El presidente Javier Milei, impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, promueve un paquete de reformas para el Poder Judicial que incluye el envío de 200 pliegos para cubrir vacantes y una aceleración en los nombramientos de la Corte Suprema. La iniciativa también contempla la reestructuración de juzgados federales, modificaciones en el Consejo de la Magistratura y la actualización de los Códigos Civil y Penal. Estas acciones buscan rediseñar la Justicia argentina, priorizando la cobertura de cargos y la agilización de procesos.
La Segunda Etapa de la Reforma Judicial de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei se prepara para una segunda fase de transformaciones en el sistema judicial, tras haber impulsado la mayor renovación de magistrados federales en las últimas dos décadas. Esta agenda de cambios abarca la creación de nuevos juzgados en el interior del país, modificaciones en el proceso de selección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la separación del máximo tribunal del Consejo de la Magistratura, y reformas a los Códigos Civil y Penal.
El Presidente abordó estos temas esta semana, a su regreso de Perú, en una reunión con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según reportó La Nación, el encuentro también incluyó la cuestión de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que actualmente opera con tres miembros de los cinco que deberían integrarla: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El año pasado, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el presidente Milei envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ambos fueron rechazados por el Senado. Desde entonces, el Gobierno no había vuelto a insistir en el tema hasta la llegada del proactivo Mahiques, que reactivó el análisis de posibles candidatos que puedan obtener el necesario respaldo legislativo.
Modificaciones en la Selección de la Corte Suprema
Por lo pronto, el Gobierno ya ha modificado, mediante el Decreto 467/2026, el procedimiento establecido desde 2003 para la selección de postulantes al máximo tribunal. Entre otras disposiciones, se eliminó la instancia específica de participación ciudadana previa al envío de los pliegos y se dejaron sin efecto recomendaciones sobre el equilibrio de género, la representación regional y la especialización de los aspirantes. El argumento oficial es agilizar el proceso y evitar duplicaciones con el trámite parlamentario.
El Nuevo Escenario de Vacantes Judiciales
El impulso para completar la Corte se enmarca en un panorama que el oficialismo considera auspicioso. Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia en marzo de este año, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, existían 200 vacantes de jueces pendientes de trámite, además de 72 cargos de defensores oficiales y 65 de fiscales. De inmediato, el Ministerio de Justicia comenzó a remitir tandas sucesivas de pliegos al Senado, priorizando los cargos del interior del país. En pocos meses, se enviaron más de un centenar de postulaciones, y se incorporaron nuevas remesas con el objetivo de alcanzar cerca de 300 pliegos durante 2026.
Este proceso ha contribuido a la reducción del porcentaje de vacantes en la Justicia nacional y federal después de varios años con escasas designaciones. Este éxito del nuevo ministro incluye también la extensión del mandato para magistrados solicitada por el Ejecutivo, comenzando por su propio padre, el camarista Carlos Mahiques.
Reestructuración y Redistribución Judicial
En los próximos días, Mahiques remitirá al Senado el pliego número 200 en su iniciativa para cubrir cargos judiciales. Simultáneamente, el presidente Milei y Mahiques trabajan en una reestructuración de la Justicia nacional. Esta estrategia parte de un diagnóstico compartido por distintos sectores del sistema judicial: la fuerte concentración de causas en algunos tribunales, el elevado número de vacantes y una distribución desigual de los juzgados federales entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.
La iniciativa busca reducir la cantidad de cargos en la Ciudad de Buenos Aires y reforzar con los recursos liberados las justicias provinciales, especialmente en regiones del norte y noreste con fronteras internacionales. La intención oficial es promover la creación de nuevos juzgados y tribunales en provincias donde la demanda supera la capacidad instalada, sobre todo en materias como narcotráfico, crimen organizado, contrabando, delitos económicos y litigios federales. Esta medida pretende equilibrar una estructura históricamente concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, fortaleciendo jurisdicciones provinciales que hoy operan con una significativa sobrecarga de trabajo.
Además, el plan contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y disminuir de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país después de la Corte Suprema de Justicia. La supresión de cargos, más allá de una posible concentración de poder, liberaría recursos que se destinarían a las provincias para la creación de nuevas estructuras, buscando equilibrar la distribución territorial y ofrecer una nueva herramienta de negociación con los gobernadores.
Cambios en el Consejo de la Magistratura
El plan del Gobierno también incluye modificaciones a la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de elegir y remover a los jueces. Entre las propuestas, se baraja la idea de desvincular a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura, así como reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos: jueces, abogados, académicos y políticos.
El Consejo de la Magistratura, órgano político para la designación y remoción de jueces, fue creado por la reforma constitucional de 1994. Su ley original preveía 20 integrantes y era presidido por el titular de la Corte. En 2006, durante el kirchnerismo, se modificó la ley y se lo redujo a 13 integrantes. Quince años más tarde, el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080, argumentando que había roto el «equilibrio» entre los estamentos exigido por el artículo 114 de la Constitución, sobredimensionando el peso del sector político.
La Corte ordenó entonces regresar a la integración de 20 miembros, según las reformas de la ley 24.939 (la versión previa a 2006), con más jueces, abogados y representantes académicos y científicos en relación con los representantes políticos. Se otorgó al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva ley que respetara este equilibrio constitucional. Al vencer el plazo sin legislación, se dispuso que regiría automáticamente la composición de 20 miembros de la ley anterior. También se estableció que, hasta tanto se completara la nueva integración, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, presidiría automáticamente el Consejo de la Magistratura, cargo que desde la reforma de 2006 era cubierto anualmente por voto de los consejeros. Esta es la disposición que el proyecto del Gobierno buscaría modificar.
Códigos en la Mira
La agenda oficial contempla, además, la revisión de normas de fondo. Equipos técnicos del Ministerio de Justicia trabajan en propuestas para actualizar el Código Civil y Comercial y el Código Penal. En materia penal, el objetivo es modernizar figuras relacionadas con el crimen organizado, delitos económicos, ciberdelitos y corrupción, así como armonizar la legislación con el sistema acusatorio federal. En cuanto al Código Civil y Comercial, los cambios apuntarían a simplificar procedimientos, revisar institutos incorporados en la reforma de 2015 y adecuar diversas normas a la política de desregulación impulsada por el Gobierno.
En la Casa Rosada reconocen que la mayoría de estas iniciativas requerirá mayorías legislativas de las que el oficialismo no dispone actualmente. Por ello, la estrategia consiste en avanzar primero con las medidas que puedan implementarse mediante decretos o reglamentaciones administrativas, mientras se negocian consensos parlamentarios para los proyectos de mayor envergadura.
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