La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este jueves la condena a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por corrupción contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, al rechazar el recurso extraordinario de su defensa. Tras quedar firme el fallo del máximo tribunal, el Ministerio Público Fiscal de la provincia solicitó la inmediata detención del exmandatario y de sus colaboradores Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Con esta resolución inapelable, se cierra un extenso proceso judicial por los delitos de peculado y negociación incompatible con la función pública en el territorio entrerriano.
Firme condena y orden de detención para el exgobernador Sergio Urribarri
En una resolución dictada este jueves 3 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a ocho años de prisión efectiva para Sergio Urribarri, exgobernador entrerriano y exembajador argentino en Israel durante la gestión de Alberto Fernández.
Los ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial, dando por agotada la última instancia de apelación del proceso judicial.
Delitos y pedido de captura inmediata
La pena impuesta contempla los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, derivados del desvío sistemático de fondos públicos a través de cinco causas tramitadas en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Tras la resolución judicial, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos formalizó de inmediato el pedido de detención efectiva contra Sergio Urribarri. La misma medida recae sobre Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación durante su administración, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.
Del sillón de Paraná a la celda
Sergio Urribarri había recibido una condena unánime en primera instancia el 7 de abril de 2022, fallo que posteriormente fue ratificado por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023. Tras permanecer brevemente bajo prisión preventiva, había recuperado la libertad transitoria en enero de 2025 por un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial, fijando domicilio en la ciudad de Concordia a la espera de la resolución definitiva del máximo tribunal del país. Con este revés judicial, el exjefe del Ejecutivo entrerriano deberá cumplir la pena de forma efectiva.
El dictamen de la Corte Suprema marca un precedente institucional decisivo en el juzgamiento de hechos de corrupción administrativa en la región centro del país. Con la última instancia agotada, se cierra un extenso recorrido judicial de cuatro años que determina de manera inapelable la responsabilidad del exgobernador en el uso indebido de los recursos del Estado.
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