Las estadísticas suelen ser frías, enumerando cantidades, porcentajes y variaciones. No obstante, detrás de ciertos números se ocultan profundas definiciones institucionales. El Capítulo III del Informe Anual de Gestión 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD), presentado el pasado 4 de junio ante la Legislatura Santafesina, ofrece precisamente esa oportunidad: desentrañar, más allá de la mera acumulación de datos, la verdadera magnitud que ha adquirido un organismo que hoy constituye una de las columnas vertebrales del sistema de justicia penal santafesino.
La primera cifra resulta elocuente por sí sola: durante 2025, la Defensa Pública asistió a 56.800 personas. Es crucial destacar que no se refiere a expedientes o causas judiciales, sino a individuos concretos que requirieron representación jurídica estatal para ejercer su derecho de defensa. Esta magnitud cobra aún mayor relieve al considerar que el MPD mantiene simultáneamente bajo su responsabilidad 45.406 legajos en etapa de Investigación Penal Preparatoria.
Una carga de trabajo abordada
La intensa carga de trabajo del organismo también se refleja en la actividad cotidiana de los tribunales. Durante el último año, los defensores públicos participaron en 23.285 audiencias en toda la provincia, un dato que equivale a un promedio superior a 63 intervenciones diarias a lo largo de todo el año.
Más de la mitad de estas actuaciones, 11.386 intervenciones, estuvieron vinculadas a medidas cautelares y sus revisiones. A estas se sumaron 10.082 audiencias imputativas y otras 1.817 preliminares. Desglosando las audiencias imputativas, 6.913 se realizaron ante un juez y 3.169 se llevaron a cabo en sede fiscal.
Esta estadística revela una tendencia estructural del sistema penal contemporáneo: gran parte de la actividad judicial se concentra en las etapas iniciales del proceso y, particularmente, en la discusión sobre restricciones a la libertad ambulatoria. De hecho, entre las personas asistidas por la Defensa Pública, 4.059 se encontraban sujetas a medidas de coerción.
La distribución territorial de la asistencia también es ilustrativa. Más de la mitad de las personas asistidas durante 2025 correspondieron a la Defensoría Regional Nº 2, con sede en Rosario, concentrando el 51,5 % de los casos. La Región 1, correspondiente a Santa Fe, representó el 24 %; la Región 5, el 15,1 %; la Región 4, el 5,4 %; y la Región 3, el 4 % restante.
Un actor indispensable
Los números adquieren una dimensión aún más significativa al compararlos con el conjunto del sistema penal provincial. Los datos consolidados muestran que el MPD intervino en aproximadamente el 70 % de todas las audiencias penales realizadas en Santa Fe. Asimismo, participó en el 60 % de los juicios orales y públicos y en el 77 % de los procedimientos abreviados celebrados en la provincia.
Otro indicador aún más revelador señala que el 82,43 % de las personas privadas de libertad en Santa Fe fueron asistidas por la Defensa Pública. Es decir, más de ocho de cada diez personas detenidas, procesadas o condenadas dependieron de defensores públicos para garantizar el ejercicio de sus derechos dentro del sistema judicial.
Estos datos refuerzan una conclusión central del informe: la Defensa Pública dejó hace tiempo de ser un actor complementario para convertirse en una pieza imprescindible del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal.
Desafío
Esta centralidad, no obstante, convive con uno de los principales desafíos institucionales señalados por la Defensora General, Estrella Moreno Robinson. El problema no reside exclusivamente en una reducción de la estructura defensiva, sino en el crecimiento desigual que experimentaron los organismos que integran el sistema acusatorio.
Al inicio de la reforma procesal penal, Santa Fe contaba con 144 fiscales y 78 defensores. Con el paso de los años, la estructura del Ministerio Público de la Acusación se expandió a un ritmo superior al de la Defensa Pública. Según expone el informe, al cierre de 2024 existían 151 fiscales y 73 defensores activos. Durante 2025, se proyectaba la incorporación de otros 48 fiscales, elevando el total a 199, frente a la incorporación de 19 defensores adjuntos subrogantes, que elevó el plantel a 92.
La consecuencia de esta evolución desigual se observa en un indicador clave para medir el equilibrio del sistema: la relación entre acusadores y defensores. Mientras al inicio existía poco más de un defensor cada dos fiscales, la proporción descendió hasta equivaler a casi tres fiscales por cada defensor activo. Para la conducción del MPD, esta situación afecta la denominada «paridad de armas», uno de los principios fundamentales del proceso acusatorio, y vuelve indispensable avanzar en la cobertura de vacantes y en el fortalecimiento institucional del organismo.
Nuevas competencias
La expansión de responsabilidades constituye otro aspecto central del informe. Durante 2025, la Defensa Pública continuó consolidando su actuación en dos materias relativamente recientes: la justicia penal juvenil y las causas vinculadas al microtráfico de estupefacientes.
En materia juvenil, el organismo asistió a 873 adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante el año participó en 243 audiencias imputativas y en 446 audiencias relacionadas con medidas cautelares, además de finalizar 124 legajos.
Por su parte, la desfederalización parcial de los delitos vinculados al narcomenudeo generó una nueva demanda para el sistema. Solo en 2025, la Defensa Pública intervino en 736 audiencias imputativas y en 632 audiencias de medidas cautelares vinculadas al microtráfico.
La incorporación de estas competencias implicó no solo un incremento cuantitativo del trabajo, sino también la necesidad de desarrollar procesos específicos de capacitación para garantizar defensas técnicas adecuadas en materias que hasta hace pocos años resultaban ajenas a la competencia provincial.
Importancia estratégica
Los números del Capítulo III van más allá de una mera rendición de cuentas. Describen el rol central que ocupa hoy la Defensa Pública dentro del sistema penal santafesino. Se trata de un organismo que asiste a decenas de miles de personas, interviene en la mayoría de las audiencias penales, acompaña a más de ocho de cada diez personas privadas de libertad y absorbe nuevas competencias cada año.
Adicionalmente, en 2025, la Defensa Pública concluyó un total de 268 causas mediante juicio oral, incluyendo tres juicios por jurados, sosteniendo toda esta actividad cotidiana con una estructura integrada por apenas 309 agentes entre magistrados, funcionarios y trabajadores.
En un contexto de expansión permanente de la litigiosidad penal, las estadísticas dejan una conclusión difícil de discutir: fortalecer la Defensa Pública ya no se presenta como una demanda corporativa, sino como una condición ineludible para preservar el equilibrio del sistema de justicia y garantizar la vigencia efectiva del derecho de defensa. Las cifras del informe 2025 demuestran, en definitiva, que esa «otra mitad de la justicia» es mucho más que una expresión retórica; es una realidad medible, cotidiana y decisiva para el funcionamiento del Estado de derecho en Santa Fe.
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