La posible llegada de aplicaciones de traslado de pasajeros a Venado Tuerto ha encendido un debate que rápidamente escaló al Concejo Municipal. Representantes del sector de taxis y remises se reunieron con concejales para exponer sus inquietudes y explorar la creación de un marco regulatorio que ordene la actividad antes de que estas plataformas comiencen a operar de forma masiva en la ciudad. El encuentro surge después de que el intendente Leonel Chiarella manifestara públicamente que el Municipio no impedirá el funcionamiento de estas aplicaciones, priorizando el diálogo. Para los trabajadores del transporte tradicional, el eje de la discusión no reside solo en la irrupción de una nueva modalidad, sino en las condiciones de competencia frente a servicios que están regulados desde hace años.
Regular, no prohibir: la postura del Concejo
Desde el Concejo, el presidente del cuerpo, Juan Ignacio Pellegrini, calificó la reunión como «muy productiva» y «propositiva». El objetivo principal, según explicó, es avanzar hacia una ordenanza que, lejos de prohibir el funcionamiento de las plataformas, establezca obligaciones claras para quienes deseen prestar el servicio dentro del ejido urbano. «Lo que dejé en claro, y el intendente ya lo había hecho, es no prohibir estas aplicaciones. Primero por una cuestión operativa, pero también porque hicimos un análisis global, no solo de Venado Tuerto, sino de la Argentina y el mundo», sostuvo Pellegrini.
El edil remarcó que este tipo de aplicaciones inició su expansión en grandes ciudades para luego extenderse a localidades intermedias, un patrón que se replica ahora en Venado Tuerto. «Estas aplicaciones están en todas las ciudades. Primero comenzaron en las más grandes, después fueron penetrando en ciudades menores y ahora están ingresando en localidades como Venado Tuerto, Pergamino o San Nicolás», detalló. Pellegrini enfatizó que la discusión local debe basarse en la realidad de que estas plataformas ya operan a nivel nacional e internacional, y los antecedentes judiciales suelen avalar su legalidad, delegando en municipios y provincias la potestad de regular, no de prohibir, su funcionamiento. «El traslado de personas no es ilegal, por lo tanto, queda a criterio de cada municipio, comuna o provincia regular su funcionamiento, pero no la prohibición», afirmó.
El pedido del sector tradicional: igualdad de condiciones
Desde el lado de taxis y remises, la reunión también fue valorada positivamente, aunque con una advertencia sobre la importancia del tiempo. Soledad Luna, una de las representantes del sector, explicó que la demanda central es que cualquier conductor que utilice una aplicación de traslado cumpla con condiciones similares a las exigidas actualmente a taxis y remises. «Lo más práctico y conveniente fue llegar a un punto de encuentro donde ellos puedan controlar y regular el funcionamiento. Cuando decimos esto, me refiero a que se manejen con la misma, o prácticamente la misma ordenanza, que se manejan los taxis y remises», señaló Luna.
Entre los requisitos fundamentales, Luna mencionó la documentación vehicular, las condiciones técnicas del automóvil, los controles periódicos, el seguro obligatorio, la licencia habilitante y todo aquello que el Municipio pueda fiscalizar como autoridad de control. Esta equiparación, según el sector, no solo busca evitar una competencia desleal, sino también garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. «Que no sea cualquiera el que ande por las calles sin un seguro como corresponde, sin el auto en condiciones o sin la licencia profesional», advirtió. Si bien reconocen que la equiparación de tarifas es un punto complejo debido a los algoritmos propios de las plataformas, consideran que el resto de las exigencias pueden enmarcarse en una normativa común. «Después, obviamente, el tema de tarifas es donde seguimos en desventaja, pero no hay mucho para hacer ahí», reconoció Luna.
Los desafíos del control y la identificación vehicular
Pellegrini coincidió en la necesidad de que los vehículos de estas plataformas asuman responsabilidades equivalentes a las de taxis y remises, pero alertó que el mayor desafío radicará en el control efectivo en la vía pública. El concejal recordó que en otras ciudades, incluso con ordenanzas vigentes, las aplicaciones operan bajo una lógica difícil de fiscalizar, ya que a menudo se configuran como acuerdos entre particulares. «En muchas ciudades pasa lo mismo de siempre: se sientan adelante y es muy complicado poder ver si es Uber, un remis o un taxi. Ya nos ha pasado años anteriores con los remises truchos y hemos tenido una lucha muy grande en ese sentido como ciudad», explicó. Por ello, la futura regulación se centraría primordialmente en los conductores y vehículos que operen en Venado Tuerto, donde el Municipio tiene poder de policía y capacidad real de fiscalización, más que en la plataforma internacional en sí misma.
Durante el encuentro, también se planteó la posibilidad de que los vehículos afectados a las aplicaciones cuenten con algún tipo de identificación visible, de manera análoga a lo que sucede con taxis y remises. Desde el sector tradicional, se argumentó que esta herramienta permitiría al usuario saber que el vehículo fue controlado y facilitaría al Municipio la detección de quienes operen sin autorización. «Como el taxi tiene la chapa roja y el remis la chapa amarilla, que Uber tenga algún tipo de identificación. Puede ser una chapa patente, una calco pegada o algo que lo identifique», propuso Luna. Pellegrini no descartó avanzar en una medida de este tipo, aunque insistió en que debe integrarse en una regulación más amplia que contemple la experiencia de otras ciudades y la capacidad real de fiscalización municipal.
Hacia una ordenanza consensuada
De cara al futuro, el Concejo Municipal iniciará la elaboración de un borrador de ordenanza para regular la actividad. Pellegrini adelantó que ya disponen de modelos normativos de otras ciudades y que el objetivo es compartir ese esquema con los sectores involucrados para seguir construyendo una normativa consensuada. «La idea nuestra es trabajar en una ordenanza. Ya tenemos algunos modelos de otras ciudades, cómo ha sido la implementación y el control, y después pasar ese primer borrador a los representantes que estuvieron presentes para analizarlo en conjunto», explicó. Para el oficialismo legislativo, Venado Tuerto cuenta con una ventaja crucial: el sistema aún no ha comenzado a funcionar plenamente, lo que permite actuar preventivamente antes de que un posible conflicto se instale en la calle. «Podemos llegar un paso antes y tener una ley que nos aglutine a todos, que todos podamos trabajar en las mismas condiciones y que no haya una competencia desleal», remarcó el presidente del Concejo.
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