Un ex convicto con frondoso prontuario y su pareja fueron imputados en los tribunales de Santa Fe por amenazar a una mujer para exigirle la restitución de una vivienda en la ciudad de Santo Tomé. El fiscal de la causa solicitó la prisión preventiva de ambos, pero el juez interviniente rechazó la medida y les impuso restricciones de acercamiento y circulación mientras avanza la investigación penal. El episodio central de la disputa inmobiliaria ocurrió durante un feriado y derivó en un operativo policial que incluyó allanamientos en la localidad de Sauce Viejo.
El conflicto inmobiliario y la denuncia
Una disputa por la devolución de una vivienda derivó en una causa penal por presuntas amenazas y en un pedido de prisión preventiva para el ex convicto Facundo Martín Castro, de 50 años, y su pareja, Jésica Vanesa C. La audiencia se realizó el viernes 9 de octubre en los tribunales de Santa Fe, a partir de un episodio denunciado por una mujer de Santo Tomé.
El caso tiene como particularidad la trayectoria delictiva de Castro, quien cumplió una condena de 25 años de prisión por homicidio y fue protagonista de un sangriento motín ocurrido en la cárcel de Las Flores durante la década del 90. También registra condenas en Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro por otros delitos, entre ellos tenencia de armas e infracciones a la ley de estupefacientes. La mujer imputada, en cambio, no registra antecedentes.
Según la reconstrucción del fiscal Manuel Cecchini, el hecho investigado ocurrió durante la siesta del feriado del 9 de julio. La pareja llegó en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos a una vivienda de calle Libertad al 4100, ingresó al patio delantero y amenazó a la ocupante. De acuerdo con la denuncia, Castro habría exhibido un arma de fuego que llevaba en la cintura.
La víctima declaró que le dijeron que la matarían delante de sus hijos y atribuyó a la acusada la frase: «No nos interesa si hay criaturas o gente mayor». La denunciante vive con sus cuatro hijos, de 4, 8, 14 y 17 años, y su abuela, de 78. Durante la audiencia expresó: «Tengo miedo por mis hijos y mi abuela», y agregó que «ellos no salen a ningún lado después de lo que pasó».
La mujer aseguró que no conocía a los acusados antes de aquel encuentro y explicó que ocupaba la casa a partir de un acuerdo con la madre de la imputada, por el cual podía permanecer allí sin pagar alquiler mientras se encargaba de las refacciones. El inmueble había sido incendiado por sus anteriores ocupantes y, según su relato, todavía conserva las huellas del siniestro a pesar de haber transcurrido tres años. Cuando le reclamaron la devolución, indicó que no tenía adónde ir y reconoció que las condiciones del acuerdo cambiaron por decisión de la propietaria.
Por su parte, la defensa presentó otra perspectiva del conflicto al sostener que la mujer ocupaba irregularmente la propiedad y que la disputa debía analizarse en ese contexto. La madre de la pareja de Castro había denunciado por usurpación a la actual denunciante en el Centro Territorial de Denuncias, el 14 de octubre de 2025 y en enero de 2026.
La investigación y los operativos de la PDI
La fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como violación de domicilio y amenazas calificadas por el empleo de arma. En el marco de la investigación, el 6 de octubre la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda donde residía la pareja, ubicada en calle Violetas al 4200 de Sauce Viejo.
Durante el procedimiento, los efectivos concretaron el secuestro de los siguientes elementos de interés para la causa:
- Una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos.
- Una campera tipo parka clara.
Ambos elementos coinciden con las descripciones aportadas por la denunciante, aunque en el lugar no se encontró el arma mencionada. Cecchini señaló que ninguno de los imputados negó su participación en el episodio, aunque ambos rechazaron la existencia del arma y de las amenazas.
Al solicitar la medida cautelar, el fiscal hizo hincapié en la gravedad de los hechos, los antecedentes penales de Castro y la situación de vulnerabilidad de la denunciante y su entorno familiar.
Castro participó de la audiencia por videoconferencia desde la cárcel de Coronda, donde estaba alojado bajo el régimen de alto perfil. Tras un cuarto intermedio, pidió la palabra para cuestionar que su pasado condicionara la valoración del caso: «Quiero decir que he cometido delitos en mi vida y he pagado. Me pasé 20 años preso, tengo 50 años y por ser yo Facundo Castro me quieren condenar por mi pasado, por mis antecedentes terroríficos», expresó, y luego afirmó ser «completamente ajeno al hecho».
La defensora pública Lucía Mognaschi había solicitado la libertad de ambos acusados al cuestionar la existencia de riesgos procesales y sostener que la declaración de la denunciante, por sí sola, no alcanzaba para tener por acreditadas las amenazas en los términos planteados por la fiscalía.
La resolución judicial
Al resolver, el juez Luis Octavio Silva reconoció que existía un conflicto por la vivienda y consideró que no había razones evidentes para suponer que la denunciante hubiera mentido. Sin embargo, señaló que el alcance de las amenazas era uno de los aspectos controvertidos y entendió que los elementos reunidos no justificaban la prisión preventiva.
Entre sus argumentos, el magistrado ponderó que los acusados fueron detenidos varios meses después del episodio denunciado y que durante ese período no se registraron nuevos incidentes. «No es menor que la víctima no haya sido molestada en tres meses», sostuvo. Asimismo, consideró endebles los argumentos sobre un eventual entorpecimiento de la investigación y valoró que el reclamo de la víctima apuntaba a que dejaran de molestarla, sin haber pedido expresamente el encarcelamiento de los acusados.
La resolución dispuso la libertad de Castro y su pareja bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
- Fijar domicilio en una vivienda del barrio La Lona, en la ciudad de Santa Fe.
- Mantenerse a más de mil metros de la denunciante y de su entorno.
- Abstenerse de ingresar a Santo Tomé mientras avance el proceso.
- Tener prohibido poseer o portar armas.
- No cometer nuevos delitos.
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