El productor agropecuario Franco Augusto Poccia comenzó a ser juzgado este miércoles en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Está acusado de trata de personas con fines de explotación laboral agravado, por captar y trasladar a trabajadores chaqueños con falsas promesas de empleo. Según la Fiscalía, las víctimas sufrieron extensas jornadas, precariedad habitacional y un sistema de descuentos abusivos en un predio de Arroyo Leyes.
Inicio del debate oral por trata de personas
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe inició este miércoles el juicio contra Franco Augusto Poccia, un productor agropecuario local acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado. El debate, que comenzó a las 9.30, se estima que se extenderá entre dos y tres meses, con un calendario que prevé unas 20 audiencias.
El tribunal está conformado por los jueces Germán Sutter Schneider, quien lo preside; Ricardo Moisés Vázquez y José María Escobar Cello, con Emilio Rosatti como magistrado suplente. En la sala, Poccia enfrenta la acusación junto a su abogado defensor, Claudio Torres del Sel. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen las fiscales Milagros Traverso y Roberto Salum, integrantes de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe. Asimismo, participa como querellante el abogado Gustavo Adolfo Vargas, quien representa a tres de los trabajadores que impulsaron la denuncia.
La primera jornada estuvo dedicada a la presentación de los alegatos de apertura por parte de las partes y al repaso de las convenciones probatorias. Las primeras declaraciones testimoniales se esperan para la próxima semana.
La hipótesis fiscal sobre la explotación
Durante su exposición inicial, la fiscal Traverso detalló el origen de la investigación y situó los hechos entre el 15 de abril y el 1 de octubre de 2025. Según la acusación, en ese lapso, al menos 20 personas habrían trabajado para Poccia en un predio ubicado en Arroyo Leyes, a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial Nº 1 y calle Nº 110.
La hipótesis fiscal sostiene que el productor habría intervenido en las etapas de captación, traslado y acogida de los trabajadores. La mayoría de ellos provenía de localidades chaqueñas como San Bernardo, Villa Ángela y Coronel Du Graty, situadas a unos 600 kilómetros de sus domicilios. Para la Fiscalía, la distancia geográfica y la precaria situación económica de estos individuos configuraban un elemento central de vulnerabilidad. Se estableció que los pasajes eran abonados por Poccia y los contactos se realizaban a través de capataces oriundos de la misma región.
La propuesta laboral, conforme a la exposición de Traverso, resultaba atractiva para trabajadores temporarios que se trasladaban a Santa Fe durante la temporada de cosecha. Sin embargo, las condiciones que presuntamente encontraban al llegar no se correspondían con lo prometido. El Ministerio Público argumenta que los trabajadores cumplían jornadas de 12 horas o más, y que permanecían en condiciones habitacionales incompatibles con la dignidad humana. En el alegato se exhibieron fotografías de los lugares donde pernoctaban, en los que gran parte del mobiliario estaba compuesto por cajones utilizados para la recolección de frutillas. Además, carecían de agua potable y utilizaban agua de pozo. La fiscal hizo hincapié en la diferencia entre estas construcciones, a las que denominó “taperas”, y los galpones y oficinas que funcionaban en el mismo establecimiento.
El allanamiento y el mecanismo de explotación
La investigación culminó con un allanamiento ejecutado el 1 de octubre de 2025. Ese día, en el predio fueron halladas 42 personas, aunque la Fiscalía finalmente identificó a 20 como víctimas de los hechos investigados. Traverso explicó que no todas las personas encontradas se encontraban en la misma situación: un grupo trabajaba para otro empleador, otro realizaba tareas en el galpón de empaque y un tercero no dormía en el establecimiento.
Del operativo participaron efectivos de Gendarmería y otras fuerzas policiales, junto con personal de Uatre, Renatre y del Ministerio de Trabajo de la Nación. La pesquisa se inició a partir de las denuncias de tres trabajadores informales, presentadas tras una discusión con uno de los capataces, ocurrida antes de que se les abonaran los pasajes para regresar a sus lugares de origen.
Para la Fiscalía, la explotación se estructuró en torno a tres pilares: las extensas jornadas laborales, la remuneración y un sistema de endeudamiento que afectaba los ingresos de los trabajadores. Según la acusación, del salario se descontaban los pasajes, las linternas empleadas para tareas nocturnas y hasta productos de almacén adquiridos en un comercio que operaba dentro del propio predio. A esto se sumaba, de acuerdo con el Ministerio Público, la falta de registración laboral, seguro y obra social. Traverso describió además un contexto de violencia caracterizado por gritos e insultos por parte de los capataces. “Toda la actividad era al margen de los controles estatales”, afirmó la fiscal durante su alegato.
Pedido de pena y decomiso de bienes
La Fiscalía adelantó que solicitará una pena de ocho años de prisión para Franco Poccia por el delito de trata de personas con fines de servidumbre agravado. Además, pidió el decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, aproximadamente diez millones de pesos y 4.200 dólares. También planteó una reparación económica para las víctimas y el Estado estimada en 210 millones de pesos.
El querellante Vargas adhirió a la acusación fiscal, enfatizando que se trata de un caso de captación mediante una promesa laboral que finalmente no se cumplió. El abogado chaqueño puso el foco en un aspecto central del debate: la distinción entre una relación laboral informal y una relación laboral que, por sus características, puede configurar explotación. En sintonía con la Fiscalía, solicitó el decomiso de los bienes mencionados y agregó el pedido de decomiso del lugar físico donde habrían ocurrido los hechos.
La defensa refuta la acusación
El doctor Torres del Sel rechazó de plano la acusación y anticipó que solicitará la absolución de su defendido. “Negamos que los hechos se configuren en el presente caso”, sostuvo el abogado, quien calificó la causa como un proceso con “ribetes que realmente me asustan”.
La defensa cuestionó particularmente la existencia de una situación de captación. Según su planteo, no era Poccia quien buscaba trabajadores mediante una maniobra engañosa, sino que eran los propios trabajadores golondrina quienes se ofrecían para realizar las tareas de temporada. El abogado reconoció la precariedad en los lugares donde dormían, pero afirmó que los trabajadores podían optar por alquilar en las inmediaciones y que nadie fue retenido ni privado de su documentación.
También se refirió a las deudas que, según la acusación, formaban parte del mecanismo de explotación. Torres del Sel afirmó que algunos trabajadores se endeudaban en comercios de la zona porque no concurrían a trabajar y permanecían consumiendo bebidas alcohólicas. Admitió, además, que existió una discusión con uno de los encargados y que este, una mañana, pateó la puerta de una de las habitaciones para despertar a los trabajadores y exigirles que fueran a trabajar. Para la defensa, ese episodio no configura el delito de trata.
Respecto de las personas que permanecían en el predio al momento del allanamiento, Torres del Sel señaló que ninguna manifestó querer retirarse y que continuaron trabajando. En cuanto a la falta de registración laboral, sostuvo que se trata de una cuestión administrativa y no de un delito penal. Durante su exposición, también cuestionó la credibilidad de los tres denunciantes y planteó interrogantes sobre una declaración realizada en Cámara Gesell, en la que una de las víctimas habría manifestado que le ofrecieron dinero y chapas para declarar. “Yo me pregunto si al resto de las víctimas también le han ofrecido dinero”, expresó.
Cronograma de audiencias
El juicio se reanudará el martes 18 de agosto con las declaraciones de los tres querellantes. Estas entrevistas se llevarán a cabo con la intervención de un psicólogo, desde una sala de los tribunales federales de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Las audiencias proseguirán el miércoles 19 y luego los días 26 y 28 de agosto, con la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía. El debate tiene previstas unas 20 jornadas y se estima que se extenderá durante los próximos dos o tres meses.
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