La herencia que viene
Tanto empresas como particulares protestan desde hace mucho por el peso de la mochila tributaria, que se incrementó en la última década. La voracidad recaudadora del Estado se diluye en el dispendio del gasto público.
Félix Canale
redaccion@miradorprovincial.com
La presión impositiva sobre particulares y empresas ha tomado en la Argentina una dimensión extravagante, que compromete seriamente cualquier política que en el futuro intente superar la trampa del voluntarismo asistencialista, supuestamente militante y socialmente comprometido, hacia formulaciones racionales que propendan al desarrollo económico.
Ese asistencialismo logró sostenerse merced a los incrementos sucesivos de los gravámenes. Los ingresos tributarios de la Nación y de las provincias aumentaron 12 puntos del Producto Interno Bruto en los últimos 13 años, según demuestra un reciente estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel).
El documento comienza señalando que la economía argentina enfrenta un cambio de gobierno a finales de 2015, luego de varios años de políticas de tinte populista, y en momentos que el país transita por una recesión en un contexto de elevada inflación. Han desaparecido los superávits gemelos que se observaron inmediatamente después de la crisis económica de 2001-2002.
Esto lleva a que las distorsiones e inequidades se han agravado a pesar de que los tres niveles de gobierno contaron con un aumento excepcional de ingresos tributarios que les hubiera permitido reducir o eliminar los impuestos más distorsivos o más inequitativos. En lugar de ello, se optó por aumentar el gasto público en más de lo que aumentaron los ingresos.
Fiel observa que en materia fiscal, cuando se excluyen los aportes del Banco Central y del Fondo de Garantía Solidaria, el déficit nacional se encamina a 7% del PIB. Ese elevado desequilibrio fiscal condiciona el diseño de una reforma tributaria.
Ante el inminente cambio de manos en la conducción del gobierno nacional Fiel propone un mejor diseño del sistema tributario parta resolver algunos problemas.
Entre ellos la baja tasa de inversión que impide tanto el crecimiento de la capacidad industrial instalada como la recuperación de la economía en su conjunto.
De acuerdo al seguimiento de la consultora Ferreres y Asociados en julio pasado la inversión bruta interna fija aumentó 4,4% interanual, pero presenta un notorio estancamiento desde marzo, período a partir del cual retrocedió 0,1 por ciento. Se trata de un nivel muy pobre -dice la consultora – respecto del promedio mundial y explica en gran parte las limitaciones que enfrenta la economía para poder crecer y generar empleos.
Por su parte, Fiel agrega que este freno a la capacidad del sector privado además de impedir la creación de nuevos puestos de trabajo, conlleva a que crezca la tasa de evasión, las informalidad laboral y el empleo público, que aunque digno, no es productivo. Siempre según Fiel, en la actualidad hay más de 3.650.000 personas que trabajan para el Estado. Por su parte, en el Instituto Para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) se estima que uno de cada cuatro asalariados tiene un empleo estatal. Esto lleva a que aproximadamente 25 % de la fuerza laboral depende de los dineros públicos, un porcentaje que en los países vecinos no supera el 14 por ciento.
Algunas correcciones
Todo este círculo vicioso se origina en una trama tributaria, cuyo enredo fue aumentando a medida que el Estado populista requería más dinero para sostener el gasto improductivo.
Fiel, en línea con las recomendaciones académicas, sugiere que a futuro se aumenten las tasas imponibles y se reduzcan las alícuotas. Respecto del IVA, los tratamientos especiales – tasa reducida y exenciones- generan una pérdida de ingresos de casi 1.0% del PIB. Un IVA a tasa uniforme del 19% permitiría obtener la misma recaudación que se obtiene en la actualidad si se eliminaran esos tratamientos preferenciales con un efecto neutro sobre la distribución del ingreso.
El impuesto a las ventas de automotores debería derogarse y ello seguramente aportaría recursos adicionales. La presencia de un impuesto tan elevado ha resultado en una pérdida de transacciones que sólo puede restablecerse con una imposición menos gravosa, que incremente la venta de automotores.
En el mismo sentido, debería eliminarse el impuesto interno a la venta de productos electrónicos de 17% (tasa efectiva 20.4%) que también aumentaría la recaudación hoy “privatizada” en las empresas que producen en Tierra del Fuego. La mayor recaudación sería no inferior a 0.2% del PIB.
También se sugiere eliminar varios impuestos de bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica
Las modificaciones al régimen de Tierra del Fuego realizadas en 2007 introdujeron un impuesto a la venta de varios electrodomésticos y algunos productos de informática y celulares. Este impuesto lo pagan quienes fabrican en el resto del país o importan y no quienes producen en la Isla. Esto se suma al beneficio de liberación en el IVA. Ambos beneficios han alentado un proceso de armaduría con bajísimo valor agregado, elevado costo fiscal y sobre costo a los consumidores.
Eliminaciones concretas
En el documento de Fiel se propone eliminar en concreto las siguientes tributaciones.
-El impuesto del 15 por mil a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas.
-El impuesto de 4% a la telefonía celular.
-El impuesto específico por KWh que se destina al Fondo Nacional de Energía Eléctrica y el impuesto de 6 por mil a las tarifas eléctricas destinado a la provincia de Santa Cruz.
-El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados cuya derogación aumentaría la recaudación de IVA porque se pueden tomar como pago a cuenta de este impuesto.
-El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad.
-El impuesto de 1% sobre la telefonía celular destinado al ENARD.
-Los impuestos de 20% a 35% que gravan la compra de divisas y que se computan como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
QUEJAS DESDE EL SECTOR INDUSTRIAL
La presión tributaria fue tema de análisis durante las jornadas de alimentos y bebidas convocadas por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en el mes de agosto. Lo que esta entidad opine tiene su importancia por el hecho de que se trata de un sector que reúne a 37 Cámaras que representan a la industria de la alimentación y bebidas en la República Argentina.
Ese conjunto representa el 5% del PBI, participa del 25% del Valor Agregado Bruto generado por la Industria, genera más de 500.000 puestos de trabajo directo y más 1,5 millones de puestos de trabajo indirectos.
Entre las propuestas presentadas por la entidad figuró la necesidad de volver al ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, así como adecuar la alícuota efectiva a los niveles de la región.
En cuanto al impuesto al cheque, se propone llegar a que gradualmente el mismo se compense 100% con distintos impuestos y seguridad social. Asimismo, el impuesto a la ganancia mínima presunta debería eliminarse. Respecto del impuesto a los ingresos brutos, se debería establecer una alícuota no superior al 1% y beneficios adicionales para pymes. También se reclamó como imprescindible la unificación de regímenes de recaudación de tributos provinciales y municipales.
Entre los conferencistas invitados estuvo el economista Nadín Argarañaz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), quien advirtió que la Argentina tiene actualmente la presión tributaria mas alta de su historia (sin contar la seguridad social), a niveles similares de los países ricos pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Para el economista la presión tributaria provincial aumentó 62% en los últimos diez años, con los mayores incrementos registrados en los impuestos de Ingresos Brutos e impuesto a los sellos.
También señaló que los niveles de carga impositiva son asfixiantes ya que de 100 pesos que paga un consumidor, el 42% va al Estado. Según su análisis, la presión impositiva provincial aumentó porque lo que las provincias no reciben por coparticipación, lo suplen incrementando sus tasas para mantener el nivel de gastos.
Como conclusión Argañaraz dijo que el eje central está en el gasto público. “Mientras no haya cambios al respecto, no va a haber cambios en los impuestos. Cada nivel de gobierno actúa como si el contribuyente fuera exclusivo suyo”.
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