La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a una sesión clave el próximo 15 de octubre, impulsada por bloques opositores que buscan la derogación definitiva del mega DNU 70/2023 tras el reciente revés judicial y el rechazo previo del Senado. La ofensiva parlamentaria coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y una multisectorial de reclamos frente al Congreso, mientras el oficialismo intenta bloquear el quórum y estirar los tiempos legislativos.
Tensión y alta actividad en los tres poderes del Estado
Los tres poderes del Estado transitaron una semana marcada por una intensa actividad y fricciones políticas. En el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei dividió su agenda entre su participación en el Argentina Week en París y la defensa de su modelo económico. En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra en España para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde volvió a distanciarse de la agenda del mandatario, particularmente en materia de inteligencia artificial.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia concentró la atención mediática tras revocar el fallo que había declarado inconstitucional el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, instrumento que en su momento derogó la Ley de Tierras y estableció límites a la posesión rural por parte de extranjeros.
En el Congreso Nacional, el Senado asumió un rol central en la sucesión presidencial a través de Bartolomé Abdala, presidente provisorio de la Cámara alta. Desde el mismo espacio, Patricia Bullrich continuó delineando su perfil político de cara a 2027, tras reunirse con representantes del círculo rojo en el último Coloquio de IDEA.
La agenda caliente de la Cámara de Diputados
Sin embargo, debido a la intensa actividad en comisiones, la Cámara de Diputados se convirtió en el principal foco de atención. Aún resonaban los debates en torno al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional —iniciado en un plenario de comisiones— cuando la oposición solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el fin de derogar el mega DNU 70/23, además de tratar el proyecto sobre morosidad y un pedido de prórroga a la Ley de Discapacidad.
La fecha coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo con epicentro frente al Congreso Nacional. En dicho punto confluirán diversas demandas sectoriales, incluyendo discapacidad, morosidad y la venta de tierras a extranjeros.
Por su parte, el oficialismo confía en que la oposición no logre reunir el quórum necesario en la Cámara baja y apuesta a convocar una sesión para el 21 de octubre, con la expectativa de contar con un dictamen sobre la Ley de Soberanía Nacional y avanzar en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado el 7 de agosto sin el capítulo de tierras. Asimismo, la agenda legislativa prevé el debate del Presupuesto 2027 en Diputados y la discusión sobre la Reforma Electoral en el Senado, que incluye la intención oficialista de eliminar las PASO antes del cierre del período de sesiones ordinarias el 30 de noviembre.
El recorrido judicial y político del mega DNU 70/23
El nuevo impulso parlamentario para derogar el decreto 70/23 —aprobado por el Senado en marzo de 2024, pero pendiente de sanción en Diputados— surgió luego de que la norma recuperara vigencia tras la anulación de la medida cautelar que la suspendía.
La Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del DNU ni descartó futuras cautelares, pero determinó que la acción judicial original carecía de legitimación adecuada por parte del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
En el fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se ratifica la facultad constitucional del Congreso para rechazar un DNU, aunque bajo el estricto marco legal vigente. Esta decisión reavivó los intentos de la oposición por reunir los votos necesarios en la cámara baja para dejar sin efecto el decreto.
Los mecanismos constitucionales y el antecedente de la SIDE
Conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, el uso de decretos de necesidad y urgencia está reservado para circunstancias excepcionales que impidan el trámite legislativo ordinario, excluyendo materias penales, tributarias, electorales y de partidos políticos. Su validez requiere la firma del jefe de Gabinete de Ministros y el acuerdo general de ministros.
Para invalidar un DNU, ambas cámaras del Congreso deben rechazarlo formalmente. Si una sola cámara lo aprueba o ninguna lo trata, la norma mantiene su vigencia. Hasta el momento, el único antecedente de rechazo en Diputados data de septiembre de 2024, cuando se dejó sin efecto el DNU 656, que asignaba 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la SIDE.
Con más de 80 DNU emitidos durante su mandato, el gobierno de Javier Milei afronta ahora la posibilidad de que el decreto 70/23 se convierta en el segundo en ser rechazado por el Poder Legislativo, lo que abriría un complejo escenario jurídico respecto a la continuidad de las desregulaciones en sectores como alquileres, medicina prepaga, actividad aerocomercial, régimen laboral y empresas públicas.
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