La Cámara de Diputados de la Nación retomará este martes el debate por el Presupuesto 2027 tras la convocatoria de La Libertad Avanza a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes de que venza el plazo reglamentario. Mientras el oficialismo logró abrochar una concesión clave con el PRO para prorrogar beneficios a la industria autopartista hasta 2032, continúan abiertas las negociaciones con los bloques aliados y los mandatarios provinciales por el financiamiento a universidades, pensiones por discapacidad y los recursos coparticipables para las provincias, en medio de reclamos por la escasa inversión en infraestructura proyectada para distritos como Santa Fe.
El Presupuesto 2027 regresa a la Cámara de Diputados
El Presupuesto 2027 regresará este martes a la Cámara de Diputados con una concesión oficialista, varios reclamos de aliados todavía pendientes y apenas cuatro días de margen reglamentario para conseguir un dictamen que permita llevarlo al recinto dentro del período ordinario.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda fue convocada por Alberto Benegas Lynch para el martes 17, a las 16. La Libertad Avanza pretende obtener las firmas ese mismo día y convocar a una sesión antes del 30, luego de dejar aprobada la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la ley Malvinas. Por su parte, el Senado deberá continuar el tratamiento en diciembre, en una eventual prórroga de ordinarias o convocatoria a extraordinarias.
El calendario no es casual. El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones pueden dictaminar hasta el 20 de noviembre, salvo autorización de la Cámara con dos tercios de los votos emitidos. El período ordinario concluye diez días después.
Negociaciones y concesiones en el Congreso
El nuevo intento llega después del fracaso del 28 de octubre, cuando las diferencias con los aliados obligaron a suspender la reunión prevista para dictaminar. Siguieron dos semanas de actividad reducida por las elecciones estadounidenses y la visita del papa León XIV a la Argentina.
La reactivación se produjo el jueves pasado, en un cónclave entre la conducción libertaria y representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y otras bancadas.
Según las crónicas parlamentarias, se acordó la agenda, pero no se abordó la letra chica del Presupuesto, porque buena parte de las conversaciones giró alrededor de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Por lo tanto, las fechas están acordadas, pero todavía falta convertir los compromisos políticos en una redacción que reúna las firmas necesarias.
El avance más concreto lo comunicó el PRO. «Incorporamos en el Presupuesto 2027 la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686», anunció el bloque que conduce Cristian Ritondo.
El entendimiento extenderá hasta 2032 la posibilidad de acceder a beneficios como devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en Ganancias y retenciones cero para determinadas exportaciones.
«Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años», argumentó la bancada, que vinculó la medida con la continuidad de inversiones y empleo industrial en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Entre los demás pedidos figuran la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, modificaciones al impuesto a los combustibles, mayor información sobre concesiones viales y autorizaciones de financiamiento.
Universidades y discapacidad: los puntos de fricción
La negociación también enfrenta reclamos de los aliados que exceden al PRO. La UCR insiste en conservar la actualización automática por inflación de la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares, cuya derogación figura en el artículo 17 del proyecto original.
En materia universitaria, el Ministerio de Hacienda presupuestó alrededor de $ 7,3 billones en el artículo 12, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula unos $ 7,7 billones para el conjunto de transferencias. Los rectores reclaman aproximadamente $ 11 billones para cumplir las obligaciones derivadas de la legislación vigente, según su interpretación.
Las conversaciones para revisar las partidas y explorar beneficios sobre contribuciones patronales de las instituciones están abiertas, aunque todavía no existe una propuesta definitiva aceptada por las universidades.
En cuanto a discapacidad, la Casa Rosada asegura que garantizará los recursos para las prestaciones, aunque resta compatibilizar el Presupuesto con el nuevo régimen que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado. El texto original había propuesto modificaciones cuestionadas por los propios aliados.
El frente federal y las demandas de las provincias
El frente federal también suma demandas. Los gobernadores reclaman obras, mantenimiento vial y fondos previsionales, mientras el Gobierno busca preservar un superávit financiero del Sector Público Nacional de 0,2% del PBI en 2027.
Santa Fe participa de las conversaciones mediante legisladores de Provincias Unidas, entre ellos la titular del bloque, Gisela Scaglia, y mantiene pendientes de resolución las inversiones nacionales en rutas.
El diputado socialista Pablo Farías calificó de «cifras ínfimas en infraestructura» los recursos destinados a la provincia. Según un cálculo de su equipo, Santa Fe quedaría en el puesto 20 entre 24 jurisdicciones en inversión nacional por habitante para obras, con poco más de $ 18.000 frente a un promedio nacional de $ 37.000. Se trata de una estimación parlamentaria sobre los créditos proyectados, no sobre ejecución efectiva.
El Gobierno sostiene que incorporó obras solicitadas por los mandatarios provinciales, aunque todavía no publicó un detalle consolidado que permita identificar cuánto recibirá cada distrito y bajo qué condiciones.
La cuestión de fondo sigue siendo cómo introducir concesiones sin modificar la regla fiscal que ordena el proyecto. Hacienda proyecta para 2027 un crecimiento económico del 4% y una inflación del 18% a diciembre, variables que sustentan sus previsiones de ingresos y gastos.
