a las decisiones del Congreso.
Mientras tanto, la reforma laboral continúa parcialmente congelada y su vigencia efectiva quedó atada a lo que resuelva la Corte Suprema.
Las Claves del Conflicto
El abogado laboralista Juan Manuel Pusineri (ex Ministro de Trabajo de la Provincia) sintetizó de manera esquemática las claves del conflicto:
- El Estado Nacional presentó un per saltum ante la Corte Suprema para levantar la suspensión de la Ley 27.802, con los siguientes argumentos:
- Gravedad institucional: Un juez no puede frenar una ley del Congreso con efectos generales.
- Fuero equivocado: La causa no es laboral, sino contencioso administrativo.
- Inexistencia de «caso»: La CGT no demuestra un daño concreto.
- Precedente: El fallo «Thomas». La Corte Suprema dejó sin efecto una medida judicial que suspendía la Ley de Medios, en una acción promovida por el Diputado Nacional Thomas. El Gobierno Nacional sostiene que este criterio aplica en el presente caso.
- Diferencias, según la CGT:
- Representación colectiva (no es un individuo).
- Derechos laborales en juego.
- Impacto masivo.
- Posible regresión masiva de Derechos Humanos.
- Impacto directo: El Gobierno Nacional solicitó efecto suspensivo. Si la Corte Suprema lo concede, la reforma laboral volverá a regir de inmediato.
- Cuestiones de fondo:
- Facultad de los jueces para suspender provisoriamente leyes supuestamente regresivas en materia de Derechos Humanos.
- Alcance de las acciones colectivas.
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