El Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia sobre el sector de la energía eléctrica, una medida que se extiende más allá de su propio mandato. Esta decisión consolida un cuarto de siglo de un régimen de amplias facultades, aunque con el objetivo de reestablecer un esquema similar al de las privatizaciones de la década del ’90.
La Casa Rosada prorrogó, un día antes de su vencimiento, la emergencia sobre el sector de la energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta extensión, que supera el actual mandato presidencial, completará 25 años de un régimen de regulaciones y medidas iniciado y renovado bajo la promesa de su carácter excepcional.
En la historia económica reciente de la Argentina, el estallido de la convertibilidad marcó una línea divisoria relevante para los servicios públicos monopólicos en general, y específicamente para la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. El fin de la paridad legal entre el dólar y el peso inauguró una sucesión de declaraciones de emergencia que se extenderán hasta el próximo gobierno. Este período abarca las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, actualmente, Javier Milei.
Entre 2002 y 2015, mediante leyes, decretos o resoluciones, se suspendieron contratos y se congelaron tarifas. Durante este lapso, la firma de actas de acuerdo entre las empresas del sector y las autoridades nacionales prevaleció sobre el marco normativo establecido en la década del ’90 con las privatizaciones. Desde 2015 en adelante, en cambio, los DNU mantuvieron las mismas condiciones en el marco normativo entre los actores del sistema y el Estado Nacional, extendiendo esta situación hasta 2027.
El déficit de inversiones
Tras 25 años de este régimen de excepción, los reproches se cuantifican en un significativo déficit de inversión. Específicamente, se estiman 6.600 millones de dólares de atrasos en inversiones solo en el sector del transporte, que presenta los mayores problemas. La relación entre el complejo de empresas privadas, públicas y cooperativas —responsables de generar, transportar y distribuir energía eléctrica— y las autoridades nacionales reguladoras se ha desarrollado predominantemente bajo un esquema de emergencia.
El eslabón más débil de esta cadena, desde la producción hasta el consumo de kilovatios, requiere urgentemente 5.610 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 500 kV. Estas se distribuirían en 16 obras consideradas prioritarias para fortalecer la red nacional. Similar a lo ocurrido durante las privatizaciones y el desmembramiento de las empresas estatales nacionales, se espera que haya particulares interesados en invertir en un esquema de concesión de obra pública a través de licitaciones nacionales e internacionales. Las empresas de transporte de alta tensión, no obligadas por ley a realizar estas inversiones, optaron por no concretarlas en estos 25 años.
Conscientes de estos déficits, las autoridades han aceptado soluciones paliativas como las megabaterías de almacenamiento. Estas responden a las licitaciones de AlmaGBA para la Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, y AlmaSadi para abordar una porción de los problemas más graves en el interior del país.
La estrategia de La Libertad Avanza
Durante la actual gestión de La Libertad Avanza, la implementación y los tiempos de sus políticas para el sector energético han presentado vaivenes, pero con un horizonte claro y controvertido: reducir la intervención del Estado en todas las instancias posibles. El gobierno ha logrado eliminar, al menos conceptualmente, los subsidios a las clases medias y altas —dando continuidad a un plan de la administración anterior que segmentó a los usuarios residenciales por capacidad económica— y mantuvo precios de mercado o equiparables para las empresas.
Si bien se mantienen ciertas protecciones para los usuarios residenciales en la energía eléctrica mayorista y en el precio del gas en el punto de ingreso a los gasoductos, las ayudas ahora son «focalizadas» en los segmentos más vulnerables. Por acción u omisión, los hogares más pobres que utilizan garrafas de 10 kg han visto reducidas significativamente estas asistencias.
Desafíos
No obstante, el núcleo del programa de gobierno para el sector va más allá de la reducción de subsidios para salvaguardar el superávit fiscal. La estrategia central radica en fomentar el apetito por los negocios que impulsen el desarrollo de infraestructura en el país. Por el momento, este impulso solo se observa en proyectos directamente vinculados con la minería y el gas de yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. El ritmo de las exportaciones ha sido más lento de lo esperado debido a la paralización de inversiones estatales que ya estaban en curso.
Probablemente debido a lo expuesto y al complejo panorama global, el Gobierno Nacional optó, por ejemplo, por suspender la licitación para privatizar la intermediación en la compra de gas natural licuado. Asimismo, evita concluir su mandato con contratos plenos con las empresas del sector. La decisión de prorrogar la emergencia hasta finales del próximo año indica que la «normalización de los mercados» demandará más tiempo de lo inicialmente previsto. A pesar de las políticas de shock aplicadas en las tarifas, con un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, se observa un gradualismo en la relación con un sector empresarial habituado a la ausencia de reglas claras y a que el Estado cubra sus déficits.
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