La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó por unanimidad una comunicación que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la intervención, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático (o el organismo que estime competente), en una planta industrial ubicada en la ciudad de Fray Luis Beltrán.
La iniciativa demanda que se establezca un mecanismo de control técnico especializado y de seguimiento permanente en el predio de la firma Ar Zinc S.A. (ex Sulfacid), en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Provincia de Santa Fe y la normativa ambiental vigente. Asimismo, la medida toma especialmente en consideración las recientes resoluciones judiciales dispuestas por el doctor Eugenio Romanini, juez penal de primera instancia del Distrito Judicial N° 12 de San Lorenzo.
Objetivos del control técnico y seguimiento
La minuta fue impulsada por el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, con el propósito de crear un dispositivo que supervise las gestiones, obras y tareas técnicamente necesarias para la estabilización y el apuntalamiento de la barranca en el sector lindero al río Paraná.
Del mismo modo, el plan contempla las acciones indispensables para el tratamiento, contención y prevención de la dispersión de los residuos tóxicos existentes en el predio, cuyo cumplimiento inmediato fue ordenado judicialmente a los responsables de Ar Zinc S.A.
En los fundamentos de la medida, el legislador justicialista recordó proyectos presentados en los años 2019, 2020 y 2025, además de destacar el acompañamiento a las autoridades locales en gestiones realizadas ante organismos nacionales y provinciales con idéntico fin.
Antecedentes y magnitud del pasivo ambiental
Fundada en la década de 1950 e incorporada a la firma internacional Glencore en el año 2005, Ar Zinc S.A. fue la única fábrica de zinc electrolítico de la Argentina y una de las principales de la región. En el año 2016 cerró sus puertas y dejó a 400 trabajadores sin su fuente laboral.
Sin embargo, el impacto no se limitó al plano social y económico. En el predio permanecen residuos derivados de la actividad industrial desarrollada durante décadas, cuya peligrosidad ha sido señalada por las autoridades locales y la comunidad. Entre los materiales identificados figuran jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados en volúmenes de gran magnitud.
A esto se suma la ubicación del predio, contiguo al río Paraná, y las condiciones de estabilidad de la barranca, circunstancias que justifican la necesidad de extremar las medidas de prevención y control por parte de la Provincia.
Marco constitucional y responsabilidades del Estado
El senador Armando Traferri subrayó que la incorporación de la cuestión ambiental al texto de la Constitución de Santa Fe refuerza la responsabilidad estatal en la materia. En este sentido, destacó su participación como convencional constituyente en la reforma del año 2025.
La normativa establece en su artículo 33 que el ambiente es un bien colectivo y que la Provincia debe desarrollar políticas públicas de protección fundamentadas en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad, no regresividad, responsabilidad y solidaridad.
Desde esa perspectiva, el legislador concluyó que resulta imperativo fortalecer la presencia estatal frente a una problemática que, a su entender, representa actualmente la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe.
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