La Cámara de Diputados de Santa Fe difirió por una semana el tratamiento del paquete de leyes de seguridad del oficialismo debido a disidencias internas en la coalición Unidos entre radicales y socialistas. Durante la sesión de este jueves, la Cámara baja sí logró sancionar la modificación a la ley orgánica del servicio público de la Defensa y aprobó con cambios el proyecto del Poder Ejecutivo para cortar el comercio ilegal de telefonía celular.
Sanciones, tensiones y freno legislativo en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados sancionó la ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal. Asimismo, votó con modificaciones el mensaje del Poder Ejecutivo orientado a combatir el comercio ilegal de teléfonos celulares y difirió, en principio por una semana, el debate sobre la reforma de seis leyes englobadas en el paquete de herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.
Disidencias internas en Unidos y rechazo opositor
Los tres ejes de la agenda parlamentaria generaron posturas encontradas. En el caso del paquete de seguridad, la propia coalición oficialista de Unidos no logró consensos para emitir el dictamen que habilitaría su tratamiento en el recinto. Los sectores radicales y socialistas mantuvieron diferencias respecto al mensaje del Poder Ejecutivo, que propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, además de una ampliación de las facultades policiales para casos especiales.
El proyecto debía obtener despacho en las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales tras la realización de dos audiencias públicas. Sin embargo, la falta de acuerdo persistió más allá del cuarto intermedio solicitado por Unidos para intentar destrabar la sesión. Mientras las tensiones se concentran en el oficialismo, los bloques opositores ya fijaron su postura: tanto el interbloque justicialista como el Frente Amplio por la Soberanía anticiparon su voto negativo.
El pulso político y la postura del oficialismo
El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvieron un encuentro con el bloque de diputados de Unidos para ratificar la relevancia que la Casa Gris le asigna al texto enviado el 14 de mayo. Los representantes radicales respaldaron la iniciativa, mientras que el socialismo planteó reparos en torno a determinados artículos, particularmente aquellos vinculados a la ampliación de facultades policiales y a la creación de zonas especiales de actuación.
Ante la falta de acuerdo, el oficialismo resolvió solicitar la prórroga del tratamiento preferencial para el próximo jueves. «Sin algunos cambios, no estamos dispuestos a acompañar; sí vamos a seguir dialogando para darle herramientas al Ejecutivo. Diálogo, diálogo, diálogo», expresó el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, al retirarse de la Legislatura.
Regulación de mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos
Previamente, y en votación dividida, la Cámara aprobó el mensaje destinado a conformar un sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos. La iniciativa busca frenar el robo de teléfonos celulares y el circuito comercial irregular derivado de este delito. Con el respaldo del oficialismo y de los legisladores identificados con sectores celestes, la norma reunió 35 votos a favor, frente a 11 rechazos provenientes del peronismo y la izquierda, y fue girada en revisión al Senado.
Espacios como Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar acompañaron en general, aunque formularon rechazos a artículos específicos.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del radical José Corral, quien lo definió como una herramienta clave para robustecer las políticas de seguridad pública. «Proponemos algunas reformas al texto votado por el Senado para mejorar el sistema que apunta a desactivar uno de los hechos más preocupantes de la seguridad, que es el robo de teléfonos celulares y su comercialización en un mercado ilegal», explicó.
Desde el oficialismo sumaron argumentos Ximena Sola (PRO), Lionella Cattalini (PS) y Martín Rosúa. En la vereda opuesta, Celia Arena, Marcos Corach y Alejandra Rodenas cuestionaron la medida desde el justicialismo. «Este proyecto es la punta del iceberg del monstruo que está apareciendo», advirtió la exvicegobernadora.
El sistema prevé la creación de instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos para intervenir la cadena de valor de dichos mercados a través de la prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.
El eje central de la normativa radica en la facultad policial de solicitar el IMEI o identificador único equivalente de los dispositivos para verificar su legalidad. No obstante, sectores de la oposición y legisladores que acompañaron el texto con reservas advirtieron sobre el riesgo de que las fuerzas de seguridad accedan a datos privados de las líneas telefónicas.
«Las personas están obligadas a exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos a requerimiento de autoridad competente», estipula uno de los artículos más cuestionados, el cual fue aprobado únicamente con los votos de Unidos.
Modificaciones en la Defensa Pública Penal
En contraste, el mensaje relativo al sistema público de Defensa Penal cosechó 34 votos positivos y 13 abstenciones correspondientes al justicialismo, la izquierda y Inspirar. La defensa de la iniciativa estuvo a cargo de Lucila De Ponti y Fabián Palo Oliver. Este último cuestionó que el esquema de la defensa pública confluya tanto la asistencia a víctimas como la representación de efectivos policiales que hubieran incumplido sus deberes.
El texto sancionado faculta a la Defensa a crear unidades especiales —incluyendo una destinada a la asistencia legal de policías— y dispone la incorporación de ocho cargos de Defensor Público.
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