La inauguración del nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe reunió este martes 30 de junio a autoridades de los tres poderes del Estado en una ceremonia que marcó el final de una obra proyectada hace más de dos décadas. Entre los invitados se destacó la presencia de Jaquelina Balangione, una figura de extensa trayectoria en el sistema judicial santafesino. Su carrera incluye roles como jueza Correccional en el antiguo sistema, camarista penal, defensora general del entonces Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (2017-2023) y, más recientemente, convencional constituyente durante el proceso de reforma de la Constitución provincial.
La entrevista, que inicialmente se centró en la importancia de la nueva infraestructura judicial, rápidamente tomó otro rumbo. El flamante edificio sirvió como punto de partida para abordar el presente del Ministerio Público de la Defensa, su función esencial dentro del Estado de derecho y los desafíos que, según Balangione, enfrenta actualmente la institución que ella condujo durante cuatro años.
Consultada sobre el significado de la inauguración para la ciudadanía y la Justicia, Balangione afirmó que «es un hecho histórico para la ciudad de Santa Fe y para toda esta región». Subrayó que se trata de «un edificio icónico» y el «resultado de una gestión que trascendió distintos gobiernos», enfatizando la «decisión sostenida de la Corte Suprema para gestionar los recursos y el esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía, que con sus impuestos hizo posible esta obra».
La ex defensora general recordó que el proyecto de los tribunales comenzó en 2005, cuando todavía no existía el sistema penal acusatorio vigente. «A veces se instala la idea de que este edificio nació para la Justicia Penal y no es así», aclaró. «El proyecto empezó mucho antes de la reforma procesal y estaba pensado como una ampliación del Poder Judicial para todos los fueros. Más adelante se evaluó la posibilidad de que también funcionaran aquí los organismos creados para el nuevo sistema penal, cuando todavía integraban la órbita del Poder Judicial con autonomía y autarquía».
El debate por los espacios en el nuevo edificio
Uno de los temas que atravesó la jornada fue la ausencia de las titulares del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Moreno Robinson, durante el acto. Balangione señaló que fue invitada por la Corte Suprema en su doble condición de ex defensora general y ex convencional constituyente, y lamentó la no participación de las actuales autoridades de ambos organismos.
«Me dio pena porque entendí que habían sido invitadas. Creo que estos momentos requieren madurez institucional», expresó. Explicó que «las reglas cambiaron: hoy el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa ya no forman parte del Poder Judicial«. En ese contexto, consideró importante el ofrecimiento de la Corte para que puedan ocupar espacios mientras se encuentra una solución definitiva.
La ex funcionaria recordó que, durante su gestión al frente de la Defensa, el organismo adquirió inmuebles propios para fortalecer su funcionamiento. «Los organismos autónomos y autárquicos también tienen que gestionar su presupuesto y su infraestructura. Mientras fui defensora adquirimos siete inmuebles que mejoraron notablemente las condiciones de trabajo», detalló. «Hoy el escenario jurídico es distinto y me parece que lo importante es encontrar una solución consensuada que priorice el interés público».
Una crítica a la «pasividad institucional»
La conversación cambió definitivamente de eje cuando se le preguntó a Balangione por el presente del Ministerio Público de la Defensa. Hizo una aclaración que repitió varias veces: «Quiero dejar muy claro que siempre voy a querer lo mejor para la defensa pública. Defiendo y respaldo el trabajo de los defensores porque conozco el enorme esfuerzo que hacen todos los días. Veo profesionales muy comprometidos, con muchísimo trabajo y una demanda creciente».
Sin embargo, diferenció esa valoración de su mirada sobre la conducción institucional del organismo. «Mi crítica no es hacia los defensores. Mi crítica es hacia la política institucional», enfatizó. «Creo que la defensa pública está siendo demasiado pasiva en el ejercicio del rol que le corresponde dentro del Estado de derecho«.
Según explicó, la misión institucional de la defensa pública excede ampliamente la representación técnica de las personas imputadas. «La defensa pública tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos y constituirse en una voz frente a las distintas formas de violencia institucional. Ese es su papel constitucional. Yo hoy no veo ese protagonismo», afirmó.
La ex defensora general insistió en que ejercer ese rol no implica confrontar con otros poderes del Estado. «No se trata de pelearse con nadie. Cuando fui defensora jamás me peleé con nadie. Lo que hacía era plantear los recursos cuando entendía que correspondían y expresar institucionalmente la posición de la defensa. Son cosas distintas. Se puede sostener una posición firme sin perder el respeto institucional», puntualizó.
También manifestó su preocupación por la situación cotidiana de los defensores oficiales. «Hay una carga de trabajo enorme. En muchos casos trabajan prácticamente como una guardia hospitalaria. Eso termina afectando la calidad del servicio porque siguen existiendo muchas vacantes y los recursos siempre resultan insuficientes frente a la demanda», señaló.
Edificio compartido: una «inconveniencia»
Otro de los aspectos sobre los que Balangione se mostró categórica fue la posibilidad de que la Defensa y la Fiscalía funcionen en un mismo edificio. «No me parece conveniente. En un proceso penal son contrapartes. Quien acude a la defensa no acude a la fiscalía. Son familias enfrentadas, conflictos entre barrios, personas que llegan atravesando situaciones muy delicadas», argumentó.
Para fundamentar esa postura, apeló tanto a su experiencia profesional como a ejemplos internacionales. «Cuando visité el Centro de Justicia Penal de Chile, las propias autoridades reconocían que había sido un error reunir en un mismo edificio a los tres sujetos procesales. Y en Rosario también se han advertido dificultades derivadas de esa convivencia», explicó.
Recordó además que durante su etapa como jueza era habitual adoptar medidas para evitar el contacto entre víctimas, imputados y testigos. «No es solamente una cuestión edilicia. Hay que pensar en cómo circula la gente, en la seguridad y en la tranquilidad de quienes concurren a la Justicia por distintos motivos. Una persona que va a declarar como testigo o una víctima no debería cruzarse innecesariamente con la otra parte antes de una audiencia», subrayó.
Por esa razón, consideró razonable que se evalúen alternativas edilicias para alguno de los organismos. «Me parece que el ofrecimiento de la Corte debe ser analizado con racionalidad. Lo importante no es ganar una discusión, sino encontrar la solución que mejor funcione para las instituciones y, sobre todo, para la ciudadanía», sostuvo. «Los edificios son importantes, pero más importante es el rol de las instituciones», concluyó.
La conversación terminó lejos del tema con el que había comenzado. La inauguración del nuevo edificio de los Tribunales quedó como punto de partida para un análisis sobre el funcionamiento del sistema judicial y, especialmente, sobre el papel que la defensa pública debe desempeñar en una democracia. Antes de despedirse, Balangione volvió sobre una idea que atravesó toda la entrevista: «Los edificios son importantes porque mejoran el servicio de Justicia y las condiciones de trabajo. Pero lo verdaderamente importante es que cada institución cumpla plenamente el rol para el que fue creada. La defensa pública tiene una misión esencial dentro del Estado de derecho y creo que nunca debe perder esa identidad».
Contexto del conflicto: hitos clave en la disputa edilicia
Los principales hitos de la disputa por el nuevo edificio:
- 2005 – El origen del proyecto: Comienza a gestarse la ampliación del Palacio de Justicia de Santa Fe, varios años antes de la implementación del sistema penal acusatorio. El proyecto, que nace como una ampliación del Poder Judicial, se licitó entre 2006 y 2011, pero la construcción empezó el 29 de marzo de 2016.
- 2021 – La distribución de los espacios: En el marco de la obra en ejecución, la Corte Suprema y los ministerios públicos avanzan en la asignación de sectores para el Ministerio Público de la Acusación y la entonces Defensa Pública. Esos antecedentes administrativos son hoy uno de los principales fundamentos de los reclamos de ambos organismos.
- 2025 – Nuevo marco constitucional: La reforma de la Constitución provincial del 8 de septiembre pasado reconoce la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa. Además, la cláusula transitoria decimosexta dispone que el uso y destino de los inmuebles afectados a esos organismos no puede modificarse sin su conformidad.
- Febrero de 2026 – La decisión de la Corte: Mediante el Acta Acuerdo N.º 4, la Corte resuelve avanzar con la readecuación del edificio Anexo del Palacio de Justicia para concentrar allí dependencias del Poder Judicial y evaluar posteriormente la posibilidad de ceder espacios a los ministerios públicos. La Fiscalía General rechaza la medida por considerar que altera el destino originalmente previsto para el inmueble.
- Junio de 2026 – Nueva propuesta y acto de inauguración: A una semana de la inauguración, la Corte ofrece al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa el sexto piso del nuevo edificio y el inmueble que dejará vacante el fuero laboral una vez concretado su traslado. Ambos organismos rechazan la propuesta. El 30 de junio, durante la inauguración del edificio, las titulares de los ministerios públicos no participan del acto y el gobernador Maximiliano Pullaro exhorta a resolver la controversia mediante el diálogo institucional.
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